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Política

Ultraje y juego político con consulta popular en México, opinan

Este 1 de agosto se llevará a cabo la consulta popular para decidir si se investiga a actores políticos del pasado; especialistas indican que la justicia no se consulta.

Por Lorena Caro

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Sinaloa.-  La propuesta sobre enjuiciar a los expresidentes de México, que promovió Andrés Manuel López Obrador desde su campaña y durante los primeros tres años de su gobierno, a través de una consulta popular no ocurrirá como el mandatario planeó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo importantes cambios, y este 1 de agosto se preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o no, pero de esclarecer las decisiones políticas del pasado y no directamente por enjuiciar a los últimos cinco expresidentes del país. El Instituto Nacional Electoral estará a cargo de este ejercicio democrático que le costará a la federación 528 millones de pesos. 

Armando Zacarías Castillo, doctor en ciencia política y académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, señaló que la consulta tendrá más un carácter de tipo político con elementos mediáticos, pero no necesariamente con elementos legales. Consideró que el enfoque legal está en la Fiscalía General, en las procuradurías, que son las instancias facultadas para la instrumentación de este tipo de seguimientos y que no son sujetos de una consulta.

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En tanto, Azul Aguiar Aguilar, también doctora en ciencia política, opinó que la consulta es una forma de adquirir popularidad del presidente poniendo en juego varios de los temas más delicados en la política de México, como la corrupción, el tráfico de influencias y las irregularidades de las administraciones anteriores. 

Una labor de la Fiscalía

Para este 1 de agosto, el INE instalará en el país mesas receptoras de la consulta popular que atenderán a la ciudadanía de 8:00 a 18:00 horas y cada estado será encargado de ubicar dichas mesas al alcance de los ciudadanos.

De manera específica, la pregunta sometida a consideración del electorado será la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, a lo que los ciudadanos deberán responder sí o no. 

Armando Zacarías Castillo, doctor en ciencia política y académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, destacó en entrevista para Debate, que el tema de la consulta popular es extremadamente interesante desde la perspectiva de ver participar a la ciudadanía en temas importantes promovidos por las propias políticas administrativas del país.

¿Qué es lo que sucede entonces con la consulta sobre los actores del pasado? 
El especialista indicó que desde esa perspectiva este tema es complejo porque el principio esencial constitucional de seguimiento sobre temas de delitos que se hayan cometido por cualquier tipo de persona o autoridad, debe ejercerlo inmediatamente la autoridad judicial, en este caso la Fiscalía General de la República, quien podría y debería instrumentar las carpetas de investigación y sobre esas carpetas de investigación desarrollar el proceso de seguimiento de cualquier persona.

“Colocar como en una especie de votación popular el hecho de saber si se va a enjuiciar a un presidente o no, es una especie de escenario nacional en el que la pregunta no va a generar inmediatamente la instrucción de una carpeta de seguimiento de una personalidad, aquí quien debe instrumentar este ejercicio es la Fiscalía, no solamente sobre los expresidentes, sino sobre cualquier persona”, abundó. 

¿Y Emilio Lozoya? 

Para el especialista, la consulta va a ser poderosamente respondida en un tono afirmativo, sobre todo si la ciudadanía tiene algún recuerdo de actores políticos del pasado que consideran que aplicaron acciones ilegales y de irresponsabilidad. 

“El problema no es la dimensión que va a tener esta respuesta de la gente, sino qué es lo que está haciendo la Fiscalía, por qué la Fiscalía no está desarrollando la actividad para la que constitucionalmente está acreditada, que es el desarrollo de las carpetas de investigación”, apuntó. 

Como ejemplo a lo anterior, comentó que no hay una carpeta todavía integrada en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien se le persiguió y extraditó hace bastantes meses, pero no se ha podido integrar un documento sólido por parte de la Fiscalía a la que todavía le dan más de 30 días para la integración de la carpeta.

“No se le ve un sentido estrictamente administrativo, estrictamente legal, sino un sentido fundamentalmente político”, insistió. No obstante, añadió que integrar un documento de esa naturaleza, la experiencia hace ver que tiene una gran cantidad de complicaciones y el mejor ejemplo es el de Emilio Lozoya. 

“De esa consulta podrán salir toda una serie de elementos políticos, pero no necesariamente legales, los legales están en la Fiscalía General, en las procuradurías etc., que son las instancias que están facultadas para la instrumentación de este tipo de seguimientos y no son sujetos de una consulta”, reafirmó. 

Para Azul Aguiar Aguilar, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) del Iteso, el principal problema de la consulta impulsada por AMLO es que pregunta sobre derechos ya existentes en la Constitución. 

