Política

Grupo rechaza aborto por violación, aunque es legal

Facilitar el aborto fomenta la irresponsabilidad de los progenitores y del estado, afirma activista provida

Por  María Sánchez

Grupo rechaza aborto por violación, aunque es legal(Ilustración El Debate)

Grupo rechaza aborto por violación, aunque es legal | Ilustración El Debate

Sinaloa.- Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 5 de agosto que determinó la aplicación de la norma 046 a todo el territorio nacional, donde se valida el aborto en casos de violación, el Congreso Nacional Ciudadano, un grupo provida, manifestó su desacuerdo. 

Isidro Ángel Sánchez Ramos, vocero de la célula 3370 de este organismo, fue entrevistado, y afirmó que su desacuerdo es conforme a derecho. También se pidió la opinión de un abogado experto para considerar lo que procede en cuestiones legales ante la polémica. 

Resolución nacional

El pasado 6 de agosto del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciaba el derecho de interrumpir su embarazo a las mujeres víctimas de violación sexual, después de que los estados de Baja California y Aguascalientes se mostraron inconformes con lo estipulado en esta norma e interpusieron una controversia. 

La Corte añadió que la modificación hecha a la Norma NOM 046-SSA2-2005, en la cual se facilita el acceso al aborto legal, es válida, y que para efectos prácticos bastaría con la solicitud por escrito de la víctima para la realización del aborto, sin que los médicos estuvieran obligados a verificar lo dicho por la víctima que solicita la interrupción del embarazo.

Para las menores de 12 años de edad, la especificación es que la solicitud la presente el padre, la madre o una persona que tenga la tutela de la víctima. 

En contra del aborto legal

En un escrito enviado a EL DEBATE, el Congreso Nacional Ciudadano expuso desacuerdo a lo que denominan facilidades de la víctima de violencia sexual para acceder a realizarse un aborto sin comprobar el hecho: «Es una manera burda de fomentar la irresponsabilidad de quienes engendran hijos —expresa el texto—. En lugar de cuidar que se cumplan estas obligaciones, tan indispensables para el desarrollo social, a la par que el Gobierno también evade su responsabilidad de crear las circunstancias favorables para garantizar que sus futuros ciudadanos puedan obtener los satisfactores necesarios para su supervivencia», señala. 

En entrevista, Sánchez Ramos explicó que el estado facilita el aborto como una manera de ahorrarse los recursos que se utilizarían para satisfacer las necesidades de los futuros ciudadanos: «El Estado no quiere cumplir con las obligaciones de preparar todos los medios suficientes, pavimentación, agua potable, más hospitales para futuras generaciones, empleo, y se ahorran ese dinero quién sabe para qué», manifestó. 

También expuso que sus opiniones en contra de la resolución de la Suprema Corte estaban basadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y en las garantías individuales de la Constitución mexicana. 

Punto de vista legal 

Sin embargo, desde la perspectiva del derecho, la resolución ha sido tomada, y deberá aplicarse en todo el territorio nacional, así también para Sinaloa, a pesar de que el Congreso del Estado aprobó en septiembre del 2018 la modificación del artículo 4-Bis A Fracción 1 de la Constitución local para garantizar la vida desde el momento de la concepción; no obstante, no se establecieron penalizaciones en el caso de la interrupción del embarazo, según comentó para EL DEBATE el especialista en derecho constitucional Juan Bautista Lizárraga Motta, quien también añadió que, a pesar de que la Constitución estatal contemple la protección a la vida desde la concepción, se deben acatar en el estado las consideraciones de la Constitución mexicana respecto a la Norma 046, ya que por jerarquía de importancia, las leyes estatales deberán adecuarse a la Constitución nacional y a las normas federales. 

Respecto a la legalidad del aborto, Lizárraga comentó que desde siempre el Código Penal del Estado de Sinaloa menciona que el aborto es un delito, pero está permitido en cierto casos: «Está permitido cuando es violación, cuando el feto viene mal, que viene enfermo o viene deforme y no va a vivir, y en caso de que el embarazo ponga en peligro de muerte a la madre», dijo. 

Según la Segob, la norma 046 no solo se refiere a la interrupción del embarazo, sino que también promueve la atención inmediata e institucionalizada en casos de violencia de género. El reglamento también especifica los criterios de atención en casos de violencia familiar y sexual contra las mujeres , especificando que los casos de violencia sexual son urgencias médicas y requieren de inmediata atención, dando las pautas para ella.

¿Qué establece la Norma 046?

Establece que las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deben ofrecer de inmediato, y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrida una violación, la anticoncepción de emergencia, dando previamente la información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la mujer tome una decisión libre e informada.

En caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a la víctima que lo solicite.