Política

La corrupción no se combate de dientes para afuera: Francisco Rivas

El especialista en cultura de la legalidad ve un riesgoso empoderamiento del Ejército, incluso lo considera una estrategia de López Obrador para afianzar su Gobierno

Por  Francisco Castro

De gira por Badiraguato, el pasado 29 de marzo, el presidente de México saludó a la mamá de Joaquín «Chapo» Guzmán.(Foto: Captura de video.)

De gira por Badiraguato, el pasado 29 de marzo, el presidente de México saludó a la mamá de Joaquín «Chapo» Guzmán. | Foto: Captura de video.

México.- A un año y siete meses de transcurrido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que la violencia no para, a pesar de la pandemia por el COVID-19, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas Rodríguez, emitió algunas afirmaciones que para él son clave en lo que denomina ausencia de estrategia: «Parten de un error en el diagnóstico. Tienen la falsa creencia que la no confrontación con grupos criminales hará que no generen violencia, y venden la idea de que los programas sociales y el supuesto combate a la corrupción son estratégicos». 

El especialista en cultura de la legalidad analizó uno a uno cada aspecto, no sin antes recordar que de enero a mayo de este año han perdido la vida al menos 15 mil 011 personas en algún hecho delictivo en México, lo que representa un aumento del 2.96 por ciento respecto al mismo periodo del 2019.

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También hace referencia al poder presupuestal y operativo que Andrés Manuel López Obrador ha concedido particularmente a las Fuerzas Armadas, lo cual advierte como «un intento por afianzar su poder ante el temor paranoico de un posible golpe de Estado en su contra», y sostiene que, aunque debería haber consecuencias legales para López Obrador por haber reconocido que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán durante el operativo fallido el año pasado en Culiacán, el control que ejerce en las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como el miedo que le tienen legisladores y gobernadores, le garantizan impunidad.

Parte del error

Para Francisco Rivas, el error en el diagnóstico del presidente parte de una criminalización del bienestar económico y al mismo tiempo de la pobreza, al afirmar el mandatario que el modelo neoliberal ha impulsado la pobreza en muchos y la riqueza en unos cuantos.

Francisco Rivas
Cargo: director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
Trayectoria: consultor para México del National Strategy Information Center; doctor en Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de California en Los Ángeles. Cuenta con una especialidad en cultura de la legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México.
Foto: Cortesía

Recordó que en los años del neoliberalismo la mayor parte de las personas que estaban en pobreza extrema salieron de ella, y mucha gente que estaba en la pobreza se movió a la pobreza intermedia, y luego a la clase media: «Tampoco se puede sustentar que el modelo económico neoliberal impulse la delincuencia organizada. De hecho, la mayor parte de los países que tienen un modelo neoliberal son los países más pacíficos del mundo. Y si partimos de ese diagnóstico, empezamos mal».

¿Y el combate a la corrupción?

Sobre la afirmación presidencial de que la no confrontación con los criminales no les daría motivos para seguir ejerciendo violencia, la consideró una percepción errónea, pues la violencia se ejecuta por muchos motivos, no solo por confrontación con el Estado, sino también motivos que tienen que ver con el mantenimiento del control territorial: «El Estado no es que, si quiere o no quiere, puede atacar a la delincuencia organizada o a los delitos. El Estado mexicano está obligado a atacar cualquier forma de ilegalidad porque es parte de su función», señaló. 

Sobre el combate a la corrupción, el consultor para México del National Strategy Information Center afirma que particularmente la corrupción ministerial o policial se combate de manera muy específica, con unidades de asuntos internos independientes, con investigaciones, y no hay ninguna evidencia de que esto esté pasando en nuestro país.

Subrayó que cuando López Obrador criticó una y otra vez a la Policía Federal, en el paso de estos agentes a la Guardia Nacional no hubo un ejercicio de limpia de nada ni existe evidencia de que los policías que eran corruptos antes fueran sancionados y dejaran de ser corruptos ahora: «La corrupción no se combate de los dientes para afuera, se requieren específicamente acciones».

