Política

No habrá paz sin sistemas judiciales locales fuertes

Senadores de la República reconocen la necesidad de una reforma constitucional municipal, pero también una de tipo fiscal que les dé mayores fortalezas; mientras que el titular del Poder Judicial en Sinaloa exige una redistribución del gasto para los sistemas locales

Por  Francisco Castro

De izquierda a derecha: Rigoberto Ocampo, moderador; Mario Zamora, senador; Imelda Castro, senadora; Enrique Inzunza, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa; y el investigador de la UNAM, José María Serna de la Vega.(Foto: Marco Ruiz / El Debate)

De izquierda a derecha: Rigoberto Ocampo, moderador; Mario Zamora, senador; Imelda Castro, senadora; Enrique Inzunza, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa; y el investigador de la UNAM, José María Serna de la Vega. | Foto: Marco Ruiz / El Debate

Durante el Segundo Foro Regional Constitucional Mexicano, denominado Federalismo y Seguridad, senadores de la República, académicos y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa coincidieron en que la ruta hacia la pacificación del país debe ir acompañada de una redefinición del sistema federalista en el que se incluyan decisiones legislativas que fortalezcan los poderes judiciales locales, una gran reforma municipalista y el mejoramiento de la cohesión social mediante esquemas de gobierno diferenciados.

Estas expresiones, que van encaminadas a la actualización del sistema constitucional mexicano con un enfoque federalista y no centralista, surgieron durante la primera mesa de diálogo realizada durante un encuentro en el Centro de Convenciones de Mazatlán, en el que participaron Imelda Castro Castro, senadora del grupo parlamentario de Morena; Mario Zamora Gastélum, su homólogo del grupo parlamentario del PRI; José María Serna de la Vega, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez. Todos ellos moderados por el también académico doctor Rigoberto Ocampo Alcántar, subsecretario de Educación Media y Superior del estado de Sinaloa.

Asimetría en gasto para Justicia

Enrique Inzunza Cázarez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, habló de la necesidad de impulsar desde el Congreso de la Unión la reforma presentada por senadores morenistas, entre ellos los sinaloenses Imelda Castro y Rubén Rocha Moya, junto con Ricardo Monreal, que busca establecer constitucionalmente una cláusula que asegure un presupuesto mínimo e irreductible del dos por ciento del presupuesto general de los estados.

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«En Sinaloa, el Poder Judicial tiene una asignación equivalente al 0.6 por ciento del presupuesto general del estado. Con esa participación no se pueden atender, como demanda una estrategia integral de seguridad, asuntos antes de que se conviertan en asuntos federales».

En su mensaje previo a la inauguración del Foro Regional, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, reconoció el esfuerzo de Luis Javier Salido Artola, presidente ejecutivo de Empresas EL DEBATE, por la organización del evento, en coordinación con integrantes de Periódicos Asociados en Red (PAR.MX). Foto: El Debate

En cuanto al gasto público para justicia en el ámbito nacional, el titular del Poder Judicial en Sinaloa señaló que se tiene una pirámide invertida. Además, precisó que «este año, el presupuesto del Poder Judicial federal ronda los 64 mil millones de pesos, mientras que la suma de los 32 presupuestos de los tribunales locales no alcanza ni siquiera la mitad de esa cantidad. Esto revela una asimetría que es necesario pensar y replantear».

Precisó que en los tribunales locales se conoce la mayoría de los asuntos penales; mientras la competencia federal es marginal: «Se conocen también la mayoría de los asuntos que atañen a las personas de carne y hueso, el día a día, asuntos familiares, que, por cierto, constituyen una cantidad aproximadamente el 45 por ciento de todos los casos que se conocen en el país», temas estos últimos que, si no se atienden con atingencia, luego se atienden por la puerta penal.

Es necesario pensar, hoy como nunca, en fortalecer a los órganos de los poderes judiciales locales —insistió—, y para ello se necesita replantear el fortalecimiento de la judicatura federal.

El titular del Poder Judicial en Sinaloa hizo hincapié en que la iniciativa propuesta por los legisladores morenistas también permitiría en un futuro no lejano que los asuntos de la justicia local no sean revisados irremisiblemente, en todos los casos, por los tribunales colegiados de circuito, lo que producirá certeza legal y seguridad jurídica.

