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Opinión

La claridad de leyes

Por: Enrique Inzunza Cázarez

La claridad de leyes. Foto ilustrativa: pdpics_pixabay

La claridad de leyes. Foto ilustrativa: pdpics_pixabay

Desde los más antiguos legisladores se ha advertido la preocupación porque las leyes sean formuladas para el entendimiento de quienes están obligados a cumplirlas. Súbditos o ciudadanos, de entonces a hoy, sigue siendo necesario que las normas sean comprensibles para sus destinatarios como condición lógica para ser acatadas.

El pensamiento de la Ilustración llegó a preconizar el minimalismo legislativo para proteger la libertad del riesgo que suponía la interpretación de la ley en manos de los jueces. En ese sentido, Rousseau en los Fragments politiques afirmaba que “un Estado que tenga más leyes de las que los ciudadanos puedan recordar, es un Estado mal ordenado; y el hombre que no conozca de memoria las leyes de su país, es un mal ciudadano”.

Es dudoso que aun en la Francia del Siglo de las Luces las leyes fueran, como las querían los filósofos ilustrados, “pocas, simples y claras”, y más todavía que los ciudadanos las supieran de memoria. En nuestra época, presa como ninguna otra del frenesí legislativo, tal precepto es sencillamente impracticable.

Vivimos una inflación normativa que amenaza con extenderse hasta los reductos más privados. Las leyes y las normas que expresan se multiplican casi de forma exponencial y ni siquiera el más avezado jurista está en posibilidad de dar noticia cierta de su cantidad o de su vigencia. Este fenómeno compromete la calidad de la producción legislativa y menoscaba la función que está llamada a cumplir la ley como vínculo entre el Estado y el ciudadano.

En las democracias la legitimidad de las leyes requiere que su proceso de formación sea abierto y plural, y no el decantado de decisiones elitarias. Y junto a ello demanda un trabajo técnico de redacción y hechura. Leyes vagas e imprecisas, contradictorias o redundantes generan incertidumbre y no permiten a los ciudadanos discernir con seguridad qué conductas están ordenadas o cuáles prohibidas bajo sanción.

La ley oscura hace inasequible el estado de derecho y es en sí misma una fuente de arbitrariedad. El rigor y la racionalidad lingüística de las leyes no son una cuestión de puro interés gramatical ni de prurito estético, sino una instancia de civilidad jurídica y política. No son seguramente pocos los males que para la República traeuna extendida falta de aprecio por la palabra: de la hablada y de la escrita. No es casual que un jurista tan atento como Gustavo Zagrebelsky haya incluido dentro de las exigencias de un ethos democrático “el cuidado de las palabras”, ni resulta inusitado el diagnóstico que en Italia hace Michele Ainis al afirmar que la baja calidad legislativa “ha colocado en crisis la relación entre las instituciones y los ciudadanos alimentando un sentimiento de desafección y de rechazo hacia todo lo que es público”. La claridad de las leyes genera conciencia jurídica y entroniza el valor de la certeza como principio básico del ordenamiento. Nada más, nada menos.

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