Política

Ven acoso judicial grave en resolución contra Aguayo

Defensores de la libertad de expresión confían en que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación atraiga el caso y revierta la decisión de la Sexta Sala Civil del Tribunal de Justicia Superior de la Ciudad de México, que obliga al periodista al pago de 10 mdp a Moreira

Por  Francisco Castro

La semana pasada, Sergio Aguayo tuvo que pagar una fianza de 450 mil pesos para evitar el embargo de sus bienes, luego de que un juez civil de la Ciudad de México ordenara dicha acción.(Foto: El Debate)

La semana pasada, Sergio Aguayo tuvo que pagar una fianza de 450 mil pesos para evitar el embargo de sus bienes, luego de que un juez civil de la Ciudad de México ordenara dicha acción. | Foto: El Debate

México.- Como una grave amenaza para la libertad de expresión en México es considerada la resolución emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que obliga al periodista Sergio Aguayo al pago de 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira por daño moral, y que la semana pasada obligó a depositar una fianza de 450 mil pesos para evitar el embargo de sus bienes.

Este caso se remonta a 2016, cuando Humberto Moreira, también exdirigente nacional del PRI, demandó al periodista Sergio Aguayo por daño moral luego de que este publicara el 20 de enero de ese año una columna en la que habla de su detención en España, ocurrida cuatro días antes, y donde opinó sobre sus imputaciones de corrupción como parte de un proceso en la Corte Federal de San Antonio. El columnista escribió esa vez que Moreira desprendía un «hedor corrupto».

Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 en México, y Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), coincidieron en entrevistas para EL DEBATE que esta decisión emitida en segunda instancia el 11 de octubre del 2019 para revocar una primera sentencia que había ganado el periodista Sergio Aguayo sienta en el país un grave precedente. Incluso, en un comunicado publicado por la organización internacional Artículo 19 y avalado por decenas de periodistas, académicos y organismos de la sociedad civil, se exige al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México actuar frente a lo que consideran acoso judicial en contra del periodista Sergio Aguayo [https://bit.ly/36N2EiY]

Un grave precedente

En el posicionamiento piden una revisión del actuar de la Sexta Sala del Tribunal Superior para determinar si existe violencia o acoso judicial a fin de inhibir el debate público, y presumen la existencia de conflicto de interés por parte del magistrado ponente del caso, Francisco José Huber Olea Contró, a cuyo hermano señalan que le fue entregada la patente de la Notaría 124 de Saltillo por parte del gobernador de Coahuila y hermano de Humberto Moreira, Rubén Moreira, esto en noviembre del 2017. 

Para Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, este un claro caso de acoso judicial a través del cual una persona poderosa utiliza el aparato del Estado para perseguirlo, aun cuando existan méritos del caso, «porque hay que tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia ha atendido diversos precedentes en los cuales reconoce que cuando se trata, en principio, de un funcionario público, este está más sujeto a un escrutinio público que cualquier ciudadano en común, y que además este tiene un doble estándar de protección a la libertad de expresión, un sistema dual», expuso.

Recordó que un periodista tiene el deber de informar sobre hechos de interés público y, por otro lado, también tiene el derecho a expresar sus opiniones. 

Agregó que también hay una consideración de la Suprema Corte en casos similares, en los cuales dice que una persona no puede aludir un daño moral cuando no se compruebe que detrás de los dichos existe falsedad. «Y en el caso de Sergio Aguayo, se refirió a hechos notorios que fueron la detención de Humberto Moreira en España», hechos que fueron consignados en su columna, pero que constituyen una expresión con la que no incurre en falsedad ni se ha comprobado que hayan tenido la intención de dañar.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos describe en la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión que «la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas». 

Ana Cristina Ruelas recordó que, atendiendo estos precedentes, en una primera instancia, el juez inicial que recibió la demanda en contra de Aguayo le dio la razón al periodista y reconoció que la reputación de Moreira no iba por encima del derecho a la libertad de expresión de Aguayo respecto a su opinión y a hechos de interés público que avivan el debate y la participación ciudadana. 

Al margen de la ley

«Lo que sucede con este caso en el Sexto Tribunal Civil en la Ciudad de México es que se pasan por el arco del triunfo este precedente de la Suprema Corte y terminan generando una determinación totalmente contraria a derecho y a los criterios internacionales agotados».
Roberto Rock, periodista y representante en México de la Sociedad Interamericana de Prensa, sostiene que la resolución del Tribunal Superior de la Ciudad de México «ratifica una sentencia contraria no solamente a la letra y espíritu de la ley, sino contraria a los precedentes de la Suprema Corte, a la libertad de expresión y a convenciones internacionales, particularmente convenciones interamericanas que también respaldan la libertad de expresión
». 

