Opinión

Urge remplazo de un mejor filtro jurídico en el Congreso

SUSTANCIA SIN RETÓRICA
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Por: Saúl Lara Espinoza

Ante la enorme pifia del Congreso del Estado puesta en evidencia con la "Ley Mordaza" cometida en contra de los medios de los comunicación, no sólo de Sinaloa sino nacionales y del mundo con la adición concreta del artículo 51 Bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, deja en claro la necesidad de que la soberanía del pueblo local requiere con urgencia el remplazo de su filtro jurídico que, además de la ignorancia revelada con este simple hecho legislativo, por quien hasta hoy es su titular, nos consta, de que ni siquiera tiene la finura de respetar a los que sí conocen de la ciencia del derecho, puesto que a partir de serios prejuicios manifiestos de la titular del área, con supuestos estudios jurídicos que, prima facie apantallan a los que ignoran totalmente de la temática.

Además, hemos observado muy de cerca, y ello también nos consta personalmente, nadie nos lo ha contado, de la enorme prepotencia y de un comportamiento cerrado y totalmente imprudente de quien ocupa actualmente el timón de la citada área jurídica.

Lo grave del caso es que lejos de cuidar a la institución como es el Congreso del Estado, con esa enorme pifia revelada concretamente a partir de la adición hecha al mencionado artículo 51 Bis del citado ordenamiento jurídico, dicho error repercutió, innecesariamente en contra de los cuarenta diputados locales, y del propio gobernador constitucional de Sinaloa Mario López Valdez que, sin desearlo nadie, ni los propios legisladores, mucho menos el titular del Ejecutivo local, los pusieron ante los reflectores del mundo como intolerantes e irrespetuosos de la libertad de expresión y de la transparencia en materia del fenómeno de la criminalidad, disciplina que por cierto, no debe confundirse con los hechos particulares en el tratamiento criminalístico de cada delito e impedir el ejercicio libre de los medios de comunicación para mantener informada a la sociedad de su diario acontecer.

En otras palabras, la criminalidad como fenómeno social, es estudiada de forma especializada por la ciencia de la criminología. En cambio, los hechos delictuosos concretos son examinados por la criminalística de campo para su esclarecimiento, como una de las disciplinas auxiliares de la materia penal.

Dicha disciplina auxiliar, es útil, entre otras cosas, para proteger o preservar el lugar de los hechos criminales y las evidencias dejadas en ellos, con cuyo acordonamiento adecuado es suficiente para garantizar su protección que, sabemos claramente, es un asunto toral para la investigación de los delitos. Aunque con mucha frecuencia, quienes contaminan dicho lugar de los hechos son los propios policías auxiliares del Ministerio Público, no los periodistas, quienes fuera de la cinta protectora del lugar de los hechos criminales pueden realizar fácilmente su trabajo profesional con toda la libertad del mundo, sin que nadie se los impida, y menos con violencia y prepotencia.

En cuanto a la protección del lugar, ya existen desde hace muchísimos años leyes procesales que ya lo tenían y aún lo tienen establecido, por lo que si se quiere justificar el famoso artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia por ese camino, observamos que no es ningún argumento jurídico válido. Lo mejor que debe hacer el Congreso local son dos medidas urgentes; 1ª. Cambiar de filtro jurídico de inmediato; y, 2ª. Derogar el citado artículo 51 Bis. Ambas cosas son urgentes, por las razones esenciales y hechos antes expuestos de manera sintética que, si desean mayores argumentos pueden acudir a mis libros o múltiples ensayos que he escrito sobre las materias que rodean este asunto, particularmente sobre la libertad de expresión, incluidos sobre argumentación e interpretación jurídica, así como de técnica legislativa práctica.

slarae@hotmail.com