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Urgen política integral para proteger a periodistas

Las recientes agresiones en Sinaloa motivaron el llamado de representantes de la prensa a generar acciones que resguarden la integridad de los comunicadores

Por  Lorena Caro

Urgen política integral para proteger a periodistas(Foto ilustrativa El Debate)

Urgen política integral para proteger a periodistas | Foto ilustrativa El Debate

Desde el 13 de febrero del 2019 una ola de hostigamientos e intimidaciones han alcanzado a los articuladores de la noticia en Sinaloa. De Ahome corresponden la mayoría de los casos, donde una periodista de EL DEBATE fue intimidada en su propia casa, y aunque posteriormente levantó la denuncia en la Fiscalía estatal y ante Derechos Humanos, nuevamente fue violentada en su hogar cuando la cerradura de su domicilio fue forzada.

Además, otro caso surgió después de que del jefe de prensa del alcalde Manuel Guillermo Chapman impidiera también a una periodista de EL DEBATE realizar su trabajo. Esto sumado al asesinato del periodista deportivo Jesús Camacho en la región del Évora el pasado 24 de marzo.

Representantes de la prensa en Latinoamérica indicaron que los casos son producto de una violencia generalizada que vive el país, donde la impunidad se mantiene como el mejor aliado de quienes quieren acallar las voces de los periodistas mexicanos. 

Tanto la organización Artículo 19 como el Comité de Protección de Periodistas señalaron a esta casa editorial la urgencia de crear una política integral de protección a periodistas, donde se detecten las fallas y se cumplan las leyes. 

Cifras alarmantes 

Luis Knapp, coordinador de defensa de Artículo 19, señaló que México está atravesando por un incremento de violencia hacia los periodistas y medios de comunicación. Comentó que es urgente que se transformen los mecanismos de protección, que han fallado, prueba de ello son los asesinatos de periodistas que estaban dentro del sistema de protección, pero que aun así fueron agredidos. 

Explicó que como Artículo 19 ya han instado a que se realice una reforma estructural, integral, no «cosmética», como llamó a las medidas legales que se han tomado por parte del Gobierno federal para el bienestar de los periodistas. La organización a favor de la libertad de expresión tiene registrada la intimidación y el hostigamiento como las principales agresiones, seguido de las amenazas. 

Tan solo en el 2018 expuso que de 544 agresiones, 162 fueron de intimidación y hostigamiento, mientras que 133 correspondieron a amenazas.

Puntualizó que no es el crimen organizado ni los grupos criminales los principales agresores, como se piensa, sino que en la mayoría de los casos los daños vienen por parte de funcionarios públicos: «Un dato trascendente, y como se puede ver en este tipo de casos, las agresiones provienen en un mayor número de servidores públicos. El año pasado, en el 2018, 42 por ciento de las agresiones que documentamos provino de servidores públicos», expuso. 
Señaló que se trata de servidores como policías, agentes de seguridad o funcionarios de Comunicación Social: «También vienen agresiones, ya sea de cuestiones económicas, de pautas oficiales y de publicidad oficial, o agresiones ya más directas, como en este caso, que fue una intimidación
», indicó, al hacer hincapié en el caso de la periodista agredida en su domicilio.

Vía telefónica, explicó que desde el 2006 comenzó a aumentar la violencia contra periodistas, y no ha parado a la fecha. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Artículo 19 registró un total de 2 mil 502 agresiones.

Luis Knapp hizo hincapié que para revertir dicha situación se han creado leyes, instituciones, la ley de protección para periodistas, la Fiscalía Especializada, lo que era la PGR; y aun así cada año ha seguido aumentando los casos. Por lo tanto, indicó que se tiene que trascender a un análisis más riguroso y fino: «Siempre se toman medidas reactivas, pero lo que se olvida siempre son las medidas preventivas, y eso ha faltado mucho por parte de las autoridades», sostuvo. 

Desde la Ciudad de México, el coordinador de defensa de Artículo 19 indicó que ante el panorama de la periodista de EL DEBATE anteriormente agredida, las autoridades, en sus diferentes ámbitos, como por ejemplo la Fiscalía estatal, deben iniciar una carpeta de investigación e imponer las sanciones conforme a la ley.

