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Cobro de catastro compete a los municipios y al estado: Nicolás Zúñiga

Los distintos niveles de Gobierno deben coordinarse para hacer más eficiente el cobro del impuesto predial rústico y urbano, afirma Nicolás Zúñiga

Por  Ramón Verdín

1 millón de inmuebles están concentrados en Sinaloa, según datos del 2017.(Archivo/ EL DEBATE)

1 millón de inmuebles están concentrados en Sinaloa, según datos del 2017. | Archivo/ EL DEBATE

Los Mochis, Sinaloa.- El cobro del impuesto predial rústico y urbano está a punto de convertirse en la mejor fuente de ingresos para los gobiernos municipales, lo cual incrementaría las finanzas estatales y las participaciones de la federación para Sinaloa. No obstante, el nivel de regularización de predios en la entidad es el principal recurso a saltar por parte de los ayuntamientos sinaloenses, manifestó Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinoza.

El doctor en Ciencias Sociales asentó que existen alrededor de un millón de predios en Sinaloa, la mayor parte de ellos en situación de abandono, por lo que constituyen un recurso desaprovechado y que perjudica no solo al gobierno, sino a los habitantes y a la calidad de servicios a los que podrían tener acceso. 

¿Cómo podría un municipio aprovechar y obtener una renta de los predios inútiles que están sin registro?

En México, el catastro que se maneja es ortodoxo (lo que se busca es nada más ver la cuestión tributaria de los impuestos, lo jurídico, de quién es la propiedad, dónde está ubicado y cuál es el valor económico), hasta ahí. Y con esos fines empezó el catastro en todo el mundo.

Debemos avanzar, hacer y ser multifinalitarios, significa que además hay que agregarle otros aspectos, no nada más que tenga que ver con lo tributario, con base en datos donde se pudiera tener información acerca del medio ambiente.

Por ejemplo, con las inundaciones que hubo en Sinaloa, debiéramos tener la información de cuáles son las zonas inundables, cuáles son las zonas para reforestación, cuántas propiedades se estiman para la producción agrícola de camarón, con qué infraestructura contamos, cuántas carreteras y equipamiento urbano; todo eso debiera agregarse, son aspectos que debemos tener ahora para mejores decisiones.

¿Qué consideraciones tomó para la elaboración del artículo «El catastro e inmuebles informales en municipios de Sinaloa, México? 

Para el estudio consideré los cuatro municipios más grandes. Hay 827 mil inmuebles. Si sumamos el resto, hay aproximadamente un millón de propiedades en Sinaloa. De estos, el 44 por ciento está en Culiacán. Lo que llama la atención es que hay muchos inmuebles que están abandonados, no tienen seguridad jurídica, y esto genera problemas al gobierno y a los usufructuarios porque imposibilita a quien tiene un terreno por las orillas de la ciudad para solicitar un crédito, ya que no puede comprobar o acreditar que tiene la propiedad, y eso lo frena para construir su casa.

Hay propiedades que están en terrenos informales, y eso es impedimento para siquiera obtener un crédito, ya que la casa no la pueden poner en garantía para poner un abarrote o etcétera. Desde el punto de vista de las rentas, el predial es el impuesto más longevo, más viejo, que hay en el mundo.

En el caso particular de Latinoamérica y de México, es el primer candidato para incrementar la recaudación de los municipios.

En el año 2013 hubo una reforma fiscal del Gobierno federal donde los gobiernos estatales empezaron ayudarle a los municipios para recaudar el predial. En general, en la República mexicana, los resultados no han mejorado. Es necesario lograr la integridad jurídica de las propiedades inmobiliarias porque esto puede ayudar a que lleguen más inversiones.

El municipio debe tener reservas territoriales para los desarrolladores. Por otro lado, hay que buscar la forma de generar una seguridad jurídica y la tenencia de la tierra en la zona urbana y rural para que no haya solares enmontados, ya que afectan porque no están pagando predial y deterioran la agenda pública municipal de Sinaloa y de México. Si un terreno está sucio, genera problemas de enfermedades (dengue) o cuestiones de inseguridad pública. Lo que falta es que los ayuntamientos se metan a administrar el catastro gradualmente.

¿Qué municipios sinaloenses serían los más aptos para la implementación de estas políticas?

Culiacán lo está haciendo, no en su totalidad, ya que el catastro lo está administrando en parte el Gobierno del Estado. De acuerdo con lo que hemos estudiado, Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave tienen posibilidades de empezar a cobrar y administrar el catastro gradualmente. En un segundo momento, ver si Navolato y Salvador Alvarado tendrían esas posibilidades o capacidades institucionales, administrativas, técnicas y de personal que trabaja en los ayuntamientos.

