Política

Abortos en casos de violación son válidos en todo México

Las autoridades estatales de Salud deben cumplir la norma e interrumpir el embarazo por violación 

Por  América Armenta

Abortos en casos de violación son válidos en todo México(Foto ilustrativa EFE)

Abortos en casos de violación son válidos en todo México | Foto ilustrativa EFE

La aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, que señala el derecho a la interrupción del embarazo en caso de violación, es válida en toda la República mexicana, así lo dio a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 5 de agosto del 2019. 

Eran los estados de Baja California y Aguascalientes quienes se mostraron inconformes con lo estipulado en esta norma e interpusieron una controversia constitucional, 53/2016 y 45/2016, respectivamente, para cada entidad,  controversias que fueron desechadas por la SCJN y tendrán que aplicar la norma en ambos estados aunque no la deseaban.

Para las expertas en temas de género, a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha otorgado algunos derechos, las entidades federativas están fallando al aplicar las leyes o normas en las instituciones principalmente de salud, en cierta medida por presiones de los grupos provida o profamilia en cada legislatura. 

La lucha es constante por que se reconozcan y se respeten en todo México los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas.

Ilustración El Debate

Autoridades omisas

Para la titular del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Conzuelo Gutiérrez, es alarmante que en pleno 2019 se siga discutiendo la aplicación de la NOM 046 de abortar en caso de violación, cuando lo aprobó SCJN hace años: «Es preocupante que hay muchas señales desde las entidades federativas regresivas en materia de derechos humanos de las mujeres y en particular en el tema de la interrupción legal del embarazo», comentó la abogada.

A pesar de los avances en derechos de las mujeres de la SCJN, el principal trabajo será con los estados que buscan interponer cualquier recurso para restringir la posibilidad de acceder al aborto en caso de violación.

Gutiérrez destaca la responsabilidad de las instituciones de salud tanto federales, como estatales, que han sido omisas, y las mujeres tienen problemas para interrumpir el embarazo incluso en caso de violación, cuando hay una norma que les permite hacerlo: «Las Secretarías de Salud son unas de las principales violadoras de derechos humanos de las mujeres en este tipo de situaciones», resaltó.

Lucha constante

Aguascalientes, uno de los estados más conservadores de la República mexicana y una de las dos entidades a las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional 45/2016 por estar en contra de la Norma Oficial Mexicana 046, tiene una lucha constante alrededor del aborto, pues hay grupos que buscan proteger la vida desde la concepción.

Dahlia de la Cerda, integrante de la organización civil Morras Help Morras, con sede en Aguascalientes, destaca la labor de los grupos interreligiosos que promovieron la controversia constitucional desde 2016 ante la SCJN para la aplicación de la citada norma: «Nosotras desde un principio sabíamos que eso no iba a pasar, que la controversia iba a ser desechada por la jerarquía de leyes», explica la joven activista, esto en relación con las reformas federales y las Constituciones locales.

Incluso, en el estado hidrocálido la norma se tenía que seguir aplicando por orden federal en espera de la resolución de la SCJN, que a partir del día lunes 5 de agosto favorece a los grupos feministas, que han tenido que luchar en diferentes frentes.

Un caso ocurrió en el mes de marzo, el cual las llevó a ampararse con apoyo de Grupo de Información de Reproducción Elegida AC (GIRE), cuando una menor de edad fue víctima de violación, quiso aplicar esta norma y el Instituto de Salud respondió que  estaba consciente de este derecho, sin embargo los médicos se negaban a realizar el procedimiento por ir en contra de su moral.

Al ganar el amparo, un juez ordenó que se realizara la interrupción del embarazo de la menor, mientras que el instituto reiteró que le resultaba imposible por no tener personal que lo hiciera, hasta que el juez les contestó que no era pregunta, sino una orden directa, por lo que el Instituto de Salud de Aguascalientes tardó 22 días en encontrar un lugar para realizar el procedimiento de interrupción legal del embarazo. 

Estos grupos moralistas también han buscado en diferentes legislaturas que el aborto se siga penalizando. En diciembre pasado no lograron que se reformara la Constitución Política de Aguascalientes  para incluir la vida desde la concepción por tan solo un voto de diferencia, pero siguen haciendo presión para lograrlo.

«Hemos estado luchando contra un Congreso del Estado. Cada que entra una legislatura, es luchar contra legislaturas conservadoras, legislaturas que van en contra de los derechos de las mujeres, y que cada que entra una legislatura lo que quieren hacer es proteger la vida desde la concepción», expuso De la Cerda. 

Ana Elena Contreras Álvarez, integrante de la Red Nacional de Mujeres Feministas, Las del Aquelarre, explica que la norma busca quitar todos los obstáculos para facilitar a las mujeres que fueron violadas el acceso a la interrupción segura del embarazo; además de ser una norma a la par de los más altos estándares internacionales de los derechos reproductivos de mujeres y niñas.

Aplicación de la NOM 046

Contreras coincide con Gutiérrez y De la Cerda al pedir que se homologue al interior de los reglamentos y se dé seguimiento a las entidades federativas para que las instituciones de salud en realidad apliquen esta norma de una manera rápida y expedita a quienes soliciten la interrupción del embarazo, que para ello fue creada. La homologación aplicaría para los centros de salud públicos y para los privados.

«Si llega una niña o una mujer embarazada que diga que fue víctima de violación, se le haga la interrupción del embarazo sin la solicitud de ninguna documentación adicional, sin la autorización de ninguna autoridad para que se realice esa interrupción», enfatiza.

Para la integrante de Las del Aquelarre solo queda esperar que las autoridades cumplan realmente, y cuenta el caso de una niña de Los Cabos de 11 años con 14 semanas de embarazo, violada por su padrastro, quien tuvo que ser trasladada a La Paz a hacer la interrupción, pues se le negó el acceso al aborto, aun cuando era acompañada por su madre.

«Lo que nosotros esperamos es que con este nuevo Gobierno se dé no solamente en el discurso, sino que haya una vigilancia a que todo este tipo de marco jurídico que se está moviendo realmente se implemente, que haya una implementación real y efectiva para evitar que mujeres y niñas sigan siendo violentadas; encima de una agresión sexual, todavía tengan que pasar por un calvario para poder tener el acceso a una interrupción del embarazo», dijo.

Irresponsable manejo de información 

Conzuelo Gutiérrez señaló también el actuar de las instituciones que han dado a conocer información que no deberían y exponen a las mujeres, creando desinformación y linchamiento. En Sinaloa se ha dado en los casos de abandono de algún feto o aborto espontáneo de mujeres.

«Toda esta información que fluye a los medios necesariamente tiene un origen, y el origen es el Estado. Estamos hablando de solo dos instituciones que tienen conocimiento de estos hechos de primera mano, que son la Secretaría de Salud y sus instituciones (hospitales privados y públicos), y la Secretaría de Seguridad Pública la que también tiene conocimiento de primera mano. Quiere decir que cuando llega a los medios esta información, se filtra de cualquiera de estas instituciones irresponsablemente», agrega Gutiérrez.

NOM 046

La Norma Oficial Mexicana 046 no es nueva, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del 2016; sin embargo, las controversias constitucionales que se interpusieron por dos estados en el 2016 se desecharon el día 5 de agosto del 2019, por lo que se volvió a hablar de ella.

Objeción de conciencia

Las activistas piden que las autoridades de Salud no permitan que los médicos recurran a la objeción de conciencia para no realizar abortos, en especial si son casos de niñas violadas y embarazadas. 

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