Ahora puedes personalizar la edición que más se ajusta a tus preferencias.

Nuevo
Opinión

Casos trágicos

Por: Enrique Inzunza Cázarez

Hay casos que deben dirimir los jueces que concentran toda la tensión existente entre la tutela de la colectividad y de las personas individualmente consideradas. En la filosofía del derecho se les conoce como “casos trágicos”, ya que el juzgador debe sacrificar un derecho para proteger otro, ante la imposibilidad de que el caso pueda resolverse con satisfacción de ambos.

El constitucionalista italiano Michele Ainis los ha llamado “la maldición de las democracias”, porque confrontan y dividen. Y parece inevitable que así sea. Durantes las dos semanas anteriores, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de varios juicios de amparo en revisión en los que personas condenadas por diversos delitos, algunos gravísimos y perpetrados en circunstancias que los hacenmayormente execrables, solicitaban la protección de la justicia de laUnión por considerar que sus sentencias de condena eran violatorias de derechos constitucionales.

La razón: que durante el proceso no contaron con la asistencia de un abogado, ya que, por así haberlo solicitado ellos mismos, su representación legal recayó en una “persona de confianza” y sin conocimientos de derecho, en todos los casos familiares de los propios acusados. En votación dividida de seis ministros a favor y cinco en contra, elmáximo tribunal del país determinó que las declaraciones confesorias rendidas por un acusado sin la asesoría de un abogado, es decir de un licenciado en derecho autorizado para ejercer la función de representación jurídica en los juicios, eran ilegales por transgredir el derecho a contar con una defensa adecuada previsto en el artículo 8, párrafo segundo, inciso e) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El meollo de la discusión giró en torno a lo siguiente. La minoría sostenía que las declaraciones de los acusados eran válidas, ya que la designación comodefensor del acusado de una “persona de confianza”, resultaba conforme al artículo 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes de su reforma de junio de 2008, que era la norma vigente almomento del juzgamiento. Por tanto, las confesiones resultaban lícitas e idóneas para integrar prueba de cargo y sustentar la condena.

Por su parte, la postura de la mayoría sostuvo que no obstante lo establecido por el mencionado precepto constitucional, que preveía que a los inculpados se les oyera por medio de persona de su confianza, los jueces que conocieron de los procesos debieron ampliar la protección del acusado y aplicar lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece como parte del debido proceso el derecho a contar con una defensa técnica, indefectiblemente a cargo de un abogado.

Las consecuencias de la decisión de lamayoría es que los tribunales que juzgaron a los acusados deberán pronunciar nuevas sentencias, en las que se excluyan de las pruebas de cargo las confesiones así emitidas. Es probable que hecho que esto sea, no se logre integrar prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia y sustentar fallos de condena, y de ser el caso, se deberá dictar la absolución y liberar a los acusados. Los casos trágicos colocan a los jueces ante situaciones dilemáticas. Ante ellos no basta enarbolar una ética de la pura convicción: fiat iustitia et perea mundus. Es cierto que una corte constitucional debe valorar el impacto que sus resoluciones tendrán en el sistema de derechos. Pero tampoco puede desatender las consecuencias prácticas de sus decisiones que afectan a personas de carne y hueso que sufren la condición de víctimas.

En esta nota:
  • Enrique Inzunza Cázarez
  • Michele Ainis