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Política

Invitan a la entrevista sobre el aborto en México y sus avances jurídicos

La transmisión de la entrevista es a las 10:00 a. m. De este martes 21, a través de nuestras redes sociales de Debate. 

Por Alejandro Witker

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Sinaloa.- Las recientes discusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativas a la interrupción legal del embarazo han abierto un abanico de oportunidades: inconstitucionalidad, despenalización y hasta una posible regulación.

Es por ello que Debate entrevistará a Fernanda Díaz de León Ballesteros, gerente del Programa de Incidencia y Acceso Comunitario en Ipas Centroamérica y México, organización cívica de apoyo en el acompañamiento de mujeres que intentan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en países de la región con leyes restrictivas que criminalizan y la obligan a recurrir a procedimientos inseguros, poniendo en riesgo su vida, su salud y su bienestar. 

La invitada dará cuenta de los avances establecidos por la Corte, su impacto, alcance y panorama próximo para el aborto legal en México.

Siga la transmisión a través de nuestras redes sociales: facebook.com/periodicoeldebate, Twitter: @eldebate y https://www.youtube.com/c/noticiaseldebate. Comienza a las 10:00 horas del Pacífico (11:00 horas de la Ciudad de México).

La criminalización y la concepción de la vida 

El 7 de septiembre se declaró inconstitucional la criminalización total del aborto, pronunciándose “por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales”. 

Dos días después, el 9 de septiembre, invalidó la disposición constitucional de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción y limitaba el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva al considerar “falta de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General”.

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Los límites de la objeción de conciencia 

El día de ayer, la Corte invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que preveía la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería sin establecer las salvaguardas necesarias para garantizar el derecho a la salud, de esta forma el máximo órgano de impartición de justicia en su país fijó la necesidad de establecer “lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud”.

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