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Sinaloa

Los jueces ante la tortura

Los juzgadores de cualquier instancia deben aplicar judicialmente la Constitución y los tratados internacionales para someter los actos de autoridad de los que deban conocer a un análisis de compatibilidad con los derechos humanos
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Por: Enrique Inzunza Cázarez

Los jueces ante la tortura(Imagen especial/EL DEBATE)

Los jueces ante la tortura | Imagen especial/EL DEBATE

Sinaloa.- Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. El artículo 1.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, impone la obligación a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dicha norma constitucional, de conformidad con el sentido y el alcance que le ha sido atribuido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, inter alia, el expediente varios 912/2010 y la contradicción de tesis 293/2011, preconiza el papel de los jueces nacionales como garantes de los derechos humanos.

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Es así que todos los juzgadores del país, con independencia de fuero o jerarquía, tienen el indeclinable carácter de jueces de derechos humanos, con lo que se ratifica el contenido imperativo de la Constitución como norma jurídica prevalente y vinculante en la función de juzgar, así como el carácter indisponible de los derechos fundamentales. Lo anterior significa que los juzgadores de cualquier instancia deben aplicar judicialmente la Constitución y los tratados internacionales para someter los actos de autoridad de los que deban conocer —como son los cumplidos por el Ministerio Público y la Policía en la fase de investigación del delito— a un análisis de compatibilidad con el contenido de los derechos humanos en concernencia, para lo cual se deberá atender a la interpretación normativa autorizada que otorgue mayor amplitud a su protección, bien sea de cuño nacional o bien del sistema universal, incluido, por supuesto, el interamericano.

Imagen temática: Pixabay
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De conformidad con el estándar internacional (1), así como a la doctrina jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda autoridad que tenga noticia de un acto constitutivo de un probable delito de tortura tiene el deber efectuar su denuncia; la omisión de hacerlo constituye una falta a los deberes básicos de legalidad y profesionalismo, sancionable en sede disciplinaria, e incluso una conducta tipificada como delito en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2). Por lo tanto, sin excepción alguna, cuando un juez de instancia o tribunal de apelación reciba la manifestación de que una persona ha sufrido tortura, o cuando adviertan indicios de su perpetración, o tengan razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura (3), oficiosamente y de inmediato deberán cumplir con dos obligaciones (4): En primer lugar, dar vista con efecto de formal denuncia al Ministerio Público para que este, conforme a su competencia constitucional, inicie una investigación pronta, objetiva e imparcial, llevada con debida diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, sobre la probable comisión del delito de tortura (5). A tal efecto, el juzgador deberá acompañar el registro donde conste el acto procesal en el cual obre la expresión del imputado (o del testigo, en su caso) de lanoticia de la tortura.

En segundo término, realizar una revisión exhaustiva de los registros y las constancias de la causa, para el efecto de analizar si existen indicios que sustenten, bajo un parámetro de probabilidad razonable, la veracidad de la tortura alegada por el imputado, o bien para determinar la naturaleza y el origen de las lesiones que presentare, a fin de dilucidar si la declaración autoincriminatoria fue producida por mor de la coacción, a efecto de determinar la aplicación de la regla de exclusión probatoria respecto de la misma, así como los elementos probatorios directamente obtenidos a partir de ella, en la resolución de término constitucional o en la audiencia intermedia, según sea el caso. 

De encontrarse indicios de violencia ejercida sobre el imputado, deberá aplicarse el estándar interamericano, vinculante para todos los juzgadores nacionales, que establece que la carga de la prueba sobre la ilicitud de la declaración autoincriminatoria no corresponde al encausado, sino al órgano de la acusación (6).

Foto: EL DEBATE

Ante la inexistencia o insuficiencia de indicios que la corroboren, o cuando la tortura alegada fuera del tipo de aquellas que no dejan rastro, huella o vestigio físico, el juzgador deberá abrir una investigación a fin de dilucidar, dentro del proceso, si se violaron los derechos humanos del imputado a la integridad personal y a no declarar contra sí mismo, como partes del debido proceso; para tal efecto, el juzgador goza de libertad probatoria por lo que podrá acordar los actos y diligencias que estime pertinentes para dicho particular.

En este supuesto, el juzgador podrá ordenar la realización al imputado de pericial médico-psicológico conforme al Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). Para ello, deberá atender y verificar si existe algún tipo de restricción para su aplicación, y si existe o no consentimiento informado de la persona denunciante. 

Previo a dictar a dictar auto de apertura a juicio, el juez de control a cargo de la causa deberá requerir al Ministerio Público informe sobre el resultado de la investigación iniciada en virtud de la denuncia presentada. Bajo la premisa que, de conformidad con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las dos investigaciones —la que concierne a la tortura como delito, que atañe exclusivamente al Ministerio Público, y la que respecta a la tortura como violación de derecho humanos, que compete al juzgador— son autónomas, por lo que no resulta necesario que se tenga por acreditada la tortura como delito para el efecto de tenerla por acreditada como violación de derechos fundamentales (7). Independientemente del informe sobre el resultado de la investigación de la tortura que le remita el Ministerio Público, el juzgador, con base en los actos de prueba por él ordenados de manera oficiosa, deberá determinar si en el caso se encuentra acreditada la existencia de tortura —en su vertiente de violación de derechos humanos—, con las consecuencias procesales condignas, es de decir, la aplicación de la regla de exclusión de prueba ilícita.

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