“Para eso tenemos las fiscalías, las policías investigadoras, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un conjunto de instituciones que parecen estar pintadas, ya que, al final de cuentas, deberían tomar acción contra posibles delitos o infracciones y no lo están haciendo”, apuntó. 

A través de la institución, la doctora en ciencia política, manifestó que en contraparte se dejan de lado los temas que pueden formar parte de una consulta popular y, con ello, elevar la participación ciudadana sobre los asuntos públicos y mejorar la democracia constitucional del país, lo que desgasta este legítimo ejercicio de participación. 

“No nos preguntan, por ejemplo, cómo queremos que se integre una comisión para la búsqueda de personas desaparecidas o cuál es el mejor proceso para seleccionar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, aseveró.

En este contexto, insistió en que una consulta popular no debe de discutir sobre realizar o no elecciones, o si se reeligen los presidentes. Pero sí puede discutir los requisitos para hacer más independientes a ciertas instituciones, como la Fiscalía o el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Denostación mediática 

Aguiar Aguilar reafirmó que no se pueden consultar derechos y advirtió que pedir que juzguen a alguien sin poner la evidencia en la mesa es problemático. 

Consideró que la consulta avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el pasado 1 de octubre del 2020, puede ser vista por parte de la ciudadanía como un mecanismo que sirve para denostar, siendo que representa todo lo contrario, un instrumento de apoyo para la ciudadanía para resolver problemas y avanzar en materia de derechos, expuso Aguiar. 

“La consulta popular es un mecanismo muy eficiente y garantiza que se ejerzan otro tipo de mecanismos diferentes a las elecciones para elegir representantes. Expande la democracia a los ciudadanos y nos ayuda a tener más posibilidades de intervenir en la vida pública”, detalló. 

El Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca que los habitantes en México pueden votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente, de 33 por ciento de los diputados y/o senadores o los propios ciudadanos en una solicitud respaldada, al menos, por 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. 

Pero para que el resultado de una consulta popular sea vinculante para los poderes Legislativo y Ejecutivo, deberá participar 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, que suman un total de 93 millones 489 mil 989, actualmente. 

Sin embargo, Azul Aguiar Aguilar, doctora en ciencias políticas, consideró que se ve complicado que se alcance la votación de 40 por ciento del padrón electoral, ya que el presupuesto del INE para este ejercicio fue de 528 millones de pesos, cantidad menor a la solicitada por el organismo autónomo en el presupuesto de este año. Además, dijo que se instalarán más de 50 mil mesas receptoras en todo el país, pero en la elección intermedia del 6 de junio operaron más de 163 mil casillas. 

“Si la consulta llega a ser vinculante, la investigación a los expresidentes es algo que se va a quedar en la Fiscalía, que depende del presidente”, recordó Aguiar. 

En tanto, el INE ya ordenó una suspensión de propaganda gubernamental en los tres niveles de gobierno, desde este 15 de julio al 1 de agosto de 2021, el día de la consulta. Hizo un llamado a los actores políticos y demás a no confundir a la población sobre la consulta, ya que ni los nombres de los expresidentes ni sus fotos aparecerán en la papeleta de la consulta. 

Esta pregunta NO aparecerá en la consulta:

«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?»

Esta pregunta SÍ aparecerá en la consulta:

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?»

Veda para los tres niveles de gobierno 

De acuerdo con la Ley de Consulta Popular está prohibida toda propaganda gubernamental de los tres niveles de gobierno, con excepción de la difusión de campañas de salud, educación, protección civil y seguridad, del 15 de julio hasta el 1 de agosto, día de la consulta.

Presidencia de la República dio a conocer que no serán transmitidos por Cepropie ni por las redes sociales del Gobierno federal, los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador relacionados con programas sociales, durante su gira por Guerrero, debido a la veda electoral. 

El 16 de julio,  en conferencia matutina, AMLO reconoció que  “no sabía” si está prohibida la propaganda gubernamental y aclaró que no hablará de la consulta popular. El primer mandatario comentó que en la gira que inició el viernes por Guerrero, los eventos fueron cerrados, no públicos.

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Para entender...

INE llama a no confundirse

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, solicitó a los actores políticos que están promoviendo la consulta ciudadana del próximo 1 de agosto que no confundan a la ciudadanía.

El funcionario aclaró que la pregunta que se incluirá en la boleta no incluye, por ningún lado, el nombre de los expresidentes mexicanos; contrario a lo que muchos políticos, principalmente del partido Morena, han estado difundiendo a través de sus redes sociales. En conferencia de prensa, Córdova Vianello señaló que lo que se va a consultar el primer domingo del mes de agosto será si quieren o no los ciudadanos que se investiguen y esclarezcan hechos de administraciones federales pasadas en las que se vieron involucradas decisiones de los exservidores.

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