Opinión

LA GLORIETA

Por  La Glorieta La Glorieta

Sin incentivos. Fiel a su costumbre, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, está envuelto en una nueva controversia, ahora con el sector empresarial, con quien se ha negado a reunirse. Los empresarios que conforman la Intercamaral Estatal enviaron un exhorto al alcalde para que no deje de otorgar los Certificados de Promoción Fiscal (Ceprofies), que son necesarios para generar más inversión y empleos por medio de descuentos en impuestos, como el predial. Dentro de la política de la administración municipal se eliminaron los Ceprofies, que son otorgados en todos los estados y municipios del país para atraer inversiones, que a su vez son fuentes generadoras de empleos. Los empresarios han calificado esta medida como un retroceso porque, además, fue una decisión tomada de forma unilateral, sin pedir la opinión ni informar a los sectores productivos de la capital sinaloense. De acuerdo con Julio César Silvas, esto será un duro golpe para la economía de las empresas, pues afectará su operatividad y liquidez por la nueva carga impositiva que deberán cubrir. En el año 2017, la inversión privada en Culiacán fue de más de doce mil millones de pesos, de los cuales se incentivó con Ceprofies más de ocho mil millones de pesos, lo que representó el 66 por ciento de la inversión total. Estrada Ferreiro se ha negado a reunirse con los empresarios desde que era alcalde electo, postura que ha mantenido en los poco más de dos meses que lleva en el cargo.

Tribunales. El Ayuntamiento de Culiacán se prepara para pelear en los tribunales muchos de los juicios que están en curso, algunos de los cuales ya han tenido una resolución para el pago, mismo que se ha venido retrasando desde hace varios meses, incluso años. De acuerdo con el área jurídica del Gobierno municipal, el monto total que se disputa supera los mil millones de pesos, pero hay confianza en los nuevos funcionarios en que, con una buena defensa y conciliación, se logre bajar mucho esta cantidad, ya que los demandantes siempre solicitan muy por encima de lo que realmente fue el daño que sufrieron. Para este año, el Ayuntamiento tiene presupuestados cien millones de pesos para pagar indemnizaciones, aunque en realidad la cantidad que debe pagar es mucho menor. Veremos qué tan buenos son para defender el erario municipal, con un alcalde especialista en demandar y ganar los procesos con su despacho.

Críticas. Los operativos implementados para combatir el robo de gasolina y diésel en el país han significado un dolor de cabeza para millones de mexicanos, que han sufrido por la escasez de combustible en muchas gasolineras. En Sinaloa no se ha presentado ese problema de desabasto hasta el momento, donde también se han detectado muchas tomas clandestinas, se han presentado explosiones en ductos y bodegas donde almacenan gasolina robada, incluso ha habido detenciones y aseguramientos. Desde hace alrededor de seis meses, los ductos fueron cerrados en la entidad para combatir el huachicoleo, pero los mecanismos de distribución no han fallado, y las estaciones de servicio tienen combustible suficiente. Los diputados locales del PRI, del PAN y del PRD han criticado severamente estas acciones del Gobierno federal y han desmentido los resultados positivos que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hasta ahora no han informado sobre detenidos por robo de hidrocarburos, tan solo han dado cifras alegres de ahorro y gasolina recuperada. Pemex ha aclarado que tiene suficiente gasolina para abastecer todo el país, pero, en la calle, son muchas las estaciones que no tienen combustible.

Ganarán menos. Los rectores de las universidades públicas que forman parte de la Anuies han acordado no percibir un salario por encima del que ostenta el presidente de la República. El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra, quien percibe 170 mil pesos mensuales, ha aceptado ganar menos de 108 mil pesos al mes, pero aclaró que esto no resolverá el problema financiero de fondo que vienen arrastrando las universidades del país, sino que el Gobierno federal debe incrementar los recursos para el sector educativo y aportar al desarrollo de niños y jóvenes.