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Política

¿Tenemos derecho a conocer la salud del presidente López Obrador?

Los mandatarios tienen derecho a una vida privada, y los ciudadanos tienen derecho a conocer si quien gobierna tiene las facultades de hacerlo

Por María Sánchez

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En México, el dar a conocer datos sensibles, como es la salud de un mandatario nacional, ha configurado un debate público desde hace años. Se puede citar el caso de Vicente Fox Quesada y el rumor de que tomaba Prozac, el de Felipe Calderón Hinojosa y su supuesto alcoholismo o la cirugía de un supuesto tumor de Enrique Peña Nieto, pero nada ha sido claro y los rumores solo han abierto paso a las especulaciones, señaló durante una entrevista el periodista José Soto Galindo, quien invitó a su espacio digital, el Economicón, a Hilda Nucci González, autora del libro La salud y el expediente clínico del presidente de la República: Un asunto de interés público, quien explicó en qué casos es posible que los ciudadanos tengan acceso a información sensible de quien los gobierna, como forma de ejercer sus derechos.

Un presidente es un ser humano y tiene todos los derechos, incluyendo el derecho a la privacidad, como cualquier ciudadano. “Sin embargo, derivado de sus funciones, es necesario que nosotros conozcamos cómo es su desempeño a la hora de ejercer el cargo o cuando va a iniciar esa postulación al cargo, es decir, cuando sea candidato”.

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Señaló durante la entrevista Hilda Nucci, doctora en leyes y experta en derecho a la información. Nucci recalcó que los presidentes, como cualquier persona, tenían derecho a enfermarse y a guardar información sobre la razón de muchas de sus visitas al médico. El asunto no se trata de trivialidades, si no de conocer aquellas enfermedades, crónicas, degenerativas, terminales o mentales, que pongan en entredicho el desarrollo de las facultades contenidas en la Constitución para el desempeño de un presidente. “No nos debe de interesar saber si el presidente tiene gripe, si se operó la nariz, si se hizo una cirugía plástica o si decidió entrar a un tratamiento para adelgazar. Todas esas cosas son triviales y no ahonda en el tema en cuestión. El tema en cuestión es el interés público”, recalcó la legista.

Hilda comentó que, de acuerdo al artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece hoy que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuando recibe una solicitud de información, debe de hacer un test de interés público para saber si puede o no dar a conocer dicha información, pero, “en todas las solicitudes que ha habido, al día de hoy para conocer la salud no solo del presidente Andrés Manuel, sino de todos los expresidentes hoy en día, el INAI ha determinado que no se puede dar a conocer esta información porque es un dato personal sensible y que, además, es información confidencial”. Un criterio que, según la experta en leyes, debe cambiar y que violenta el artículo 120 de la Ley General de Transparencia pues, el INAI, al dar esa justificación, no ha realizado ningún test de interés público, es decir, se tendría que ponderar qué pasaría si se da o no a conocer la información que se solicita y, por lo tanto, hay una discrepancia en las acciones del INAI.

Hilda explicó que, hasta el día de hoy, el INAI no da información de salud relevante de ningún mandatario, tanto local como federal, a pesar de que existen tesis generadas desde la Suprema Corte para hacerlo, y lo único que ha empujado al INAI a revelar información sensible es que la ciudadanía ejerza el derecho a la información y la solicite, porque solo cuando las peticiones se vuelven masivas, se toman en cuenta como de interés público.

Datos sensibles y responsabilidad

El interés público justifica el hecho de que, como ciudadano y seres humanos, se pueda tener acceso al conocimiento de la salud del presidente, porque solo a través del interés público se justifica la intromisión de este derecho que tiene un presidente o cualquier mandatario en el poder, a su privacidad. “Es un tema de derecho a la información, un derecho consagrado en el artículo sexto de la Constitución”, dijo Hilda, y añadió que, empero, a esto se contrapone el artículo 16, que habla de la protección de los datos personales, en este caso se atañe a presidente.

Es por lo anterior que la norma de Acceso a la Información no establece el derecho de acceso a la información de salud de un presidente, debido a que la salud de un mandatario es un dato personal sensible, y con este tipo de información la Ley General de Datos Personales establece que se debe tener una mayor protección en comparación con cualquier otro dato, por ser información sujeta a alguna discriminación si se da a conocer.

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Sin embargo, “al ser el presidente el que tiene las riendas de todo un país y desempeña ciertas facultades que son muy importantes para la sociedad, y que son de interés público para todos, la justificación jurídica para conocer este expediente es justamente el interés público”, ahondó Nucci González en su charla.

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María Sánchez

Reportera de Investigación

Ingresé a EL DEBATE en febrero del 2019, trabajo en la redacción de Culiacán. Tengo formación en Fact Checking y periodismo de datos, curso impartido por Knight Center for Journalism en las Américas, así también, otros cursos de formación en el ámbito periodístico como uso de lenguaje inclusivo y de periodismo especializado en derecho electoral. Actualmente escribo sobre una gran diversidad de temas desde las ciencias exactas hasta humanidades, en el departamento de Investigación de DEBATE apoyándome en búsquedas rigurosas en material oficial y científico, bases de datos gubernamentales y no gubernamentales, entrevistas a personalidades públicas, del medio político, académico, expertos en temas, así como a líderes de la sociedad civil, entre otros. Mi misión es dar a los lectores artículos con información veraz, relevante, útil y novedosa de diferentes campos en un lenguaje asequible, además de sensibilizar a la población con temas referentes a lo humano. Mi formación lo respalda. Estudié la licenciatura en química farmacéutica bióloga y una maestría en ciencias con orientación a la biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2020 recibí dos seminarios en el centro Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, uno denominado Vínculos y emociones y otro más sobre Psicología y espiritualidad. Tomé un Diplomado para la Paz Aplicada impartido en Culiacán por la Universidad de San Diego, California, en 2018 y más tarde en 2019 participé como colaboradora en el proyecto de investigación “Todos tenemos una historia”, formando parte de la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, organizada por el Instituto Transfronterizo de dicha universidad y como líder de equipo de investigación. Dediqué más de tres años de labor docente en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, donde me formé en educación y participé en la elaboración de proyectos y documentos académicos. Formé parte de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS), donde participé en la elaboración del marco conceptual de la organización y su plan de trabajo. Tengo la intención de seguirme preparando y crecer en compañía de mis compañeros en EL DEBATE, y continuar haciendo con ellos las alianzas que nos han integrado como un equipo sólido dentro de la empresa.

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