Política

"No ocupamos reformas, sino de dotar de autonomía a fiscalías"

María Novoa, especialista en políticas públicas, manifiesta la falta de esquemas que garanticen la operación de fiscalías, peritos y policías

Por  Ramón Verdín

"No ocupamos reformas, sino de dotar de autonomía a fiscalías" | Imagen ilustrativa/ Pixabay

Los Mochis, Sinaloa.- Una serie de iniciativas que fueron filtradas tienen como objetivo reformar de nuevo el sistema de justicia penal en México, instaurado desde el 2008. El cambio más significativo reciente en la justicia nacional fue pasar a un modelo acusatorio basado en la oralidad, dejando atrás un modelo inquisitorio. El fiscal general Alejandro Gertz Manero no se presentó en la Comisión Permanente del Senado, encabezada por Ricardo Monreal Ávila.

Formalmente, no hubo una entrega del proyecto por la fuga de información. Hasta el momento se desconoce cuál habría sido la intención de revelar anticipadamente estos datos dados a conocer el 14 de enero; sin embargo, el movimiento dio pie a que instancias como la organización México Evalúa permanezca pendiente a las reformas en materia de impartición y procuración de la justicia penal en la república mexicana, manifestó la coordinadora del Programa de Justicia de dicha organización, María Novoa.

La maestra en Políticas Públicas por la Universidad Simón Bolívar abundó que en tanto no se dé una reforma de fondo, no se podrá contrarrestar la crisis de violencia e impunidad que recorre la nación. Así, agrupaciones de la sociedad civil y académicos estarían sumamente preocupados de que el proyecto de ley filtrado retrocedería en materia del debido proceso que debe seguir cualquier persona al momento de ser detenida por las autoridades:

«Vemos que estas iniciativas son para contrarrestar un poco la inoperancia que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) con reformas legales. Lo peligroso es el alcance de la propuesta, vemos un exacerbado poner punitivo, buscando una superfiscalía; definitivamente plantearía graves violaciones a principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos de víctimas y de procesados dentro de un proceso penal». 

Pese a la migración de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, ¿la FGR sigue en el mismo estado de inoperabilidad?

«Exacto, pero no es un problema de leyes o de normas, es porque no se han cambiado estas formas de trabajo anquilosadas que tenemos del antiguo sistema donde todavía persisten muchísimos vicios, malas prácticas, corrupción, mucha arbitrariedad en el proceso. La parte más débil que vemos en lo que se refiere a la falta de capacidades de investigación criminal que permita generar las pruebas para señalar si una persona es culpable o responsable de un hecho delictivo».

¿Son los recursos insuficientes para este tipo de instancias?

«En esta última década se han invertido en el tema de justicia penal en México alrededor de 18 mil millones de pesos, sin contar con toda la cooperación internacional que ha llegado para apoyar el proceso. Definitivamente, no es un problema de recursos, sino de visión y de voluntad política para hacer cambios principalmente en las fiscalías del país, donde no se han logrado hacer los cambios necesarios para responder a estos nuevos estándares». 

¿Por qué Sinaloa no aparece?

«Es porque el Índice de Impunidad lo hacemos con los Censos de Procuración e Impartición de Justicia que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) año con año. Sinaloa no aparece porque no dio la información necesaria, ni siquiera cumplió con la obligación que tiene de entregar estos datos al Inegi; de ahí nos basamos nosotros para generar el Índice de Impunidad». 

¿Cuál es el grado de independencia que tienen las fiscalías en relación con las autoridades estatales?

