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Política

Van contra García Luna por contratos con cárceles privadas en México

García Luna tiene orden de aprehensión por las irregularidades encontradas en la firma de contratos con empresas para manejar penales privados.

Por Agencia Reforma

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México.- Existen ordenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México y tres miembros de su equipo, por las irregularidades registradas en la firma de contratos con empresas privadas para la construcción de penales.

García Luna, fue secretario de Seguridad durante el periodo de gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y se encuentra actualmente siendo procesado en Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico.

Son 8 convenios por cerca de 270 mil millones de pesos y fueron adjudicados de manera directa para penales en Sonora, Oaxaca, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato. 

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Los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, ex coordinador de Centros Federales; Arturo Sosa, director de Administración, y Marco Antonio Villarreal, ex director de Adquisiciones de la SSP, quienes junto con García Luna fueron imputados penalmente, informaron fuentes federales.

En enero, el Presidente de México dijo que buscarían con las empresas un acuerdo para la rescisión de los contratos.

Luego de que expusera la cantidad inmensa de dinero que el gobierno mexicano debía pagar mes con mes, con cada una de las empresas que controlan los penales, pagos que comparó con los recursos necesario para mantener hoteles de cinco estrellas.

Una vez comenzó a revelar información sobre los contratos con empresas para el manejo de penales "privados", el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que acudiera a la Mañanera y ofreciera información sobre los convenios establecidos.

Revelando que el gobierno mexicano, desde el sexenio de Calderón Hinojosa, llevaba pagando 114 mil pesos mensuales por cada reo al que tuviera capacidad cada "cárcel privada", independientemente si el lugar estaba ocupado o no.

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En aquel momento, López Obrador advirtió que si no había una renegociación del contrato con las empresas que manejan las cárceles privadas en el país, su gobierno encabezaría una demanda para terminar con el contrato.

Posteriormente, reconoció que pediría un descuento de al menos 20% en el pago que realiza el gobierno a cada empresa.

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