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Latente el aumento de agresiones a periodistas

El senador Mario Zamora y el politólogo Roberto Rock opinan que el discurso del presidente López Obrador no abona al respeto por el gremio periodístico

Por  Lorena Caro

Latente el aumento de agresiones a periodistas(Foto: El Debate)

Latente el aumento de agresiones a periodistas | Foto: El Debate

En Sinaloa, del 2008 a la fecha, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos mantiene el registro de 41 expedientes de quejas por parte de periodistas. Amenazas, intimidaciones y asesinatos han llegado a vulnerar la integridad de los articulistas de la noticia y sus derechos a la libertad de expresión. 

En entrevista para EL DEBATE, actores políticos y sociales coincidieron en que el Estado mexicano debe fortalecer los mecanismos de prevención y organización para la protección de los mismos.

Miguel Calderón Espinoza, visitador general de la Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa, destacó una disminución de quejas de agresiones durante el 2018, con solamente dos casos, y subrayó que durante los primeros tres meses del 2019 ya se tiene el registro de dos quejas, una de ellas incluso por el reciente asesinato de Omar Iván Camacho Mascareño, periodista deportivo en Salvador Alvarado: «En ese caso pudiéramos decir que se ve un latente aumento a los tres meses de corte que llevamos de estas agresiones, de acuerdo a las quejas realizadas», explicó. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y los datos proporcionadas a esta casa editorial precisan que el 2008 se mantiene como el año de mayores quejas, con seis; seguido de los años 2010, 2011, 2014 y 2017, con cinco quejas cada uno. Cabe destacar que durante el 2017 ocurrió el asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán.

Calderón Espinoza indicó que en la mayoría de los casos se desconoce de dónde vienen las amenazas a periodistas, y aunque como institución no investigan los hechos, sí incitan a que la autoridad lo haga. 

Sobre el homicidio de Omar Iván Camacho Mascareño, periodista en Salvador Alvarado, explicó que tuvieron un acercamiento directo e inmediato con la esposa del mismo para asegurarse de que no sufriera amenazas y que contara con el protocolo de protección. A su vez, manifestó que se hizo el llamado a la autoridad para que responda con las investigaciones. 

Estados deben trabajar en prevención 

Ante dicho panorama, Roberto Rock, vicepresidente de las Comisiones de Impunidad y de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), opinó que en la crisis que enfrenta el país desde hace más de diez años con una cifra superior a los cien periodistas asesinados, alrededor de quince desaparecidos y siete asesinados tan solo en lo que va del 2019, diversos actores como el Gobierno federal, las empresas periodísticas y el propio gremio han fallado. 

Desde la Ciudad de México manifestó que, de acuerdo con lo que establecen los compromisos suscritos por México en materia de libertad de expresión, en materia de periodistas, se les pide a los estados generar políticas públicas en tres entes de trabajo que han sido denominados como las tres pes: prevenir atentados, proteger a periodistas y perseguir los delitos. 

Rock expuso que registrar atmósferas inseguras para periodistas, buscar capacitación para cierto tipo de coberturas y combatir la impunidad, que —dijo— supera el 90 por ciento, donde los atentados a periodistas no son esclarecidos por las autoridades, son algunas de las formas de responder al problema.

A su vez, vio necesario que se cree una política de protección en perspectiva de género para mujeres periodistas. 

El senador priista Mario Zamora lamentó lo ocurrido con el periodista Omar Iván Camacho, e indicó que el Estado mexicano tiene que poner atención en que se pueda vivir en un país que permita expresarse con toda libertad, sin poner en riesgo no solo ningún derecho humano, sino la vida. 

Además, añadió que es ahí donde el Gobierno federal debe presentar una actitud mucho más tolerante, más abierta y poner medidas más claras y estrictas: «No solo los periodistas, sino que todos podamos desenvolver nuestra vida diaria sin miedo a perder lo más importante que tenemos, que es nuestra seguridad», expuso. 

Con lo anterior, hizo hincapié en los altos índices de violencia que ha registrado el país durante los meses de enero y febrero, mismos que son los más violentos en los últimos veinte años: «Entonces, a veces parecemos entretenidos, pidiendo perdón por cosas que pasaron hace 500 años, y hoy por hoy estamos viendo que muchas de las cosas que dijeron que se iban a solucionar no se están solucionando», expuso. 

Piden a AMLO moderarse 

Roberto Rock abundó que el Gobierno, particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe hacerse cargo de términos como chayotero o fifí, pues la descalificación o los señalamientos a periodistas y medios de comunicación aumentan el riesgo de agresiones a periodistas: «En un país polarizado políticamente como lo es México, puede resultar en un incentivo donde simpatizantes, los seguidores del presidente López Obrador o de Morena se sientan estimulados para agredir a periodistas de cualquier gremio, camarógrafo, fotógrafo. Creo que ese tipo de descalificaciones estimula una atmósfera que en sí misma agrava una situación peligrosa y lamentable», sentenció Roberto Rock, politólogo por la UNAM. 

El senador Zamora coincidió con Rock al opinar que los señalamientos del presidente Andrés Manuel que hacen referencia a una prensa fifí, chayotera y más no abonan en la protección de los periodistas; al contrario, mencionó que debe ser el Estado quien ponga el ejemplo.

Puntualizó que el discurso enfrenta en lugar de unificar: «Este tipo de descalificaciones, de ustedes los buenos y nosotros los malos, o al revés, no ayuda y no abona, y otra vez, y ahí están los hechos en la realidad, está poniendo en riesgo no solo la vida de los seres humanos, sino un valor tan importante para la democracia como es la libertad de expresión, la libertad de poder decir y expresar y comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, sin temor de ver nuestros derechos restringidos y sobre todo sin temor a perder la vida», sostuvo.

Coordinaciones estatales 

En materia legal, el abogado constitucionalista Gonzalo Sánchez de Tagle destacó que la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creada en 2012, mantiene un mecanismo muy complejo.

Señaló que lo más importante son las medidas de evaluación y riesgo, ya que ante los niveles de violencia que se viven en el país no hay mucho que se pueda hacer, salvo la parte previa. 

Vía telefónica, indicó que dicha ley funciona muy bien; sin embargo, dijo que es insuficiente: «El Código Penal federal no establece como tal un delito cometido en contra de periodistas, sino que solamente se trata de un agravante en donde se incrementa en un tercio la penalidad por cometer el delito contra el periodista, y el bien jurídico que yace en ese caso es atentar en contra de la libertad de expresión», explicó. 

Asimismo, el experto manifestó que el modelo y el sistema de proyección es correcto, pero lo importante es articular la coordinación con los estados, porque al final del día son delitos locales. Agregó que también es necesario difundir los mecanismos de protección con los periodistas, que deben activarlos en el primer sentido de peligro.

Homicidio de Omar Iván

El 24 de marzo del presente año encontraron el cuerpo sin vida del periodista deportivo Omar Camacho debajo del puente que conduce a la comunidad de La Escalera, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició la carpeta de investigación 650/2019, que integra la Unidad del Ministerio Público de lo penal especializada en el delito de homicidio doloso, de la región Centro-Norte.

De la necropsia correspondiente se obtuvo como resultado que la causa de la muerte deriva de traumatismo craneoencefálico cerrado por mecanismo contundente, información ya integrada a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía aún no ha dado mayor información sobre el caso.