«En el informe que nosotros sacamos anualmente, documentamos cómo se está dando este proceso de la transición de procuradurías a fiscalías, prácticamente nos faltan solo tres fiscalías en el país con diferentes niveles de autonomía. Inclusive, siempre hemos señalado que la autonomía política está siendo muy relativa, creo que la ciudadanía no hemos logrado tener procesos de designación de los fiscales donde no haya intervención del Ejecutivo del estado o del Ejecutivo federal, como pasó con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Lo que sí vemos es que en ninguna Fiscalía del país se han establecido sistemas o servicios profesionales de carrera que logren dar la autonomía técnica al ministerio público, al policía de investigación o a los peritos para lograr una actuación independiente, que no tengan injerencias de ningún tipo para llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias de su proceso de investigación criminal, de eso todavía estamos muy lejos, tener un verdadero operador autónomo que pueda ejecutar su trabajo sin tener ninguna presión externa o interna que lo desvíe de lo que podría ser de determinar un posible responsable.

Estamos muy lejos, y son los cambios esenciales que tenemos que llevar a cabo al nivel de estas instituciones». 

¿Cómo es el estado actual de los ministerios públicos?

«Vemos que tienen un promedio de carga de trabajo de hasta 300 investigaciones, ahí puede ir desde el robo de un celular, hasta un homicidio. Tenemos unos operadores totalmente sobrepasados en términos de trabajo, pero que al final no es un tema de la necesidad de mayores recursos o de inversión de dinero para lograr tener más operadores y más capacitados, sino que el problema es que no tenemos un proceso de toma de decisión al interior de las fiscalías donde se logre priorizar de acuerdo a fenómenos criminales que impacten de menor a mayor medida a la sociedad.

Por ejemplo, en vez de orientar recursos a problemas como el robo de un celular (que nunca se logrará resolver), se desvían los recursos de delitos como el homicidio, que tiene un mayor impacto en la sociedad. No tenemos esos procesos de priorización que ayuden a buscar recursos donde estaríamos teniendo mayor impacto». 

¿Existe injerencia política?

«Totalmente, tenemos injerencia de múltiples intereses, no solamente políticos, sino también económicos, sociales, incluso al interior de las mismas fiscalías. Tenemos a los operadores muy, muy, vulnerable, principalmente los fiscales, policías, ministerios públicos y peritos que no tienen la estabilidad necesaria en su cargo.

Hemos visto que se ha invertido muchísimo dinero en capacitación, pero no hemos logrado marcar unas políticas que logren la estabilidad, por lo que tenemos una alta rotación de operadores, por lo que se van perdiendo todos los esfuerzos en capacitación. Hay problemas importantes que no se resuelven cambiando las normas, cambiando la Constitución o el Código Penal Federal». 

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«Exacto, cuando se vuelve mediático un caso, se da una priorización de todos los recursos, pero es cuando se visibiliza el caso en la opinión pública, ahí vemos que llevan todos los recursos a resolver el caso, y ahí es cuando vemos la vulnerabilidad en el proceso penal y la actuación de la fiscalía, donde vemos mayor brecha para responder a los nuevos estándares». 

¿Cuál sería el llamado a las autoridades?

«Pensamos en no cambiar leyes, sino en estabilizar el sistema de justicia, dándole estas capacidades a los operadores. Se ve un debate porque sí necesitamos nuevas instituciones que realmente respondan a todo esta violencia e impunidad que tenemos generalizada en el país, pero no lo resolveremos con cambios de leyes; es decir, pensamos en enfocarnos, hacer una definición de política pública que sea sistemática en el tiempo y se vayan logrando metas, transformación y dar capacidades: es lo que requieren las instituciones para que esto logre dar respuesta a las expectativas sociales y al nivel de criminalidad que tenemos en el país».

María Novoa, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa. Foto: Cortesía México Evalúa

EL PERFIL
Nombre: María Novoa.
Profesión: maestra en Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, Especialista en Planificación del Desarrollo y Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela.
Trayectoria: ha trabajado en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Unión Europea, USAID, en Proyectos de Modernización y Reforma Judicial; así como en proyectos de Fortalecimiento Institucional en El Salvador, México, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Honduras, Bolivia, Ucrania y Azerbaiyán.

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