Apuesta por una mejor cohesión social

En su participación, el doctor José María Serna de la Vega, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hizo énfasis en dos estudios que refieren la importancia de fortalecer la cohesión social para revertir la exclusión, entendido esto como la mejor estrategia para prevención.

Los estudios se titulan «Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia democrática», surgido de un evento de la UNAM, y el «Informe de desarrollo humano municipal 2010-2015», elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado hace tres semanas.

El académico destacó que estos estudios hablan de una urgencia por regular el conflicto social que frecuentemente antecede a la violación de la ley penal, y los encargados de regular ese conflicto son precisamente los municipios, por lo que es necesario —añadió— establecer sistemas municipales diferenciados en función de sus problemas y sus necesidades de recursos.

«Hay que promover el diseño de comunidades, planificar espacios públicos seguros. Hay un papel importante en la planeación urbana, en el diseño de las ciudades, temas de alumbrado público, evitar espacios de escondite, organización de la movilidad dentro de las comunidades, todo esto no es ajeno al tema de la inseguridad o seguridad. Gran parte de la seguridad ciudadana tiene su origen en conflictos personales, problemas entre vecinos, familias, comunidades, que no fueron atendidos a tiempo», añadió.

Y aunque el investigador afirmó que los Gobiernos municipales tienen potencial para mejorar, el problema es que sus capacidades reales no se corresponden con sus facultades constitucionales. También criticó la asignación de atribuciones y facultades a los municipios por parejo, porque pareciera que no tienen dificultades en recursos ni en personal calificado ni en mecanismos de organización cuando se habla de zonas metropolitanas, urbanas, rurales, turísticas, fronterizas o indígenas.

Por una reestructuración del estado

Imelda Castro, senadora del grupo parlamentario de Morena, se refirió al federalismo como una forma en que se puede organizar y estructurar un estado, pero afirmó que no solo es organizar, sino también reestructurar al estado, y en esas se está ahora en México: «En este momento en materia de seguridad y federalismo estamos ante un cambio de régimen que significa reestructurar el estado. Y significa, en México, recurrir a la historia. No se pueden hacer cambios sin memoria histórica. La creación de nuestra Guardia Nacional viene de estas referencias históricas».

Sin embargo, la legisladora sinaloense afirmó que, en el terreno del federalismo, muchas veces se confunden en términos ideológicos y políticos las decisiones que se toman a nivel nacional con las facultades y las funciones que tienen los estados y los municipios: «Necesitamos un nuevo pacto en nuestro país, porque están tan deterioradas las relaciones en los municipios, estados y regiones, la cooptación de esas relaciones del crimen organizado, y los poderes regionales y territoriales, por lo que necesitamos un nuevo pacto federal».

El federalismo debe ser evolutivo

Para Mario Zamora, senador del Revolucionario Institucional por Sinaloa, entender la independencia entre los poderes sin duda ayuda, pero en cuanto al federalismo, entendido como unión, alianza o acuerdo, debe ser un proceso evolutivo que hay que definir de acuerdo con el país que se quiere vivir: «Qué pasa con el IVA y el ISR, los cobra la federación y se queda con el 80 por ciento. Del 20 por ciento que se van al estado, solo cinco o cuatro centavos se van a los municipios. Es un buen momento de poner en la mesa cualquier alternativa, y hay que pensar de manera disruptiva».

Reconoció que las autoridades más cercanas a la población son el alcalde, los gobernadores y sus gabinetes, y señaló que en esa formación de origen centralista, en donde había que ir a la Gran Tenochtitlán a rendir tributo, México es mucho más que la Ciudad de México, además de que es tan diverso que no se pueden implementar políticas iguales para todos.

Admitió que para combatir la seguridad se requieren armas, policías y estrategia, esperando que la Guardia Nacional dé resultados, «pero ahí están las causas: falta de oportunidad, empleo y de oportunidad para salir adelante», añadió.

«En el Senado no vamos a “pichicatear” nada a lo que sea bueno para este país, lo demostramos con la Guardia Nacional y la reforma educativa, y muchas otras cosas. Entrémosle en los hechos a este tema en el país. Nosotros llevamos prisa de hacer un México más grande», insistió el legislador priista.