El fundador y director del portal La Silla Rota afirma que Sergio Aguayo no hizo ninguna imputación factual en la columna que le generó la demanda por parte de Moreira: «Evidentemente, es un mal precedente (la sentencia del magistrado Olea Contró) porque sujeta a la persona a años de litigio, como ha sido el caso de Sergio, y a un costo de su propio peculio. Son juicios que pueden costar cientos de miles de pesos».

Vía telefónica, Roberto Rock recordó que la jurisprudencia es muy clara en el sentido de que aquellos personajes que están en el ámbito público son más sujetos al escrutinio de la sociedad y por lo tanto su umbral de reclamo sobre su imagen pública disminuye, esto dicen jurisprudencias de la Corte que se tardaron muchos años; también existen en convenciones internacionales, y en ambos casos los jueces que emitieron sentencias ignoraron estos antecedentes», lamentó.

Momento oportuno para la discusión

Roberto Rock considera que esta situación se produce en un momento muy importante en que se está discutiendo una posible intención de reponer, por parte del actual Gobierno, el delito penal de difamación y calumnia que llevó a la cárcel a periodistas por décadas, y que hasta que en el sexenio de Felipe Calderón fue desaparecido del Código Penal, pero persistió en el código civil bajo la figura de daño moral que le permite a una persona reclamar la restitución o una indemnización por afectación en su prestigio.

Ana Cristina Ruelas también se refirió a la filtración de un documento de trabajo del Código Penal en el que se pretende incorporar nuevamente como delito la difamación, lo que significaría la posibilidad de ir a la cárcel por cualquier expresión que un poderoso como Moreira considere difamatoria.

Ambos admiten que la posibilidad de que la Suprema Corte atraiga el caso es una noticia importante, pues tienen la confianza que, de argumentar el ministro Ortiz Mena la trascendencia del caso, como se requiere, ahora sí se tomen en cuenta las jurisprudencias que existen.

Magistrado niega conflicto de interés

El magistrado Francisco José Huber Olea Contró negó que exista un conflicto de interés en la sentencia que emitió en octubre del 2019, donde condenó al académico Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por daño moral.

Cuando aún era gobernador de Coahuila en 2017, Rubén Moreira, hermano de Humberto, le entregó al hermano de Olea Contró, Jean Paul, una notaría, publicó Reforma; sin embargo, aseguró que tiene por lo menos veinte años sin ver ni saber de su familiar.

En cuanto a su fallo en el caso, explicó que de la columna que Aguayo publicó en enero del 2016 el juicio solo se limitó a las líneas donde el académico señala a Moreira como «corrupto» por delitos que habría cometido en España y no por los señalamientos en México.

De ahí que, dijo, para soportar su acusación, Moreira exhibió una copia de la sentencia que lo exonera en España. Esta, a juicio de Olea Contró, fue la prueba que demostró la intención del articulista de dañar la imagen del exgobernador. [Reforma]

Revisión: La SCJN podría atraer el caso

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Corte, pidió a sus compañeros ejercer su facultad de atracción para revisar, como última instancia, la sentencia que ordena al investigador y académico Sergio Aguayo pagar 10 millones de pesos por daño moral a Humberto Moreira. 

La petición no implica que la Corte necesariamente atraiga el amparo directo que Aguayo presentó en noviembre.

Gutiérrez tendrá que presentar en las próximas semanas un proyecto, justificando la importancia y trascendencia jurídica excepcional del caso, y convencer al menos a dos de sus cuatro colegas de la Sala para que el expediente sea atraído. [Reforma]

  • 10 millones de pesos es al cifra que Aguayo debe pagar tras el fallo de la Sexta Sala Civil de la CDMX.
  • 450mil pesos depositó la semana pasada el periodista para evitar el embargo de todos sus bienes.
  • La detención.- En enero del 2016 detienen en España al exgobernador Humberto Moreira. Ese mismo mes Sergio Aguayo escribe la columna.
  • La demanda contra el periodista.- Es hasta julio del 2016 cuando el priista Moreira demanda 
  • al articulista Sergio Aguayo por daño moral.
  • El antecedente.- El senador morenista Armando Guadiana recordó que en 2012 el exgobernador Moreira también lo demandó a él por daño moral.

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