Opinión

Urge verdadera justicia

Por: Jorge Luis Lozano

No es a la síndica procuradora a quien le corresponde deslindar responsabilidades jurídicas y penales en el caso del tiburonario y su colapso apenas un mes después de su inauguración.

Es la Fiscalía General de Justicia en el Estado la que debe de fincar responsabilidades administrativas o jurídicas por el posible daño intencional al acrílico que se rompió, y a las cuentas públicas por las omisiones y los errores en su construcción.

En ello son más los involucrados que ya empezaron a rendir cuentas, desde el exalcalde Jorge Abel López Sánchez, hoy delegado estatal de la Semarnat (quien inició la obra), hasta el actual presidente municipal, Fernando Pucheta Sánchez, cuyo equipo de gobierno se encargaba de la administración del tiburonario cuando colapsó.

Pero no hay quién deba rendir más cuentas sobre el caso que el actual presidente local de la Canaco, Omar Osuna Osuna, responsable de al menos cuatro de las cinco etapas en las que se edificó el proyecto.

Fue él quien concretó la cimentación e hizo la instalación de los acrílicos.

Sin embargo, no se le ha mencionado en absoluto en esta investigación hecha por la síndica procuradora Loúrdes Sarabia y que derivó en la supuesta inhabilitación de los exalcaldes panistas para ocupar cualquier cargo público en los próximos cinco años.

Urge, pues, que se dé un reporte en el avance de la investigación para dar certidumbre a los mazatlecos de que, después del fraude del tiburonario, le den además un manejo político.

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