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Opinión

Derecho, proceso y verdad

Por: Enrique Inzunza Cázarez

Derecho, proceso y verdad. Foto ilustrativa: Pxhere

Derecho, proceso y verdad. Foto ilustrativa: Pxhere

El tema de la verdad es uno de los más esenciales y complejos. En torno suyo se han escrito bibliotecas enteras y la cuestión parece estar destinada a permanecer abierta a la perenne especulación teórica y filosófica. Se trata de un asunto trascendental que atraviesa todas las disciplinas y, por supuesto, al derecho.

Una de las mentes más agudas de todos los tiempos, el filósofo Thomas Hobbes, afirmaba que “auctoritas, no veritas facit legem”. Es la autoridad, no la verdad, lo que hace el derecho. Con ello reivindicaba para el legislador (el soberano) la potestad exclusiva de establecer el contenido de la legislación, que no mana de lo alto ni obedece a una voluntad supraterrenal y tampoco depende de la opinión de personas particulares, por muy sabias que sean.

En su famosa polémica con sir Edward Coke, quien reclamaba para los expertos juristas la facultad de interpretar el derecho y dictar la justicia, Hobbes ponía en este punto las cosas en su sitio señalando que “la autoridad de los escritores, sin la autoridad del Estado, no convierte sus opiniones en ley, pormuy veraces que sean”. Pero si las leyes y códigos en tanto que producto artificial y convencional del legislador, carecen de verdad, en el proceso penal rige lamáxima contraria: “Veritas, non auctoritas facit iudicium”. Es la verdad, no la autoridad, lo que hace al juicio.

No basta que la sentencia provenga de un tribunal competente investido de jurisdicción; el fallo, para ser justo, debe sustentarse en la veracidad de los hechos probados. Pero si bien es cierto el proceso penal exige la verdad como requisito de legitimidad, no la exige a cualquier a precio. Esta idea se halla en la base del desarrollo y evolución de la justicia penal, que ha girado en torno a precaver que en la consecución de ese propósito no se atente contra la dignidad y los derechos de las personas ni que se les haga objeto de abusos y maltratos. Precisamente porque no todo vale, los códigos de procedimientos penales tienen como propósito establecer, en consonancia con el programa de derechos previsto en la Constitución, el marco de reglas para averiguar la inocencia o la culpabilidad de un encausado y establecerla legalmente. Tal y como nos recuerda el jurista italiano Luigi Ferrajoli (Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 2007, p. 544), a quien conviene citar extensamente: “No puede castigarse a un ciudadano sólo porque ello responda al interés o a la voluntad de la mayoría. Ninguna mayoría, por más aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de un inocente o subsanar un error cometido en perjuicio de un solo ciudadano. Y ningún consenso político –del parlamento, la prensa, los partidos o la opinión pública– puede suplantar la falta de prueba de una hipótesis acusatoria…. ni la voluntad o el interés general ni ningún otro principio de autoridad pueden hacer verdadero lo falso, o viceversa”.

Nunca está de más recordar que el respeto al debido proceso debe afirmarse, aun con mayor fuerza, cuando situaciones de crisis, coyunturales o no, pongan a prueba su resistencia. Así funciona la Constitución, igual que el mástil al que Ulises se hizo atar para no sucumbir al canto de las sirenas en el poema de Homero.

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