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Nuevo Sistema de Justicia abona a la impunidad: abogados

Agentes del Ministerio Público reconocen la lentitud en los procesos y la necesidad de recursos; el estado solo invierte 9 pesos por persona en la investigación de delitos, de acuerdo con la investigación Índice Global de Impunidad 

Por: El Debate

Nuevo Sistema de Justicia abona a la impunidad: abogados(AFP)

Nuevo Sistema de Justicia abona a la impunidad: abogados | AFP

Sinaloa.- Un mes ha pasado desde que la Dirección de Vialidad y Transporte en Sinaloa municipio denunció ante el Centro de Justicia Penal, ubicado en Angostura, el robo de aproximadamente 30 mil pesos en su centro de cómputo para la expedición de documentos.

El delegado en Sinaloa de Leyva, Israel Rodríguez, se presentó ante el MP luego de más de una hora de camino e invirtiendo 500 pesos para llegar ahí. Después fueron sus dos empleados a ratificar la denuncia, y el costo del viaje se duplicó. Hasta hoy permanecen sin requerimientos ni ratificaciones por parte de los fiscales especializados para dar con el paradero de los ladrones, o en su caso recuperar los objetos sustraídos. 

«Nosotros, como es de gobierno, a fuerzas teníamos que ir allá porque somos responsables del equipo que tenemos a nuestro cargo», señaló el delegado, haciendo hincapié en cómo una persona común evita el proceso de la denuncia al ver todo lo que tienen que invertir en tiempo y dinero para llegar a la justicia. 

El caso muestra solo una cara del viacrucis que deben pasar los ciudadanos agraviados por la delincuencia. 

Imagen especial/EL DEBATE

Luis Roberto Sánchez Inzunza, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, señaló que a partir de la aplicación del Sistema de Justicia Penal en el estado y con la reducción de distritos judiciales, al pasar de 18 a 4 ubicados en Los Mochis, Angostura, Culiacán y Mazatlán, se han proporcionado altos niveles de impunidad: «Delitos menores no se denuncian por lo mismo burocrático y la lejanía para judicializar casos», señaló.

Asimismo, aseguró que lo anterior es un problema de operatividad, no del sistema en sí. 
La impunidad que vive Sinaloa quedó reflejada con el puesto número 12 a nivel nacional en la publicación del Índice Global de Impunidad 2018, realizado por la Universidad de las Américas Puebla y retomado por esta casa editorial. 

El estudio indica que el Sistema de Justicia Penal en Sinaloa presenta deficiencias en su estructura, y lo expone en el presupuesto ejercido por la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia per cápita con 8.95 pesos, así como las agencias del Ministerio Público, que por cada cien mil habitantes mantiene 2.61, cifra por debajo de la media nacional, que es de 3.53 agencias. 

Trámites burocráticos 

Óscar Torres, directivo del Colegio de Abogados y Litigantes de Los Mochis AC, señaló que los delitos que no son juzgados quedan en las carpetas de investigación de las fiscalías y no se concluye con una consignación; y si lo hacen, no hay una resolución de un juez que sancione la conducta antijurídica. Además, aclaró que, como abogados, no ven culpables, sino responsables en el ejercicio de la función pública, y la falla —agregó— viene de la Fiscalía General: «Es a quien le corresponde una atribución constitucional de la investigación de los delitos y consignarlos a un juez para que sea quien los juzgue», manifestó. 

El abogado litigante desestimó que sea el nuevo Sistema de Justicia Penal la causa de la impunidad en el estado, pero hizo hincapié en los operadores del mismo, coincidiendo con Luis Roberto Sánchez Inzunza , presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa

Torres ejemplificó las fallas de operatividad con la Policía Investigadora, la cual no investiga el ilícito, y por lo tanto de ahí inicia la cadena de impunidad: «¿Por qué enseguida el fiscal no hace el trabajo de integración de carpetas de investigación para tornarnos a un juez de control para que sea él quien inicie el trámite jurisdiccional y sancione?». 

