Muchas interrogantes en torno al presupuesto 2019

El techo financiero depende de tres posibles escenarios, sin descartar el veto de parte del Gobierno del Estado

Por  Cecilia Barrón

19 diputados votaron a favor de la reasignación del presupuesto.(EL DEBATE)

19 diputados votaron a favor de la reasignación del presupuesto. | EL DEBATE

Preguntas como ¿qué pasará con el Presupuesto de Egresos del Estado 2019?, ¿cómo podrá salir avante la entidad si se prolonga la indefinición en el techo financiero?, así como ¿qué tanto tiempo puede tardar?, son solo algunas de las que han quedado en el aire con lo ocurrido tras la aprobación del PEE 2019 en el Congreso del Estado, la falta de publicación en el Periódico Oficial del Estado y el posible recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de las bancadas locales del PRI y del PAN. 

Ante ello, EL DEBATE recurrió a la opinión de expertos en la materia para esclarecer tres escenarios posibles detrás de un presupuesto en discordia. 

De acuerdo con las opiniones de Jacinto Pérez Gerardo, exsecretario del Congreso del Estado, y de Saúl Lara Espinoza, consultor y asesor de derecho constitucional, a partir de ahora los sinaloenses pudieran ser testigos de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ordene la publicación del documento en el Periódico Oficial del Estado, pero usando el recurso del veto para redirigir a la Cámara de Diputados, generando observaciones a partir de ello.

Por otro lado, que la Ley de Ingresos y Egresos 2019 se haga efectiva tal y como fue aprobada, con una reasignación de mil 663 millones de pesos, o en su defecto que el proceso se alargue de manera indefinida, llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un recurso promovido para anular la votación, aplicándose la distribución del presupuesto 2018 a partir de este mes. 

El as bajo la manga

El próximo jueves vence el plazo para que el mandatario estatal publique en el Periódico Oficial del Estado el decreto de la Ley de Ingresos y Egresos 2019 recién aprobado; sin embargo, podría haber un veto, con observaciones a las reasignaciones estipuladas, tal como lo explicó Pérez Gerardo: «Hasta el jueves es el límite. Ocho días hábiles, a partir de la presentación del documento, para hacer las observaciones. De ahí un procedimiento establecido en la ley orgánica, en el artículo 168, en que recibidas las observaciones se turnan a la Comisión de Hacienda para que esta elabore el dictamen de opinión con esas observaciones y proponga las que considere procedentes o no. Luego se lleva ese dictamen al pleno». 

El expresidente del Consejo Estatal Electoral reveló que, si la mayoría calificada del pleno acepta la modificación, entonces se hacen ajustes al decreto y se envía uno nuevo para que se publique. Por otro lado, queda aún pendiente un recurso para Ordaz Coppel por utilizar: «También está en la posibilidad del gobernador, si así lo cree conveniente, de interponer una controversia institucional. Si considera que no se ajustó al proceso legislativo la aprobación del decreto o si no se le atendieron las observaciones que haya hecho. Paralelamente caminaría la intención del grupo parlamentario del PRI y PAN de presentar una acción de inconstitucionalidad», agregó. 

La estacada del PRI y del PAN 

Para recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las bancadas parlamentarias del tricolor y del blanquiazul tendrían que reunir el número de catorce diputados, esto con base en el artículo 105 de la Constitución federal, indicó Pérez Gerardo: «Establece que la acción de inconstitucionalidad la pueden presentar el equivalente al 33 por ciento de los integrantes del Congreso. Ellos tienen treinta días para interponer la acción», expresó. 

En medio de este escenario posible, tanto Pérez Gerardo como el doctor en Derecho Saúl Lara Espinoza señalaron que, mientras tanto, la entidad queda cobijada por la distribución del Presupuesto de Egresos de un año anterior; es decir, el correspondiente al ejercicio fiscal del 2018, ello parafraseando lo estipulado en el artículo 37 de la Constitución local: «De aquí a que el Ejecutivo decida si publicarla o realizar las observaciones estará vigente el presupuesto del año pasado. En tanto no se aprueben las nuevas leyes de ingresos y egresos, se tendrán por prorrogadas las correspondientes al año anterior». 

La recomendación

Tanto el representante del despacho jurídico Capel y actual asesor de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, como Lara Espinoza coincidieron en que la puerta más recomendable para Quirino Ordaz Coppel será publicar el dictamen, hacer las observaciones que considere pertinentes, brindando en ellas razonamientos, y tener así la posibilidad de irse también a la Corte; o bien llegar a un acuerdo con los legisladores de todas las fracciones: «Esto implica que no tengamos nuevo presupuesto por todo el tiempo que corra ahí», enfatizaron. 

Ante los ojos de ambos, será difícil que dichas observaciones obtengan votos a favor por parte de la actual legislatura local, dado que en su mayoría se trata de diputados adscritos a una fuerza partidista distinta a la del Poder Ejecutivo estatal: «Es difícil a como está ahorita la correlación de fuerzas porque se aprueban con mayoría calificada.

Son las dos terceras partes de los diputados, 27 votos, y ninguno de los dos bloques que hay ahorita reúnen ese número en votos. El máximo que ha mostrado el grupo parlamentario del PRI hasta ahora es de 17 con sus aliados», precisó Pérez Gerardo. 

Sería una negociación en ambas partes, entre los diputados y el gobernador, la que pondría fin a la especulación de las finanzas para el ejercicio fiscal del año en curso, esa es la percepción por parte de los dos asesores sinaloenses en derecho.

¿Qué hay en riesgo?

Mientras la discusión se prolongue en torno al tema, Sinaloa no quedará sin el cobijo de una partida presupuestal al hacer uso de la distribución marcada para el 2018, debiendo sortear los riesgos que ello conlleva. 

De acuerdo con la opinión por separado de ambos analistas, estaría generándose como problemática la falta de certeza para las obras públicas programadas con coparticipación federal: «Sí hay una problemática porque en el presupuesto 2018 obviamente no están programadas las obras públicas en las que vaya a participar el Gobierno federal junto con el estatal. Generalmente esas exigen una participación económica del estado que debe estar prevista en el presupuesto». 

Para Pérez Gerardo y Lara Espinoza, la situación que priva por ahora a los sinaloenses no es distinta a la que envuelve al país entero, al considerar casos como el del estado de Jalisco, en donde el presupuesto ya ha sido publicado, pero con reservas por parte del gobernador Enrique Alfaro: «Es algo natural porque la correlación de fuerzas políticas al interior de los Congresos varió. Antes había una mayoría priista que era disciplinada con los gobernadores de su propio partido, y de hecho hay quienes afirmaban que el Congreso era una oficialía de partes en la que se presentaban para su aprobación, y muy pocos advierten que el Congreso tiene la facultad de modificar el presupuesto que envía el Ejecutivo», comentó Pérez Gerardo, opinión a la que se sumó Lara Espinoza, recalcando que, en el caso de Sinaloa, «no se está actuando fuera de la legalidad al reasignar», solo confrontándose dos visiones distintas.