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Opinión

El control social de la justicia

Por: Enrique Inzunza Cázarez

El control social de la justicia. Foto ilustrativa: pdphotos_pixabay

El control social de la justicia. Foto ilustrativa: pdphotos_pixabay

Es ya un tópico señalar que el sistema de justicia de nuestro país actualmente enfrenta un problema de credibilidad. Lugar común, pero también una opinión cierta.

El estado de la cuestión obedece a muchas y variadas causas, pero si nome equivoco hay una que puede reputarse como fuente de esa mala percepción: la escasa transparencia con que se realizan los juicios y se dictan las sentencias. Tampoco resulta ajena a ese malestar la forma en que las noticias que atañen a seguridad y justicia son tratadas por los medios masivos de comunicación, como bien lo ponen de manifiesto los reputados periodistas y académicos Marco Lara Klahr y Francesc Barata en un agudo e interesante estudio (Nota Roja. La vibrante historia de un género y una nueva manera de informar, Debate, 2009).

En cualquier caso, ambas circunstancias se hallan estrechamente relacionadas y tienen un origen común: la opacidad en que se ejerce el acto del juzgar.

En las democracias no puede haber ejercicio de poder que escape al escrutinio público. La publicidad de las actuaciones procesales es una conquista ilustrada frente a la justicia de gabinete del Ancien Régime. No le faltaba razón a Jeremías Bentham, el destacado filósofo y reformista inglés del siglo 18, cuando escribía entonces que el secreto es el enemigo más temible de la justicia y de la inocencia. Lo es, también, por cierto, de la confianza. La experiencia enseña que ahí donde el poder no se hace visible al ciudadano, se incrementa la posibilidad de que se cobije el abuso y la arbitrariedad.

La mayor virtud del modelo de justicia acusatorio y oral que ha sido instituido por la reforma constitucional de junio de 2008 es que dará mucha mayor visibilidad al ejercicio del poder punitivo a la que permite el diseño vigente. Abolir los arcanos que hoy son las sentencias permitirá su crítica y restituirá el vínculo extraviado con la ciudadanía. El control de la actividad judicial no sólo debe realizarse a través del sistema de medios y recursos de impugnación de las resoluciones previstos en las leyes procesales, que permiten revisar ante una instancia superior las determinaciones tomadas por los jueces de primer conocimiento. Este, en todo caso, es sólo una consecuencia inherente al derecho de debido proceso, que según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia (Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica), debe garantizar “un examen integral de la decisión recurrida”. Junto a ese mecanismo intraprocesal resulta de toral importancia crear las condiciones para un control difuso externo al proceso mismo y a las partes; me refiero al control que deriva de la crítica social de las decisiones.

La misma Corte Interamericana (Caso Palamara Iribarne contra Chile), ha sostenido que “la publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y el público y se relaciona con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen. Además, es un medio por el cual se fomenta la confianza en los tribunales”

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