Sinaloa

Queda sin efecto acción penal contra titular del Poder Judicial en Sinaloa: Fiscalía

La Unidad especializada contra las mujeres determinó la extinción de la pretensión punitiva por perdón de la persona ofendida

Por: El Debate

Foto: Cortesía

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Culiacán.- La Unidad especializada en violencia contra las mujeres, la familia y grupos en estado de vulnerabilidad, de la Fiscalía General del Estado, determinó la extinción de la pretensión punitiva por perdón de la persona ofendida en la carpeta de investigación iniciada contra el titular del Poder Judicial del Estado.

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Con dicha determinación del Ministerio Público se deja sin efecto jurídico las acusaciones interpuestas por funcionaria del Poder Judicial, adscrita al sur de Sinaloa.

Esta determinación del Ministerio Público, a solicitud de la parte acusadora, se sustenta en el párrafo IV del artículo 106 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, y párrafo IV del artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Artículo 106.- Son causas de extinción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, las siguientes:

IV.- Perdón del ofendido en los delitos de querella;

Artículo 485.- Causas de extinción de la acción penal

La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad se extinguirán por las siguientes causas:

IV. Perdón de la persona ofendida en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente”.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reitera que en estos y todos los hechos de conocimiento del Ministerio Público, se privilegia el derecho, respeto y protección de las víctimas del delito, sin menoscabo de las garantías para las partes, como son entre otros el principio de igualdad jurídica, la presunción de inocencia, por mencionar algunos.

Posición del Magistrado Enrique Inzunza

El día 26 de abril el señor Fiscal General del Estado reveló, de forma por completo inusual, que la institución a su cargo había iniciado una investigación en mi contra por el delito de acoso sexual, cometido supuestamente en contra de una servidora judicial cuya identidad mantuvo bajo reserva, dijo el Magistrado Enrique Inzunza Cázarez.

A dos meses y medio, lapso durante el cual el señor Fiscal General hubo reiterado en posteriores conferencias a medios “que la carpeta seguía abierta pero que no podía dar detalles del avance de las investigaciones”, y pese a haberme puesto públicamente a disposición de la Fiscalía y haber exigido de su titular una investigación inmediata, diligente, rigurosa y veraz, nunca —léase bien, nunca—, fui legalmente  informado de los hechos ni citado o requerido a comparecer por la Fiscalía.

Se me han atribuido por el señor Fiscal General ante los medios y la sociedad, con el fin de afectar mi nombre y prestigio personal y profesional, y aún la imagen de la institución a la que represento, hechos que carecen de veracidad y sustento, sin notificarme e informarme legalmente de ellos para ejercer mi derecho a demostrar su falsedad.

Exijo que se actúe honrando la ética y la responsabilidad, y se aclare públicamente la realidad de las cosas: que dicha investigación. carece de elementos y que nunca los tuvo, concluyó.


 

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