Ahora puedes personalizar la edición que más se ajusta a tus preferencias.

Nuevo
Opinión

Nueva Ley de Amparo

Por: Enrique Inzunza Cázarez

Nueva Ley de Amparo. Foto ilustrativa: mamaclown_pixabay

Nueva Ley de Amparo. Foto ilustrativa: mamaclown_pixabay

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, la semana pasada, la minuta de decreto que contiene la nueva Ley de Amparo. De conformidad con el procedimiento legislativo regulado en el Artículo 72 de la Constitución General de la República, el documento fue turnado a la Cámara de Senadores, que primeramente hubo conocido de la iniciativa como cámara de origen, ya que la revisora le introdujo modificaciones y adiciones básicamente relacionadas con la improcedencia de la suspensión del acto reclamado cuando se litigue la operación de centros de juegos con apuestas o sorteos, o cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público directo referidos en el Artículo 27 Constitucional.

Se espera que en breve plazo el país cuente con un renovado medio de protección de derechos de los mexicanos. El juicio de amparo es la institución legal de mayor tradición nacional.

Los juristas más preclaros y respetados como Ignacio L. Vallarta, Emilio Rabasa y Héctor Fix-Zamudio, por mencionar algunos de los más sobresalientes, cultivaron esta disciplina que ha dado un lugar a México en el escenario del derecho mundial. Pero de ser en sus orígenes un recurso sencillo y accesible pensado para proteger a los ciudadanos de abusos y actos arbitrarios provenientes del poder público, con los años el amparo se fue convirtiendo en un medio de defensa extremadamente formalista y complicado que únicamente dominan con éxito una élite de abogados.

Si bien la nueva Ley de Amparo sigue conservando en algunas materias reglas técnicas muy estrictas, los cambios introducidos permitirán una mayor garantía y protección de los derechos humanos de todos. Veamos por qué. Por un lado, se establece la procedencia del juicio de amparo para tutelar tanto los derechos establecidos en la Constitución como en los tratados internacionales; por otro, se supera el concepto tradicional que veía sólo en las autoridades investidas del poder público a agentes susceptibles de violar derechos, para incluir también a los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad.

El concepto de interés jurídico deja de ser el título exclusivo para reclamar un acto como violatorio de derechos, para admitirse como bastante el interés legítimo, así como la posibilidad de las acciones colectivas. Esto permitirá a los ciudadanos defenderse de los abusos de grandes corporaciones privadas que ofrecen productos y servicios deficientes y que ejercen un control monopólico del mercado. Con ello se abre también cauce para fortalecer la defensa constitucional de temas de interés comunitario y relacionados con derechos sociales como la salud, la educación y el medio ambiente. Por cierto que tampoco es cosa menor que por disposición de la nueva ley los juicios de la materia puedan promoverse por medios electrónicos. Que las demandas puedan presentarse y seguirse usando la internet dará pie a una profunda transformación en la gestión de la justicia de amparo al tiempo que la hará más accesible. Hace dos siglos Morelos postuló en su ideario un principio de la República: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Es tarea nuestra honrar con nuestros actos y en nuestra circunstancia su pensamiento.

En esta nota:
  • Enrique Inzunza Cázarez
  • Ley
  • Amparo