Respecto a los programas sociales del Gobierno federal, afirma que estos no son programas destinados a poblaciones en situación de riesgo en localidades en situación de riesgo: «Nosotros corrimos a finales del año pasado un modelo que nos permitió ver que las áreas donde hay más jóvenes en conflicto con la ley no son las que están recibiendo los mayores apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo hablé con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, y se lo comenté, también le dije que hay forma de darle un sesgo de prevención a este programa. Me parece excelente que tengamos programas que buscan mitigar la desigualdad y que buscan apoyar a estos jóvenes, pero la verdad es que, así como están, no van a funcionar. La verdad es que quienes se acercan a pedir las becas no son quienes están en condiciones más críticas».

El caso Ovidio

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano lamentó que no exista una estrategia clara sobre si la delincuencia organizada se combate o no se combate, al tiempo que hizo referencia al operativo del fin de semana en Celaya, como en su momento el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, a quien el presidente López Obrador ordenó liberar.

Afirmó que el reconocimiento por parte de López Obrador de haber ordenado la liberación de Ovidio debiera tener una implicación legal, porque hay artículos en la ley que específicamente dicen que ningún funcionario público de ningún nivel puede favorecer la liberación ilegal de un delincuente, en este caso el artículo 150 del Código Penal Federal, el cual establece que se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. «El tema debería ser investigado, y para eso está el Senado, pero el tema de base es que el control que tiene Morena de las Cámaras y el temor que le tienen los legisladores y los gobernadores al presidente hace que esto quede en absoluta impunidad», lamentó.

Reiteró que el caso Ovidio es de una gravedad absoluta, porque, entre otras cosas, ha favorecido a un grupo criminal en particular, que es el Cártel de Sinaloa, dijo. «Si volteamos a ver, el presidente solo ha dado apoyos al Cártel de Sinaloa.

Si, efectivamente, el presidente considerara que los delincuentes son muy buenas personas, entonces ¿por qué detienen a la mamá del Marro, mientras se saluda con la mamá del Chapo y la ayuda a gestionar una visa humanitaria?», declaró.

Poder absoluto al Ejército

Rivas Rodríguez sostuvo que la militarización de la seguridad se ha venido impulsando desde el sexenio de Salinas, y se incrementó con Calderón, pero afirmó que esta Administración abandonó la vía civil por completo para militarizarla en su totalidad. Y puso como ejemplo a la Guardia Nacional, cuyo control sigue supeditado al Ejército, una institución que se manda sola: «El problema no es menor, tomando en cuenta que el Ejército ha sido y es la institución menos transparente en el país».

Sobre el poder presupuestal, operativo y como ejecutor de obras que este Gobierno le ha otorgado al Ejército, Francisco Rivas dice ver a un presidente que está afianzando su poder a través de las Fuerzas Armadas: «Creo que lo que está haciendo el presidente es curándose en salud para que no vaya a haber un posible golpe de Estado en su contra. Él tiene una serie de ideas paranoicas alrededor de su proyecto de seguridad al que cree que todo mundo está atacando».

Al diablo las instituciones

Finalmente, señaló que el presidente está mandando al diablo las instituciones sin ofrecer alternativas a cambio: «Crea una Guardia Nacional, pero su presupuesto no llega ni al que tenía la Policía Federal. Y la Marina, que en dos sexenios brilló por sus operativos, está ausente».

Lamentó que este Gobierno haya ahorcado presupuestalmente a varias instituciones, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la cual dejó sin un peso hasta para la luz; el nombramiento en la titularidad de la CNDH de alguien que no cumplía con el perfil y que no ha hecho nada; la extinción de la Policía Federal y un trato infame a los agentes, además de una Fiscalía General y un Secretariado Ejecutivo sin recursos. «Creo que en el caso específico de Seguridad, sí hay un desprecio a las instituciones», insistió.

Datos

  • Sin dinero: Esta Administración federal dejó sin dinero al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
  • Sin apoyo: Antes, el Secretariado Ejecutivo decidía el apoyo a los estados en temas de seguridad, pero se ha quedado sin esa posibilidad.
  • A discreción: Hoy solo se da dinero para Seguridad a los estados que apoyan al presidente, y se sanciona a los que no, afirma Francisco Rivas.

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