El directivo del Colegio de Abogados y Litigantes de Los Mochis AC señaló que acercar la justicia a los ciudadanos a través de centros de justicia penal, sus policías investigadores, magistrados, jueces, entre otros, depende del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, la Fiscalía General, así como del presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados, a efecto de hacer modificaciones, así como administrar y suministrar los recursos económicos. 

Lentitud en procesos

Paralelo a ello, agentes del Ministerio Público de la zona norte salieron en defensa del nuevo sistema penal acusatorio y oral porque aseguraron que sí se castiga a los culpables; sin embargo reconocieron que los procesos son lentos.

Los agentes, quienes decidieron omitir sus nombres para esta publicación, atribuyeron la impunidad que opera en el estado a la falta de denuncia, en caso de una ratificación.

Explicaron que, en el sistema tradicional que imperaba en Sinaloa, en ciertos casos, las víctimas del delito desistían de acudir a los juzgados por diferentes motivos, como falta de tiempo, desinterés, temor, entre otros. Sin embargo, hoy —expresaron—, con el nuevo sistema poco a poco van saliendo los resultados de una investigación, como homicidios, en diferentes modalidades. 

Recalcaron la importancia de que las autoridades estatales incluyan todo el apoyo que se requiere para los MP y no solo al momento del los nombramientos oficiales. 

Desde Los Mochis, los agentes del Ministerio Público externaron a su vez la incapacidad de los policías municipales, ya que señalaron que en ocasiones deben rehacer los partes informativos al presentar errores, lo que puede generar que el caso «se caiga» y que ellos sean sancionados. 

En relación con los anterior, el director de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, Jaime David Silva García, aseguró que mantienen capacitaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal: «La SSP nos ha estado ordenando constantemente que tomemos las capacitaciones. Esto no es para iniciarse, sino para recibir todas las actualizaciones que esto conlleva», expresó.

Sin embargo, José Antonio Serna Valdés, presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Camberos, en Mazatlán, sostuvo que la omisión y la falta de disposición para destinar importancia al combate de la impunidad en los tres niveles de gobierno no brinda los resultados efectivos que deben otorgar a la ciudadanía, «lo que es un problema grave porque la impunidad es la madre de todos los vicios».

El hecho de que un delito no quede aclarado —dijo— va a alentar a que se cometan y se viva en el país en el que «no pasa nada», produciendo una degeneración en la sociedad.

Destacó que, a pesar de que se ha avanzado en casos como el Sistema Nacional Anticorrupción en Sinaloa, tristemente la sala del Tribunal de Justicia Administrativa no cuenta con presupuesto: «Es una falta de seriedad en la necesidad de justicia en el estado.

Por falta de recursos, la Fiscalía carece de medios y recursos para el combate a las omisiones y actos de corrupción que generan actos de impunidad que a la sociedad le duelen. También es una pena y vergüenza que no se haya designado a nivel nacional un fiscal anticorrupción por falta de voluntad política», subrayó. 

Imagen especial/EL DEBATE

Serna Valdés aseguró que las autoridades no están generando la percepción favorable que deben tener de la ciudadanía, en particular con el combate a la impunidad, lo que pone al país como un país carente de certeza jurídica que tampoco la podrá ofrecer a inversionistas que decidan instalarse. 

En concordancia, Aurelia Leal, abogada litigante, destacó que la falta de denuncias se incrementó desde la reforma al nuevo Sistema de Justicia Penal. La representante en Sinaloa de la Asociación de Mujeres Mexicanas Organizadas en Red incluso dijo que los Centros de Justicia Penal tienen a funcionarios con falta de sensibilidad, gente que no está comprometida con su trabajo: «Es un sistema, pero no lo profesionalizaron y no lo hicieron ni siquiera en cuestión de género. Las víctimas de violencia se sienten afectadas doblemente», describió. 

Leal López expuso la falta de peritos en la materia, sobre todo en homicidios, así como la falta de modernización para darle seguimiento en la construcción de escenas del crimen. Contrario a los dicho por Óscar Torres, directivo del Colegio de Abogados y Litigantes de Los Mochis AC, Aurelia sentenció que este sistema de justicia está generado mayor impunidad y mayor delincuencia.

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