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Política

Cambio de política ¿cómo combatir al crimen organizado?

Para José Andrés Sumano Rodríguez, experto en políticas públicas por Harvard, los programas sociales, la justicia cívica y la amnistía combaten grandes rezagos en el país, pero no a la delincuencia organizada

Por Lorena Caro

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Sinaloa.- La exigencia de un cambio de estrategia de seguridad al Gobierno federal no radica en una anticipada petición, a tan solo un año de Gobierno, sino en el incremento que ya reflejan estadísticas de algunos delitos, como homicidios y los lamentables hechos ocurridos tanto en Culiacán, como en Ciudad Juárez, así como el asesinato de mujeres y niños en la sierra sonorense.

Así lo consideraron académicos y especialistas en política pública y seguridad entrevistados por EL DEBATE, quienes coincidieron en que erradicar la impunidad puede ser un frente contra la delincuencia organizada, y su efecto generaría certidumbre y confianza en la ciudadanía. 

De forma específica, Fernando Ojesto Martínez Manzur, maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, indicó que ha sido muy positiva la estrategia de prevención del delito, como se ha planteado durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los programas sociales, y algunas propuestas de ley, como la amnistía. Sin embargo, consideró que dichas propuestas pueden funcionar acompañadas del combate al delito: «Estos programas que propone sí es atacar el problema de raíz, que es correcto, pero es a largo plazo, y lo que estamos viendo hoy en día es que estas políticas no van a funcionar de la noche a la mañana, se tiene que seguir la estrategia de combate a la delincuencia», explicó. 

Asimismo, agregó que no se trata de elegir el combate a la delincuencia o los programas sociales, sino que se tiene que ir encaminado a las dos, con una estrategia de inteligencia, de combate a la delincuencia y a la delincuencia organizada. Consideró que es permisible en todos los Gobiernos dar un cambio de rumbo a la estrategia en seguridad, puesto que tanto la seguridad como la economía son factores que miden la eficacia de un Gobierno: «Creo que un Gobierno está para dar resultados inmediatos. Sí hay que seguir midiendo, seguir viendo, pero siguen aumentando los índices de homicidios dolosos, quiere decir que no ha existido un freno, y por lo tanto las estrategias pueden cambiar también rumbos», expuso.

Así luce el lugar del lamentable ataque que recibieron las familias mormonas. Foto: El Debate

Martínez Manzur, quien se ha desempeñado como coordinador de Proyecto en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indicó que se tienen que poner metas a corto y a mediano plazo, y por lo pronto las de corto plazo no estarían siendo eficaces. 

Efecto Estados Unidos

En tanto, Daira Arana Aguilar, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México y experta en temas de seguridad ciudadana, comentó que tanto los hechos de Culiacán, como el caso de la familia LeBarón, pueden afectar seriamente la relación con Estados Unidos, sobre todo en materia comercial, al resultar una condición respecto a la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por el Congreso en Estados Unidos. Puntualizó que puede verse reflejado en la aceptación de catalogar como grupos terroristas a los grupos del crimen organizado en México. 

Lo anterior —indicó— sería un grave error que no ha traído antes resultados en donde se ha llevado a cabo, como en Centroamérica, en donde se ha catalogado a las pandillas como grupos terroristas: «Si bien, por ejemplo, el presidente Trump ha expresado su interés de ayudar a México con la llamada “guerra contra los cárteles de la droga”, también ha expresado que AMLO es un excelente presidente. En cuanto al Congreso de Estados Unidos, ya varios senadores han expresado que la estrategia de “abrazos, no balazos” es un cuento de hadas que no va a funcionar», comentó. 

En este contexto, agregó que el presidente y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tuvieron a mal referir que en seis meses, desde su llegada al Gobierno, se acabaría la violencia y la delincuencia. Mencionó que estas fueron palabras precipitadas que solo mostraron su desconocimiento ante la realidad del país: «El Gobierno federal se ha distraído mucho a lo largo de lo que va de su sexenio, con la conformación de la Guardia Nacional y el desmantelamiento de la Policía Federal y las policías locales. Este tipo de fenómenos de repunte de violencia pueden deberse también a que iniciar desde cero las formas bajo las cuales se conducirá la política pública en materia de seguridad genera falta de coordinación, desinformación y frustración entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia», aseveró. 

Dados estos escenarios, abundó que un año es insuficiente para solucionar los problemas tan serios de violencia e inseguridad que se viven en el país; sin embargo, consideró que ayudaría mucho que el presidente y su gabinete lograran apoyarse de organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales para generar una verdadera estrategia que contemple un verdadero diagnóstico sobre los principales problemas de seguridad a nivel local, estatal y federal, entendiendo sus casos, y con ello generar posibles soluciones.

