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Política

México, entre los 10 países de América Latina que sí regula la violencia política en razón de género

Solo el 50 por ciento de los países cuenta con una regulación específica en el ámbito electoral, y México es el país con el diseño normativo más exigente.

Por David Ortega

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México.- México, junto a las naciones de El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay, han legislado en materia de violencia política en razón de género en América Latina.

En la visión del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, aunque solo dos de estos países cuentan con leyes específicas: Bolivia (2012) y Perú (2018), y el resto lo tienen contemplado en sus leyes generales contra la violencia, este es un avance hacia la tipificación, protección, sanción y reparación de los casos de violencia política en razón de género y un paso más en la construcción de las democracias paritarias, ya que en México esta violencia puede llegar a tener consecuencias administrativas y/o penales, donde se contempla la pérdida de la elegibilidad (el derecho a ser electo/a) a quienes hayan sido condenados por cometer un delito de violencia política en razón de género.

De acuerdo con este análisis del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, aunque los países han regulado, sus marcos normativos tienen diferencias entre sí: unos son más exigentes y otros menos respecto a qué, cómo y quién regula la violencia política. 

“La heterogeneidad en los diseños normativos muestran que unos países tienen altos niveles de alta exigencia de sus reglas como México; otros niveles, medios, como Ecuador y Panamá; y el resto, débiles, Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Perú, Paraguay y Uruguay”, mencionó Flavia Freidenberg, coordinadora general del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.

Sanciones a violentadores

En ese sentido, México es el país que cuenta con el diseño más exigente porque tiene una tipificación amplia y no restrictiva de los actos de violencia política de género, con 22 supuestos; un esquema de colaboración estrecho y armonioso entre las instituciones del Estado y los diversos actores políticos, que contribuye a la atención de las víctimas, órdenes de protección, medidas de prevención, no repetición de los actos cometidos, garantías de reparación para las víctimas y un esquema de sanciones amplio, que incluye, además, medidas administrativas y/o penales donde se contempla la pérdida de la elegibilidad (el derecho a ser electo/a) a quienes hayan sido condenados por cometer un delito de violencia política en razón de género. 

Flavia Freidenberg indicó que la violencia política en razón de género es un fenómeno que afecta a la mayoría de las mujeres que desean ejercer sus derechos político-electorales, especialmente en América Latina. Por lo que, el hecho de que los países regulen y establezcan de manera clara qué es y qué no es violencia política y que lo sancionen, supone un avance importante para la protección de los derechos de las mujeres.

“Aun así, los datos analizados por el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina muestran que, aunque los 10 países ya incorporaron a su sistema jurídico un marco especial para atender la violencia política en razón de género, solamente el 50 por ciento de ellos cuenta con una regulación específica en el ámbito electoral y no todas las normas establecen sanciones claras a los violentadores ni reparaciones a las víctimas”, señaló la experta. Agregó que en México, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil se establecen algún tipo de sanciones, sin embargo, solo en tres (México, Brasil y Bolivia) lo hacen en el ámbito penal. 

Definición de violencia  

Destaca que las leyes contra la violencia política en razón de género también se diferencian entre sí por el tipo de definición que usan de la violencia política: mientras México, Panamá, Ecuador y Bolivia han logrado establecer en su normativa una definición amplia, un catálogo de conductas tipificadas amplio y se apega a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. 

De todos ellos, México es el país que regula de manera más clara y específica los supuestos que implican casos de violencia; mientras que los otros incluyen también supuestos, pero su redacción cambia respecto a la Ley Modelo, explicó. Cabe mencionar que en países como México y Ecuador se incluyen sanciones específicas para los casos de violencia política de género y, en especial, se prevé la inelegibilidad de las personas que hubiesen sido sancionadas por este tipo de actos.

“Eso quiere decir que, si alguien es sancionado en firme por ejercer violencia política en razón de género, no podrá ejercer cargo público. Este tipo de sanción es lo más fuerte que una persona política puede recibir, ya que perder derechos para competir afecta sus expectativas de carrera política”, explicó. 

Indicó que las leyes también establecen mecanismos de reparación a las víctimas. México y Bolivia incluyen medios específicos para atender la violencia política de género, como las medidas cautelares, y el resto de los casos analizados no especifica los medios de protección para la violencia política en razón de género, sino que los prevé en general en las legislaciones existentes sobre cómo atender la violencia contra las mujeres, en especial, en el ámbito familiar. Algunos países, como Ecuador, México y Panamá, establecen la obligación del Estado de reparar el daño y restituir a las mujeres afectadas en el ejercicio de sus derechos.

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El Dato

Ámbito penal 

Ocho de los 10 países no especifican las sanciones para los casos de violencia política de género, y solo tres países cuentan con sanciones específicas en el ámbito penal.

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