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Opinión

La CoIDH y el control de convencionalidad

Por: Enrique Inzunza Cázarez

Foto Justicia de la Nación.org

Foto Justicia de la Nación.org

La semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) realizó su 48º periodo extraordinario de sesiones instalada en México. La CoIDH es el órgano judicial establecido por la Organización de Estados Americanos para salvaguardar los derechos humanos en los países del continente y hacer cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”.

La presencia de los jueces interamericanos en nuestro país se inscribe en un momento especialmente significativo por la amplia resonancia que sus resoluciones han logrado en nuestro medio, especialmente en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, aun cuando las decisiones —sentencias u opiniones— de la Corte Interamericana poseen el alto valor que les otorga el derecho internacional en el que se sustentan, adquieren su mayor fuerza cuando orientan, a partir de la interpretación de las normas internacionales, tanto la formulación de disposiciones internas, como el rumbo de la jurisprudencia nacional y las prácticas y programas de los gobiernos.

Esa impronta empieza a ser claramente perceptible en nuestro país y se hamaximizado en virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, que ha incorporado explícitamente lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan “principio pro homine” o “principio pro persona”, es decir, un mandato para acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva y favorable de esa norma, cuando se trata de la tutela de derechos humanos.

A raíz de la sentencia emitida por la CoIDH en el caso Radilla Pacheco contra México (un asunto de desaparición forzada de personas, acontecido en los años 70 en el Estado de Guerrero) se estableció la obligación de todos los jueces nacionales de ejercer oficiosamente un control de convencionalidad sobre el derecho interno. ¿Qué significado tiene esto? Uno mayúsculo y paradigmático. Trato de explicarme.

Quizá simplificando demasiado, podríamos decir que hasta hace poco la práctica judicial prevaleciente en las judicaturas locales de nuestro país era resolver los juicios y controversias aplicando las normas de las leyes y códigos, sin valorar ni ponderar su contenido en función de su compatibilidad con los derechos humanos. Pues bien, la obligación de ejercer el control de convencionalidad exige de los juzgadores desempeñar un rol más activo y crítico para impartir justicia desde la visión de los derechos.

Ello entraña la necesidad de realizar una nueva lectura y comprensión de las leyes, para efecto de extraer de ellas las interpretaciones que mayormente abonen a la justicia y al respeto a los derechos humanos. Llegado el caso, de observarse incompatibilidad insalvable entre lo dispuesto por una norma legal y un derecho prevenido en la Convención Americana, el juzgador deberá abstenerse de aplicar la ley nacional y acoger de forma directa la norma convencional y su interpretación por la CoIDH. Si esto es así, el trabajo de los jueces cobra una nueva dimensión y demanda un desempeño más esforzado y profesional, en el que no queda espacio para las actitudes inerciales ni rutinarias.

Los jueces de esta hora deben tener claro que juegan un papel fundamental como edificadores del sentido constitucional de las normas, y que a través de sus resoluciones es posible poner en la vida de los ciudadanos los principios básicos de dignidad y humanidad que dan sustentación al orden jurídico. En palabras del juristamexicano Sergio García Ramírez, antiguo juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “En los tribunales se cifra la esperanza de que los derechos fundamentales pasen de las solemnes declaraciones al torrente de la vida cotidiana. Esa es la misión del juez y la función de la sentencia. Y eso aguarda, confiadamente, quien demanda justicia”. Nada menos. Tengan salud.

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