Los demás municipios los tiene que seguir administrando el Gobierno del Estado. En Baja California, todos los municipios administran el catastro, igual que en Baja California Sur. En Sonora, los municipios más grandes administran su catastro directamente. Sinaloa se está quedando rezagado en eso, y afecta a las finanzas públicas de los municipios y al estado porque al recaudar menos impuestos los municipios perjudican las transferencias que entrega la federación a la hacienda pública estatal. 

¿Cómo puede actualizarse el catastro sin significar esto un desembolso para los ayuntamientos? 

Los ayuntamientos están pagando en el catastro, que hace recorridos satelitales y tienen que actualizarse en coordinación con el Gobierno del Estado, ya que le interesa esto bastante. 

¿Considera necesaria la creación de entidades nuevas o con las que existen es suficiente para administrar sus recursos o el cobro de este impuesto? 

Más que el gravamen, enfocarse en actualizar el catastro. Los ayuntamientos, iniciando con Mazatlán, Ahome y Guasave, en las direcciones de Obras Públicas pueden poner «oficinas piloto de catastro» y coordinarse con las delegaciones de catastro estatales en cada municipio. Obras Públicas alimenta al catastro con el número de calles pavimentadas, las propiedades que subieron de valor, y toda esa información debe actualizarse lo mas rápido.

En el catastro no hay la tasa de refresco que se requiere. Debe existir mayor agilidad en las actualizaciones, y a quien más le conviene es a los ayuntamientos. Entre más recientes sean los valores catastrales, impactarán en una mejor administración. Tienen que ir más allá del catastro ortodoxo y llegar al catastro multifinalitario, donde se incluyan variables de medio ambiente, equipamiento urbano, infraestructura, instalaciones; y de las realidades económicas que hay sobre cada uno de los habitantes, dónde está la zona comercial, residencial, industrial, de recreación, de parques.

Debe haber un seguimiento muy puntual de las direcciones de Obras Públicas en cada comuna, ordenar el territorio y darle un buen uso al suelo urbano y rural. Vemos que está una casa, luego está un taller mecánico, una tienda de ropa, eso debe irse corrigiendo en el futuro, no pueden existir talleres en una zona donde hay fraccionamientos; sin embargo, vemos que ocurren esas situaciones. Tiene que haber un ordenamiento. No buscamos la recaudación, sino el ordenamiento del territorio para tener mejores decisiones, para la llegada de inversiones, para tener seguridad jurídica de quienes usufructúan los inmuebles.

¿Debería buscarse un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones? 

El catastro multifinalitario se está aplicando en Medellín (Colombia), que es un ejemplo en toda América Latina, y con muy buenos resultados. Ellos están teniendo beneficios muy claros al tomarse de la mano el Gobierno del Estado y los ayuntamientos. En Chile, el catastro es administrado por el más alto nivel de gobierno, y tienen muy buenos resultados.

La experiencia dice que deben administrar el catastro los gobiernos locales. En el caso de la nación sudamericana, lo administra el Gobierno federal y reparte el recurso. En Sinaloa, el caso de Guasave, que es una ciudad relativamente pequeña, si se organizan bien el Gobierno estatal y municipal, puede ser muy limpia y ordenada.

Donde hubo mucho auge fue en Mazatlán. Gracias a la carretera Mazatlán-Durango, vemos cómo el equipamiento urbano e infraestructura le dio un alza a la plusvalía en el puerto. En temporada de vacaciones no hay dónde hospedarse, y están construyendo todavía más hoteles. Mazatlán es el municipio que más está incrementando su plusvalía por el impacto del mejoramiento de la infraestructura.

En última instancia, ¿podría replicarse el modelo chileno donde la federación recauda y luego distribuye el recurso derivado del catastro? 

Sería muy complicado. La educación misma se descentralizó en 1992, y el problema fue la corrupción: se tuvo que recentralizar. El catastro debe seguir siendo administrado por el municipio. No creo que la federación lo hiciera mejor. A nivel federal sería adecuado que se hiciera una ley de carrera profesional para los municipios.

Hay gente que tiene perfil de fortalecer las áreas de la hacienda pública y del catastro municipal; que los programas no sean interrumpidos a raíz de los procesos electorales, eso es lo que hace falta. Soy de la idea que el programa debe seguir como está, pero fortaleciéndose.

EL PERFIL

Nombre: Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinoza
Profesión: profesor e investigador de la UAS, donde imparte el seminario de Finanzas Públicas en el posgrado de la Facultad de Contabilidad y Administración.
Trayectoria: doctor en Ciencias Sociales (UAS) y maestro en Gestión y Política Pública (UAdeO). Es exbecario del Lincoln Institute en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos).