Política

Publican protocolo de protección para personas alertadoras de actos de corrupción

En el Diario Oficial de la Federación se publicó este lunes 19 de octubre el protocolo para personas denuncien actos de corrupción como cohecho, peculado y desvío de recursos del Gobierno Federal

Por  Carmen Leticia Villegas Moreno

Conoce el protocolo de protección para  personas alertadoras de actos de corrupción. | Especial

Conoce el protocolo de protección para personas alertadoras de actos de corrupción. | Especial

Ciudad de México.- En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó este lunes 19 de octubre el protocolo de protección para personas alertadoras de la corrupción, con el propósito de alentar la denuncia y guardar la confidencialidad de las investigaciones en los casos de cohecho, peculado y desvío de recursos públicos cometidos en la administración pública federal.

En el Gobierno de México no hay espacio para el silencio frente a la corrupción, expresó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, quien dijo que se cumple el compromiso pendiente de apoyo a la cultura de la denuncia, porque en esta administración “impulsamos una nueva política pública para fomentar la denuncia con base en tres ejes: confidencialidad de los denunciantes, acompañamiento desburocratizador de la denuncia y proactividad de la Función Pública para combatir la impunidad”, aseveró la secretaria Sandoval Ballesteros.

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Precisó que el objetivo del protocolo es “ofrecer garantías para los héroes ciudadanos y servidores públicos que se conducen con integridad y se atreven a alzar la voz en nombre de la sociedad”.

El protocolo consolida uno de los cinco ejes en el combate a la corrupción que busca otorgar medidas de protección efectivas a las personas alertadoras que denuncien, a través del Sistema de Ciudadanos Alertadores (www.alertadores.funcionpublica.gob.mx), hechos graves de corrupción relacionados con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos cometidos en la Administración Pública Federal.

Esta herramienta coordina las acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de la persona alertadora de la corrupción, garantizar su certeza y seguridad jurídica, y promover mecanismos de protección oportunos y eficaces que resguarden su integridad en todos los aspectos.

La secretaria Sandoval Ballesteros afirmó que con esta estrategia de combate a la corrupción se replican las mejores prácticas a nivel internacional, a través de esquemas que permitan reconocer la importancia de la denuncia ciudadana, con base en los principios de los tratados y convenios de los que México es parte, como las convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Interamericana contra la Corrupción, y Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La plataforma digital del Gobierno de México para realizar denuncias de actos de corrupción del gobierno federal. | Especial

Para la aplicación de las medidas de protección señaladas en el protocolo, la Función Pública, a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de los Órganos Internos de Control, y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado, deberá realizar las gestiones sin dilación, a fin de evitar poner en riesgo a los alertadores.

Además, la titular de la Función Pública podrá suscribir los convenios de colaboración con los entes públicos y privados que faciliten el otorgamiento de las medidas de protección previstas en el protocolo.

Refirió que, en el pasado, “en la lógica de la corrupción se ha querido menoscabar el valor de quien se atreve a denunciar, de quien tiene el imperativo moral de hacer lo correcto y una motivación ética de actuar en contra de la corrupción”, lo que ya no se permitirá.

Procedimiento

La persona alertadora podrá solicitar, a través de la plataforma, las medidas de protección, señalando los riesgos que advierte cuando considere que existe un riesgo para su integridad, la de su familia, concubina o concubinario, conviviente, amistades, trabajo y su patrimonio como consecuencia de haber comunicado su alerta.

La Coordinación de Alertadores analizará el caso y determinará si existen elementos suficientes para realizar la evaluación de riesgo. Si se carecen de los elementos necesarios se solicitará a la persona alertadora aportar mayores datos.

La evaluación de riesgo será realizada en función de la información y el contexto. Pueden existir casos donde la información disponible sea escasa por lo que podrá solicitar la colaboración de otras unidades administrativas competentes para complementar la información contextual del caso.

Cuando las personas alertadoras comuniquen su alerta de manera telefónica o presencial y se encuentren en riesgo derivado de ello se deberá de promover el seguimiento de los casos mediante la Plataforma Tecnología e Alerta. Cuando el acceso a la plataforma no sea posible por las condiciones en las que se encuentra la persona alertadora, el seguimiento deberá de ser dado mediante un canal seguro de comunicación aprobado previamente por la Secretaría de la Función Pública.

Aplicará para sujetos colectivos que hubiesen comunicado de manera grupal un hecho de corrupción relacionado relacionado con cohecho, peculado y desvío de recursos y que derivado de lo anterior se encuentren en una situación de riesgo o que hubiese incrementado su situación de vulnerabilidad. Esta evaluación de riesgo aplicará para comunidades agrarias, pueblos indígenas o afromexicanos. La evaluación deberá de contemplar la identificación de la comunidad, características, sistemas normativos, costumbres, normas y los riesgos derivados de la alerta.

Además, de acuerdo a lo publicado en el DOF se va a resguardar la Identidad del denunciante y no podrá ser revelada a menos que se cuente con el consentimiento explícito de la persona alertadora, así como se tendrá en protección de la información alertada garantizando su debido tratamiento, control, manejo, reserva, custodia, transferencia y protección de todo tipo de datos personales.

Además, contempla las medidas de protección de la situación laboral en la que se incluye el despido, la suspensión y cambio de área de adscripción, así como conservar puesto, salario y prestaciones conforme a las condiciones laborales que se tenían antes de la presentación de las represalias.

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