Sinaloa

La afectación económica que también deja el crimen

Estudios señalan que los daños relativos a la criminalidad se extienden también 
al ámbito económico, significando gastos en los sectores público y privado

Por  Fabiola Cerros

Alrededor de  92 personas fueron asesinadas al día en México para el primer mes del año,(temática/archivo)

Alrededor de 92 personas fueron asesinadas al día en México para el primer mes del año, | temática/archivo

En promedio, 92 personas fueron asesinadas al día en México para el primer mes del año, con 2853 víctimas de homicidio doloso para el primer mes del 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Más allá de la inseguridad, se involucra también un factor significativo para la economía: lo relacionado con los costos de dicha violencia, ya que según el estudio «Los costos del crimen y la violencia», del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ante los altos índices de criminalidad, los costos del delito pueden ser considerables. 

Dicho estudio indica los costos expresados en términos nominales en dólares internacionales considerando que para la región de América Latina y el Caribe México ocupa el segundo lugar después de Brasil, con costos de cerca de 40 mil millones de dólares, siendo determinado por el tamaño de la economía de cada país.

El impacto económico de la violencia en Sinaloa en 2016 fue de 112.4 miles de millones de pesos, el equivalente al 29 por ciento del PIB estatal, y aproximadamente 37 350 pesos por habitante, según datos del Informe Sinaloa 2017 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. 

Los números del crimen
Sinaloa se encontró en 2016 entre los diez estados que presentaron las mayores amenazas para la seguridad de las empresas en México, según el informe más actual para Sinaloa del Índice de Paz México.

En ese sentido, la ciudad de Culiacán está situada en el número 16 del ranking de las cincuenta ciudades más violentas a nivel mundial, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con una tasa de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes para el año 2018, contando para esa fecha con una población de 966 609 habitantes. 

Para el listado del 2018, se retiró del ranking a Mazatlán, que figuró en la posición 43 en el año 2017.

En la lista figuran además otras catorce ciudades del país, siendo esta a su vez encabezada por el área metropolitana de Tijuana, con una tasa de 138.26 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

Sectores
Los indicadores proporcionados por el BID tomaron en cuenta gastos del sector privado y público correspondientes a cada país; sin embargo, no fueron considerados otros costos directos e indirectos, tales como programas de prevención de la violencia, gastos en salud debido a la violencia o el impacto de la delincuencia en otros resultados, como los precios de la propiedad.

Según consideraciones del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), las altas tasas de violencia, crimen y delincuencia propician una sensación de miedo que afectan tanto la calidad de vida, como las decisiones económicas que pueden tomar tanto los individuos, como el Gobierno.

El IEP refiere en el estudio «The economic value of peace 2018» diferentes gastos que se pueden presentar en reacción a la violencia, como gastos en seguridad personal, costos directos e indirectos del hecho y reparación del daño. 

Afectaciones a la inversión
En este sentido, el economista Jorge Sánchez Sandoval explicó en entrevista telefónica a EL DEBATE que para los inversionistas nacionales y extranjeros los números de la criminalidad son determinantes: «Para la inversión se toman en cuenta ese tipo de factores, que pueden afectar propiedades, inversiones, etcétera».

Explicó que al contar con cifras negativas en ese aspecto, los destinos no se consideran como buenos destinos de inversión. 

Sostuvo además que en los estados más dañados por los altos índices violencia se sufren bajas en los niveles de economía. Asimismo, manifestó que en lo relativo al estado, los gastos también se hacen presentes ante esta situación: «Se da un esfuerzo para reforzar la seguridad, se gasta más en armamento, equipamiento, en traslado de policías». 

Además, recordó que, en el aspecto individual, la criminalidad y el aumento en la tasa de homicidios también simboliza gastos a los particulares.

En el aspecto de la familia, cuando hay muertos, se realiza un gasto; por todos lados es negativo», finalizó.

El vicepresidente regional Pacífico-Centro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Miguel Ángel Manjarrez, afirmó que las cifras de violencia inhiben y desmotivan la inversión: «Esto —refiriéndose a los niveles de delincuencia— genera una incertidumbre y un temor en el estado para quien quiera invertir».

Para la situación actual de violencia, el vicepresidente de Canacintra agregó que personalmente percibe una mejoría: «El secretario de Seguridad Pública así lo asegura; sin embargo, no son los números que los sinaloenses desean. Queremos mejores números, que nos den certidumbre a quienes van a apostar su dinero en Sinaloa. No es un clima propicio para la inversión. Ojalá los esfuerzos realmente estén encaminados a resolver el problema, porque de eso estamos los sinaloenses muy necesitados, pero a la vez muy escépticos. Ojalá el camino que están eligiendo llegue a un resultado y sea correcto», indicó.

Para entender...

En estado de alerta
No es cuestión menor, no se puede desestimar el warning o alerta contra la inseguridad que hace Estados Unidos que recomienda a los estadounidenses, y sobre todo a los empleados de Gobierno a no viajar a Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima y Tamaulipas por la alta inseguridad.

Incluso, el gobernador Quirino Ordaz acaba de tomar nota y emprender las acciones para bajar la ola de violencia al cambiar antier al secretario de Seguridad Pública, Genaro Robles, por Fermín Hernández, porque para gran parte del estado el turismo es la mayor actividad económica, en especial para Mazatlán y para el norte con los visitantes que vienen al recorrido del Chepe a la sierra tarahumara. 
Publicó EL DEBATE el 18 de julio de 2018 [disponible en: http://cort.as/-FxcZ]

EL DATO

COMPONENTES

El impacto económico para el IEP corresponde a los costos directos, que son los costos del delito o la violencia para la víctima, el perpetrador y el gobierno, como el costo de policías. Por otro lado, los costos indirectos se generan después del hecho y van relacionados con el incidente violento, como lo son gastos médicos y gastos futuros.