Ahora puedes personalizar la edición que más se ajusta a tus preferencias.

Nuevo
Opinión

Los jueces, los derechos y la democracia

Por: Enrique Inzunza Cázarez

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 10 de junio de 2011, ha inaugurado una nueva época de la jurisprudencia de nuestro país. El texto modificado del artículo 1º de nuestra Ley Fundamental establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En párrafo seguido, se incorpora de forma explícita lo que la doctrina denomina el “principio pro persona” (a favor de la persona), el cual entraña una directriz de interpretación que privilegia el sentido de mayor protección de los derechos. Esta cláusula obliga a una nueva comprensión de las leyes y a superar muchos criterios hasta ahora prevalecientes en las distintas ramas jurídicas. Hasta antes de la reforma, los jueces de nuestro país venían dirimiendo las controversias desde una perspectiva que podríamos calificar de limitada y conservadora, en la que bastaba aplicar las reglas previstas en los códigos y leyes secundarias.

En esta forma de impartir justicia resultaba poco común el considerar para la resolución de los casos litigiosos el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y menos todavía atender los criterios emanados de las cortes internacionales de la materia y de los comités de la Organización de las Naciones Unidas. Por otra parte, tampoco los abogados y partes litigantes solían hacer planteamientos fundados en el derecho internacional de los derechos humanos. Predominaba el paradigma legalista. Hay momentos en la vida de las naciones en los que unos u otros actores cobran especial relevancia merced a distintas circunstancias históricas.

Después de la época de los absolutismos europeos, como reacción al personalismo despótico de los reyes, la Ilustración reivindicó el principio de absoluta primacía de la ley; con ello, se inició una época en la que las asambleas y parlamentos adquirieron el papel protagónico. Ante la terrible degradación de la política que oscureció la primera mitad del siglo veinte, las constituciones de la segunda posguerra incorporaron derechos, principios y valores como sustento y base de la legitimidad del Estado y sus instituciones, y a la par, establecieron medios y garantías para que los tribunales constitucionales fungieran como garantes de los derechos de las minorías. Inició la época de los jueces, si bien estas facultades sólo las ejercían los integrantes de los órganos supremos.

Como consecuencia de reforma de junio de 2011, hoy todos los jueces de nuestro país –federales y locales- son jueces de derechos, con facultades para ejercer control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de las leyes expedidas por los congresos, y evaluar la procedencia de su aplicabilidad desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos humanos. Esta encomienda los coloca como elementos claves para la consolidación de la democracia y como baluarte de los más débiles. En una democracia, los jueces están llamados a ser el poder de los que no tienen poder.

En esta nota: