Policíaca

Abuso de mujeres debe ser juzgado con perspectiva de género en México, afirma colectivo

Juzgar con perspectiva de género los casos de violencia sexual en México es una prioridad para evitar la revictimización y permitir el acceso a la justicia.

Por  Itzé Coronel Salomón

Juzgar con perspectiva de género es una obligación jurídica de todos los jueces en México.(Pixabay)

Juzgar con perspectiva de género es una obligación jurídica de todos los jueces en México. | Pixabay

México.- El interés superior de la niñez y adolescencia como principio rector, así como juzgar con perspectiva de género son obligaciones jurídicas de todos los jueces en México, no es un criterio que quede a interpretación, recalcó la vocera de la colectiva No se Metan con Nuestras Hijas, quien está acompañando el caso de una niña que sufrió violencia sexual por parte de un docente.

La Dra. Priscila Salas explicó en entrevista para Debate que en caso contrario de no atender este tipo de principios se tiene como consecuencia que se revictimice o se niegue el acceso a la justicia o como en este caso específico se les quiten a los agresores delitos que son graves porque no se está privilegiando el interés superior del menor, que en nuestra jurisprudencia indica claramente que está por encima de todos.

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Actuar debidamente al juzgar

Salas resaltó que hay muchos jueces que han quedado desfasados y que se educaron en el antiguo Sistema de Justicia Penal y no entienden que han cambiado las cosas y que ahora existe el principio propersona y al no entenderlo, van a saber poco sobre anteponer los derechos de las víctimas.

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Aclaró que, por supuesto, el imputado también tiene derechos, pero de acuerdo al principio propersona y a la jurisprudencia estos derechos no van por encima de los de la víctima, menos tratándose de una menor de edad y menor de 14 años, por ello afirma que los jueces deberían de juzgar de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género que fue presentado el año pasado por la SCJN, en noviembre del 2020. 

Violencia sexual a menor de edad

A partir de enero, la madre de la víctima contactó a la colectiva No se Metan con Nuestras Hijas para pedir acompañamiento en el caso, puesto que el juez encargado le estaba quitando los cargos más fuertes al presunto agresor.

Salas narró que el proceso dio comienzo en noviembre del año pasado y les platicó la angustia e impotencia que sentía, ya que ella está utilizando las herramientas que provee el Estado con ayuda de su abogada y asesora victimal, la Fiscalía recurrió en las decisiones, sin embargo, la madre de la víctima se sentía muy desamparada porque le parecía que era una grandísima injusticia lo que estaba ocurriendo con el caso de su hija.

A partir de enero es cuando la colectiva comienza a darle acompañamiento a esta familia que, si bien es cierto, ya tenía los otros recursos caminando a iniciativa de No se Metan con Nuestras Hijas, fueron a anteponer la queja administrativa y la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, además de acompañarla a la Sepyc para ver qué elementos le podían dar a ella para integrarlos al caso. 

Víctimas denuncian cuando pueden

En este punto es muy importante subrayar que un principio que es ampliamente conocido por los grupos de apoyo a víctimas es que estas hablan cuando pueden, no en el momento que sucede el abuso, Priscila Salas explicó que en promedio tardan de 10 hasta 20 años en poder hablar de cualquier tipo de violencia sexual que han sufrido, en el caso que acompaña, la menor tardó tres años en poder hablar de su agresión y se considera un periodo corto de tiempo. 

El principal objetivo en este momento es que se vea la necesidad de que se juzgue con perspectiva de género y protegiendo el interés superior de la niñez y la adolescencia, que se visibilice el hecho de que la sociedad concibe al sistema de justicia como un ente unitario, es decir, que no se comprende la separación de la Fiscalía, las policías y la parte de los jueces.

Priscila Salas manifestó que al hacerse la separación quieren hacer el señalamiento de que no es solo la Fiscalía, sino que hay otras entidades que operan jurídicamente y coadyuvan a la liberación de agresores de niñas y adolescentes por desconocimiento de la ley, “si se comienzan a desagregar los elementos de la administración de justicia se podrá exigir a quien le compete que haga lo que tiene que hacer”, afirmó. 

Priscila Salas expresó que aquí quien falló a favor del agresor sexual fue un juez y si los jueces no están capacitados para juzgar con perspectiva de género, se les van a escapar muchos agresores. “Queremos visibilizar que hay varias entidades de administración de justicia y que todos tienen que cumplir con lo que dice la ley, los jueces no pueden dejar de hacerlo porque son criterios obligatorios”, subrayó. 

Por último, mencionó que existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género la cual es una herramienta muy útil donde esta conceptualización de las categorías sospechosas que se suman a ciertos contextos, eso te hace tener una clarificación de los vínculos que pueden existir entre las categorías sociológicas que puedan dar origen a la discriminación, las categorías de identidad, de clase social y que se van interceptando con el género y que pueden dar esa sensibilidad que le falta a las autoridades, concluyó Salas.

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Cifras

En México viven 40.26 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 51.02 % son hombres y el 48.98 % son mujeres.

El Dato

Protocolo

Desde 2013, la SCJN elaboró un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. Una parte de los derechos de la infancia está vinculada con el acceso a la justicia, lo que implica que los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación y las personas que tienen a su cargo impartir justicia son quienes están encargados de garantizar el respeto de estos derechos.

 
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