Trabajadoras de la FGE denuncian pésimas condiciones laborales

Pese a tener más de 15 años trabajando en la Fiscalía, las mujeres protestan debido a que Ríos Estavillo se ha negado a atender su petición de incremento de sueldo y mejores prestaciones

Por  Estefanía López Corral

Trabajadoras de la FGE denuncian pésimas condiciones laborales.(EL DEBATE)

Trabajadoras de la FGE denuncian pésimas condiciones laborales. | EL DEBATE

Culiacán, Sinaloa.- Trabajadoras de la Fiscalía General del Estado (FGE) denunciaron que por más de 15 años han laborado bajo condiciones precarias y con sueldos muy bajos.

En representación de las más de 12 trabajadoras en esta situación, Lorena López Cebreros argumentó que la FGE ha estado contratando nuevos empleados con salarios muy elevados. A pesar de ello, señaló que el fiscal Juan José Ríos Estavillo se ha negado a atender su petición de incremento de sueldo y mejores prestaciones, lo que consideró como incongruente, ya que éste ha fungido como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Foto: cortesía.

López Cebreros precisó también que desde que se eliminaron los bonos por consignación hace 6 años, las empleados como ella han ganado mil 700 pesos a la quincena, cifra que no les alcanza para sostener a sus familias, ni siquiera para cubrir el gasto de transporte público para trasladarse a su trabajo. 

"No nos pelan, no nos hacen caso, dicen que nos esperemos porque hay prioridades y, entonces, por qué están contratando más gente con otro sueldo en el mismo nivel de nosotras; dicen que no nos van aumentar", afirmó.

Foto: cortesía.

Asimismo, aseguró que las empleadas han solicitado ser puestas a disposición de la bolsa de trabajo del Gobierno del Estado a fin de obtener una base debido a su antigüedad; sin embargo, el fiscal también se ha negado a hacerlo. Es por ello que tienen la zozobra de ser despedidas injustificadamente.

Para lograr su objetivo, las mujeres -que en su mayoría son secretarias e intendentes- planean manifestarse en las instalaciones de la Vicefiscalía del Estado como forma de presión para que se garanticen sus derechos laborales.

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