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Ya hacía falta un debate serio

POLITEIA

Ninguno de los temas que pueblan nuestra agenda pública había causado tanto interés y llamado la atención de amplios grupos sociales, partidos, asociaciones gremiales, organizaciones empresariales y ámbitos de gobierno, como el de la eventual transferencia de la atribución del cobro del impuesto predial urbano del gobierno local, i.e., municipal, al gobierno estatal, es decir, la unidad subnacional de gobierno.

La extensión y el nivel que ha alcanzado el debate en tan sólo unos cuantos días, advierte la relevancia del tema pero, sobre todo, la capacidad de los agentes sociales para abordar con rigor y seriedad, quiero decir sin excesivo ruido retórico, un asunto que a todos nos compete por formar parte de una sociedad democrática, y que en nuestra condición de ciudadanos nos empeñamos en fortalecer un esquema federalista y unas relaciones intergubernamentales fincadas en un modelo de autoridad compartida.

Es un tema que, por otra parte, he abordado en otras colaboraciones, más que con un ánimo polémico –aunque no se excluye-, con la intención de ayudar a entender las tensiones y conflictos que derivan de un modelo de autoridad superpuesta, como es el que se supone impera en sociedades democráticas como la nuestra, y que está obligado a gestionar las interdependencias entre distintos niveles de gobierno.

Hay consenso amplio de que en México tenemos un federalismo centralizado, lo que es una contradictio in terminis. Pese a importantes esfuerzos de descentralización realizados en los últimos cinco lustros, lo que ha terminado por reproducirse a escala ampliada es una (re)concentración de atribuciones y potestades en los niveles superiores de gobierno, en detrimento de los gobiernos locales. Diría que tal es el sustrato del animado debate que hoy se está produciendo en la sociedad sinaloense.

La recaudación del predial es una atribución constitucional de los gobiernos locales. Lo real es que, por angas o mangas, estos no han cumplido con su responsabilidad, y ello se advierte en la baja eficacia recaudatoria, explicable en gran medida por una red de complicidades circulares entre poderosos "contribuyentes" y autoridades municipales, lo que contribuye a esa percepción de penuria económica permanente que impide atender la creciente demanda de provisión de bienes y servicios de calidad.

¿Se resuelve este problema mediante la transferencia de la responsabilidad del cobro a las autoridades estatales? Es un asunto sobre el que difícilmente puede haber consenso. Y ahí encontramos las posiciones más disímbolas: desde alcaldes desesperados de que el gobierno estatal se encargue del cobro, hasta diputados que apuntan a una violación de la autonomía municipal y profundización de una relación de subordinación y dependencia.

Por supuesto que entre las posiciones extremas hay muchos matices, y tal vez ahí se encuentre la mejor respuesta. Es cierto que necesitamos mejorar el esquema federalista, desplegar un nuevo modelo de relaciones y de gestión intergubernamental fincado en el principio de la interdependencia, que fortalezca la legitimidad que a cada uno de ellos corresponde. Si avanzamos en esa perspectiva, no hay duda de que estaremos ante un salto cualitativo en nuestra vida asociada.