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Política

Mujeres rurales en México y su derecho a la tenencia de la tierra

Solo 25.9 por ciento de las personas que poseen un certificado parcelario que las acredita como ejidatarias o comuneras son mujeres.

Por David Ortega

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México.- Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres en las localidades rurales en México es la falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia de la tierra. Una situación complicada, pues es sabido que en estas comunidades la reproducción de la vida está fuertemente vinculada con el trabajo de la tierra. A la par, a estas mujeres se les impide acceder a apoyos públicos y a la toma de decisiones, pues también enfrentan pobreza, injusticia, desigualdad y exclusión.

Así lo expuso la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en su documento: “Mujeres por el acceso a la tierra, aproximaciones a los retos que enfrentan en el ejercicio lleno de sus derechos agrarios”. Este trabajo busca visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres para el acceso a la tierra en zonas rurales e indígenas y, sobre todo, realizar algunas recomendaciones para que las instituciones las adopten y adapten, con el fin de que puedan beneficiar a las mujeres.

Sin testamento 

En el contexto, hay que recordar que México es uno de los países con mayor diversidad pluriétnica, pues cuenta con 70 pueblos indígenas y 68 lenguas indígenas.

Paradójicamente, es en estos territorios mayoritariamente rurales de propiedad social, ejidos y comunidades agrarias donde se encuentra la mayor riqueza natural, pero también las mayores condiciones de pobreza, injusticia, desigualdad y exclusión, particularmente para las mujeres, cuando son ellas las conocedoras de sus territorios, de los recursos, de su manejo, conservación y uso, protectoras del patrimonio familiar y, muchas veces, sostén de sus familias.

Gran parte de ellas, si bien trabajan y participan en la producción, no cuentan con el reconocimiento legítimo que lo acredite, incluso en los casos donde son esposas o concubinas de ejidatarios o comuneros que han fallecido y donde no existe un testamento agrario, y que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Agraria, les correspondería heredar en orden de preferencia, pero los derechos no se les transfieren.

En otros casos, sin acceso a la propiedad de la tierra, la comunidad relega a las mujeres en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de ellas y sus familias, incluso, en numerosas comunidades rurales e indígenas del país, cuando los hombres emigran, las mujeres son las que trabajan las tierras, pero no se les reconocen derechos sobre ellas, aun si los dueños no regresan.

En este escenario, tener un título de ejidataria o comunera provee la oportunidad de presidir a los órganos que rigen las decisiones de organización que se toman sobre la tierra. Sin embargo, de los 14.6 mil ejidos y comunidades con órganos de representantes, solo 7.4 por ciento fue presidido por una mujer en 2019. Esto tiene un patrón desigual entre las entidades del país donde las presidencias a cargo de las mujeres van del 2.2 por ciento a un máximo de 20 por ciento. Asimismo, las mujeres, al no ser propietarias de la tierra, no pueden ser beneficiarias de subsidios, créditos y equipamiento.

Herencia de papá

Durante la presentación virtual de este documento de la Sedatu, la doctora María Gabriela Rangel Faz, coordinadora interinstitucional del Registro Agrario Nacional (RAN), recomendó que este estudio del Gobierno de México se extendiera a más regiones diversas de la República mexicana, ya que este primer documento se basó solo en dos núcleos agrarios, uno en la Ciudad de México y el otro en el Municipio Real de Catorce, en San Luis Potosí, para así poder afinar mejor las políticas en ese sentido. Rangel Faz expuso que uno de los retos que enfrentan las mujeres para acceder a los órganos de representación es ser titulares de la tierra. Sin embargo, solo 25.9 por ciento de las personas que poseen un certificado parcelario que las acredita como ejidatarias o comuneras son mujeres.

Por lo que se debe aspirar a que, por lo menos la mitad, sean mujeres y la otra mitad varones. Explicó que las mujeres logran tener una tierra a través de la enajenación, pero fundamentalmente es a través de la herencia.

“A muchas mujeres les heredó su papá, por lo que creo que hay que hacer campañas, desde las instituciones, para que la herencia o la transmisión del derecho se haga hacia una mujer por su valía, así como difundir las aportaciones de las mujeres”.

Mencionó que, una vez que las mujeres ya son las titulares de la tierra, deben de conocer de proyectos productivos que les permitan mejorar su vida y sus ingresos y, además, que reciban capacitación sobre sus derechos y sobre las asambleas y núcleos agrarios.  En cuanto a los órganos de representación, la ley indica que al menos el 40 por ciento deben ser mujeres, actualmente es del 21 por ciento, por lo que el rezago es del 51 por ciento, indicó.

Por el lado de las políticas públicas, la coordinadora interinstitucional del Registro Agrario Nacional señaló que deberían tener áreas específicas de trabajo con mujeres rurales y expuso que al menos en este Registro Agrario Nacional no existe un área de apoyo a las mujeres rurales con perspectiva de género, por lo que habría mayores alcances con un área particular, reiteró.