Añadió que la Comisión de Derechos Humanos debe ponerle mucha atención al expediente de queja e integrarlo bien y de manera pública para realizar recomendaciones.

Además, dijo que la Comisión de Derechos Humanos debería implementar talleres, comprobables, a funcionarios públicos sobre el trato a la prensa. 

Impunidad que crece 

Jan-Albert Hootsen, representante de México para el Comité de Protección de Periodistas, subrayó que la violencia a los articuladores de la noticia se incentiva por la impunidad, y hasta el momento no han visto por parte de ningún gobierno, ni estatal ni federal, una política integral enfocada a combatir la impunidad contra periodistas.

Indicó que tienen registrado un incremento en el número de incidentes que incluyen algún tipo de violencia, amenaza o agresiones a periodistas, aunque afirmó que eso va a la par de un aumento generalizado en casi todo el país. 

Explicó que siguen existiendo instituciones débiles con muy poco compromiso del Gobierno por combatir la impunidad. «No importa dónde estés, si estás en Sinaloa, donde hay una presencia muy fuerte de la delincuencia organizada, donde se ha investigado la corrupción, pero también abusos de poder por parte de la autoridad, eso lo estamos viendo en todo el país», comentó. 

Aunque reconoció el reciente anuncio del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la intención de analizar el mecanismo federal de protección a periodistas, señaló que lo que todavía no se ha visto es que el Gobierno federal tenga la intención de fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía General de la República.

Expuso que si el Ejecutivo federal dice que no va a abrir investigación contra funcionarios de los Gobiernos pasados, quiere decir que la impunidad que está en México va a seguir: «Lo que necesitamos es un plan, una política pública por parte del Gobierno federal enfocada en combatir la impunidad, no solo con los nuevos casos, sino también los viejos casos», reafirmó. 

Asimismo, manifestó que hasta ahora no se puede asegurar que dichas agresiones puedan ser provocadas por el tipo de lenguaje que usa el Gobierno federal contra periodistas, donde señala a la prensa como fifí o chayotera.

Desde Nueva York aclaró que la postura del Comité de Protección de Periodistas siempre ha sido que los periodistas y los medios de comunicación forman parte del proceso democrático y por ello no debería haber una separación provocada por ningún nivel de Gobierno diciendo que los periodistas son enemigos o adversarios; contrariamente, deberían estar incluidos, los medios y los periodistas, en lo que es el proceso democrático en México, según expuso.

Por su parte, Roberto Rock, vicepresidente de las Comisiones de Impunidad y de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), indicó que arreglar la calidad de la protección a periodistas no está en una ley o en una institución, pero sí en una participación de muchos actores a favor de esa protección, como las autoridades de todos los niveles, pero también los medios de comunicación que deben hacer más para cuidar a sus periodistas, para respaldarlos; también —dijo— la comunidad debe movilizarse a favor, así como los empresarios. «No está en la ley, no está en reformar leyes que ya existen en mecanismos que ya existen, está en hacer que puedan funcionar los organismo ya existentes», comentó.

CEDH: Garantizar seguridad a periodista 

Del 2008 a la fecha, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos mantiene 41 expedientes de quejas sobre agresiones o situaciones a periodistas en Sinaloa. Miguel Ángel Calderón Espinoza, visitador general de la CEDH, indicó que han tenido un acercamiento con la periodista agredida, misma que ya contaba con un expediente de queja en la institución.

En entrevista para EL DEBATE, señaló que en todo caso es necesario que ella acuda a denunciar nuevamente para estar ellos en posibilidades de darle seguimiento. Aclaró que es decisión de la periodista tomar los beneficios y mecanismos de protección si así lo considera.

En general, informó que la Comisión ha iniciado expedientes de queja de manera oficiosa o por los agraviados, y en ese caso también ha solicitado las medidas precautorias y cautelares donde la ley hace referencia, y donde se hace un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de las personas que ejercen el periodismo.

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