Política

Lucila Ayala y Héctor Torres, disputa legal por magistratura

Congreso deja sin efecto el nombramiento de Torres Ulloa como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa

Por  Estefanía López Corral

Lucila Ayala y Héctor Samuel Torres(Foto: El Debate)

Lucila Ayala y Héctor Samuel Torres | Foto: El Debate

Culiacán, Sinaloa.- Tras la aprobación del dictamen sobre la reinstalación de Lucila Ayala como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, tanto ella como Héctor Samuel Torres tienen opiniones encontradas respecto a la desición de los diputados. 

Restitución: “Claro que sí temo por mi vida”

Lucila Ayala de Moreschi dijo temer por su vida, por lo que mandó una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde le expone que el gobernador Quirino Ordaz Coppel, sin tener facultades, escogió a magistrados, proceso que ahora queda sin efecto, y acusó violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado por faltas graves, así como penales: “Temo por mi vida, porque tuve que accionar órganos competentes y provocó consecuencias jurídicas graves”, detalló. 

En el escrito hace responsable de lo que le suceda a ella o a su familia a Ordaz Coppel y al secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, así como a los magistrados que salgan perjudicados. 

Indicó que fue muy grave que Quirino Ordaz Coppel haya usurpado facultades de la Sala Superior, aunque él diga que no ha violado la ley. Además, sostuvo que, pese a que el gobernador dice una cosa, hace otra, ya que el jueves al mediodía dijo que sería respetuoso de que se aplicara la ley, y los diputados del PRI hicieron de todo en el Congreso con el fin de retrasar o reventar la sesión porque se estaba viendo su caso. 

Ayala de Moreschi se dijo contenta y aplaudió a los legisladores que acudieron a la sesión y votaron a favor del dictamen que la reinstala en su cargo de magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa porque cumplieron con el mandato del Poder Judicial Federal.

Si los diputados no hubieran acatado la resolución judicial federal, hubieran caído en desacato, lo que es un delito, y estaban en riesgo de perder la responsabilidad que ocupan. 

Con la decisión del Congreso, ella volverá a su puesto y se tiene que dejar sin efecto el nombramiento del magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, que ocupó su lugar, a quien le tomaron protesta el 7 abril del 2017. 

En lo que respecta a si hubo legalidad en el Congreso debido a que cuando votaron había veinte diputados, argumentó que sí, porque la sesión fue continuada.

En su caso, aseguró que no permitió que el gobernador violentara sus derechos, pero que ningún ciudadano debe permitir ningún tipo de abuso.

Destitución; “La licenciada puede estar tranquila”

Voy a hacer todo lo posible porque se haga justicia, por que se determinen las cosas de manera adecuada”, afirmó Héctor Samuel Torres Ulloa, luego de que su nombramiento como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa quedó sin efecto el pasado jueves, cuando los diputados acataran el fallo de un mandato judicial federal y reinstalaron a Lucila Ayala en su lugar. 

A pesar del falló, Torres Ulloa ayer trabajó en su oficina e indicó que quien debía hacerle una notificación sobre su situación era la instancia que emitió el mandato, y que se va a defender y va a acudir a las instancias que sean necesarias para que no violenten sus derechos. 

En el caso de la carta de la abogada al presidente, dijo que ella le cae bien y que de su parte no debe tener ningún temor.

Aclaró que va a demandar y a denunciar los excesos de arbitrariedad de los diputados porque dicen que lo destituyeron, y eso es muy delicado, porque el Congreso no lo puede destituir y tenían que cumplir con una serie de requisitos que el Tribunal aún tiene que calificar, y la destitución la están haciendo de forma anticipada. 

De acuerdo con el magistrado, Ayala de Moreschi interpuso un amparo porque consideró que sus derechos se lesionaron por un procedimiento ocurrido antes de que él atendiera la convocatoria y se sometiera a la evaluación para ser candidato a magistrado.

En ese procedimiento que desconocía al parecer hubo violaciones, pero no en el que él participó, y ese no está impugnado, por lo que son dos cosas diferentes. 

Negó que el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo haya puesto y lo que hizo fue mandar una terna de seis aspirantes para elegir dos magistraturas al Congreso, pero lo hizo de forma legal porque la ley lo permitía.

La ley que se violentó en el caso de Lucila ya no estaba vigente cuando él llegó a ocupar el cargo, y es lo del alcance del amparo y es donde pide que se aclaren esas cosas, por eso solicitó la aclaración de sentencia, y ese proceso esta pendiente.

Me sorprende que me dicen ‘vamos a quitar un magistrado porque es un proceso de sustitución’, pero no está claro por qué sustituyen o a quién