Sobre carga de trabajo

Por su parte, la directora para la Igualdad de las Mujeres y Hombres en la Vida Económica del Inmujeres, Ana Carolina Maldonado Pacheco, mencionó que es de llamarse la atención cómo en este estudio se señala el bajísimo porcentaje, todavía, de mujeres ejidatarias, que en la mayoría son mujeres adultas mayores, quienes llegan a obtener el título de propiedad en un momento en sus vidas en que quizá ya no es el más productivo, lo que es un claro ejemplo de uno de los retos que urge alcanzar en este sentido, para que más mujeres puedan hacer uso de su voz y de la toma de decisiones.

Por otro lado, destacó también el cómo las mujeres rurales distribuyen su tiempo, pues llegan a tener dobles o hasta triples jornadas de cuidados. “Cuando analizamos un día, las 24 horas de las mujeres y de los hombres en los contextos rurales, podemos ver una sobrecarga de trabajo para las mujeres, desde el autocuidado, el cuidado de las niñas y niños, de los adultos mayores, de la participación en la comunidad”.

Por lo que es fundamental entender esto, las múltiples dimensiones de la vida de las mujeres rurales, pues no se dedican solamente a cuidar los huertos de traspatio, muchas de ellas participan en varias actividades económicas y de cuidado, destacó. “Un reto pendiente, en el que también nos da mucha luz este estudio donde tenemos que poner el foco para cerrar las brechas y yo creo que aquí el Sistema Nacional de Cuidados se vuelve otra vez una conversación fundamental y, pues, como también vamos viendo que para el diseño de este sistema definitivamente tiene que haber un enfoque territorial”.

Además de entender cuál es la oferta y demanda de servicios de cuidados en cada una de las comunidades, así como que las mujeres tengan una redistribución al interior de las familias, entender que mujeres y hombres se benefician de asumir un rol de cuidado, y que también tengan una remuneración justa para quienes hacen esta labor de cuidados, indicó.

Reconocimiento de derechos

Las ponentes concluyeron y destacaron la importancia de realizar campañas explicando el porqué es importante que las mujeres tengan la titularidad de su patrimonio, sobre todo en los casos en los que fallecen los titulares hombres, en los que hay separaciones o divorcios, pues, al final, son las mujeres las que adquieren la responsabilidad de sus familias.

Por lo que, en este caso, el tema va más allá de un título de propiedad, pues si bien es importante que la mujer tenga certeza jurídica, también lo es el que, al saberse con ese título o tenencia de la tierra, ello les dé una seguridad emocional, una paz interior, lo que se traduce incluso en una seguridad física, más en entornos de violencia familiar, el hecho de que una mujer tenga a su nombre la propiedad, el resultado puede ser muy positivo para ella.

Finalmente, se afirmó que en el actual Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano promueve el proyecto Mujeres por el Acceso a la Tierra, en el cual se promueven acciones de coordinación entre la Procuraduría Agraria y otras instituciones y organismos para impulsar el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres.

Lo anterior, cuando se trata de esposas o concubinas de ejidatarios o comuneros finados que no designaron sucesores y donde, a través de jurisdicciones voluntarias, particularmente juicios sucesorios intestamentarios, mediante Jornadas de Justicia Itinerantes, y en las cuales se beneficia de forma gratuita y expedita a un gran número de mujeres, para que se les reconozca la titularidad de sus derechos agrarios.

Los Datos

Ejidatarias

En 2018, vivían 28.9 millones de personas en localidades con menos de 2,500 personas, donde al menos, el 50.8 por ciento son mujeres (Inegi, 2018), pero solo 3 de cada 10 personas ejidatarias o comuneras son mujeres (RAN, 2019).

Sin derechos

En numerosas comunidades rurales e indígenas, cuando los hombres emigran a Estados Unidos, las mujeres son las que trabajan las tierras, sin embargo, no se les reconoce que tengan derechos sobre ellas, aún si los dueños no regresan. Las mujeres, al no ser propietarias de la tierra, no pueden ser beneficiarias de subsidios, créditos ni equipamiento.

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Protección

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece el “adoptar reformas legislativas y administrativas para proteger el derecho de la mujer al acceso pleno y equitativo a los recursos económicos, incluido el derecho a la herencia, la posesión de tierras y otras propiedades, el crédito, los recursos naturales y las tecnologías apropiadas”.

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David Ortega

Reportero de Investigación y corresponsal

Seis años laborando para la casa editorial El Debate en Culiacán, Sinaloa y en la Ciudad de México. Con experiencia en cubrir al sector salud, partidos políticos, presidencia, marchas y manifestaciones, universidades y fuentes académicas, ciencia, seguridad, historias de la calle, personajes citadinos, cultura y espectáculos. Doy cobertura como corresponsal en la Ciudad de México de toda noticia de relevancia nacional, así como de diversos temas de interés para la sección Tercer Piso, información publicada en edición impresa del periódico y en el sitio debate.com.mx. Aportación al contenido digital de la empresa con transmisiones en vivo para la plataforma Facebook en la cuenta de EL DEBATE. Hasta ahora, en mi paso por EL DEBATE, he logrado obtener el Premio Nacional de Periodismo 2018 en la categoría de entrevista, el Premio Periodismo y Competitividad 2015 otorgado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) por mi colaboración en el trabajo periodístico “Lucran con la propiedad pública” del periodista Luis Enrique Moreno. También fui becado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en su programa de especialización periodística Prensa y Democracia (PRENDE) 2017 y por El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) en su Diplomado de Periodismo de Investigación 2019. Soy egresado de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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