La experta comentó que probablemente el reto más grande en materia de seguridad para los próximos años de Gobierno es el de lograr una efectiva coordinación y comunicación entre autoridades para evitar contradicciones y escenarios que generen desconfianza entre la ciudadanía.

Además, la también experta en militarismo y uso de la fuerza dijo que la autoridad deberá definir una verdadera estrategia en la materia, exigir y promover la transparencia y la rendición de cuentas efectiva por parte de quienes ejecutan las políticas públicas en seguridad, además de lograr la desmilitarización de la seguridad pública a partir de la reducción de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, así como de las dinámicas de los cuerpos de seguridad encaminadas únicamente al combate de enemigos. «Lograr que las víctimas tengan verdad y justicia y garantías de no repetición; disminuir los índices de impunidad y mejorar el acceso a la justicia; y, desde el Legislativo, por ejemplo, generar marcos jurídicos adecuados que permitan lograr los objetivos planteados».

Crímenes y castigos 

José Andrés Sumano Rodríguez, especialista en análisis de política pública e innovación gubernamental por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, opinó en entrevista para EL DEBATE que el agresivo y violento asesinato de la familia LeBarón es una repuesta más del crimen organizado a una política de seguridad equivocada, en concreto del Gobierno federal. 

En ese panorama, detalló que las propuestas de Andrés Manuel, como los programas sociales, la amnistía y la justicia cívica, sirven para combatir muchos problemas del país, pero en el caso del crimen organizado, el asunto es la impunidad: «Mientras no se vea como un tema de impunidad y que lo que se necesita es que haya certidumbre de que si alguien comete uno de estos actos va a recibir castigo, y que lo va a recibir en un periodo corto de tiempo, no en cinco o diez años, eso es lo que realmente funciona para reducir el tema del crimen organizado», indicó. 

¿Dejar las armas por becas?

José Andrés Sumano Rodríguez, también secretario técnico de la Red Temática de Investigación Conacyt en Adicciones y Seguridad Ciudadana y miembro del Laboratorio de Estudios sobre Violencia en Fronteras, agregó que dicha violencia es efecto también de la creencia equivocada de que el problema del crimen organizado se resuelve a base de programas sociales, y hasta ahora —dijo— no se conoce a un solo sicario que haya dejado de serlo porque le otorgaron una beca del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El experto en temas de seguridad destacó que han existido ya muchos puntos de partida que le indican al presidente que su estrategia no está funcionando. Habló de la Guardia Nacional y mencionó que, por sí sola, no va a resolver los problemas de violencia y delincuencia, y mucho menos si trabajan sin el equipamiento adecuado.

Ante las críticas de mandos militares como el general Carlos Gaytán Ochoa a la estrategia en seguridad del Gobierno federal, el especialista indicó que es peligroso que se genere una ruptura entre el mando civil; es decir, el presidente y el secretario de Seguridad, con la tropa. 

Ante este panorama, vio necesaria la renuncia de Alfonso Durazo, al calificar su estadía en el cargo como insostenible, y destacó la necesidad de que llegue otra persona que se haga cargo y aporte al cambio de estrategia.

Además, planteó que si no se reconoce y se cambia la estrategia, el crimen organizado va a seguir dominando territorios, imponiendo su ley, y delitos como la extorsión y el secuestro podrían aumentar: «Lo que puede ocurrir es que sigamos viviendo los mexicanos en esta situación de inseguridad en la cual ya estamos y que prácticamente es insostenible».

Perfiles

Nombre: Fernando Ojesto Martínez Manzur

Trayectoria: maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciado en Derecho por la UNAM. Becario Fulbright-García Robles. Se ha desempeñado como coordinador de Proyecto en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como en diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como asesor en la Misión Permanente de México ante la ONU. Ha colaborado con instituciones como el Centro de Justicia Transicional, la OEA y ONU Mujeres. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor en materia electoral.

Fernando Ojesto Martínez Manzur. Foto: Cortesía

Nombre: Daira Arana Aguilar

Trayectoria: candidata a maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad Anáhuac Campus Norte y licenciada en Relaciones Internacionales con Mención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Experta en militarización de la seguridad pública, militarismo, uso de la fuerza y seguridad ciudadana. Ha laborado en la asociación civil Causa en Común, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Actualmente, es coordinadora de Proyecto en el Centro Feminista de Investigación Social.

Daira Arana Aguilar Foto: Cortesía

Nombre: José Andrés Sumano Rodríguez

Trayectoria: catedrático Conacyt. Obtuvo su doctorado en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con dos especializaciones en Análisis de Política Pública e Innovación Gubernamental por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Es secretario técnico de la Red Temática de Investigación Conacyt en Adicciones y Seguridad Ciudadana y miembro del Laboratorio de Estudios sobre Violencia en Fronteras.

José Andrés Sumano Rodríguez Foto: Cortesía
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