Con o sin reforma, sinaloenses pueden seguir abortando

La reforma de ‘proteger la vida desde la concepción’, si bien no significa que las mujeres ya no puedan abortar, crea un ambiente de criminalización a las mujeres que necesiten realizar este procedimiento

Por  América Armenta

Joven embarazada(Foto ilustrativa El Debate)

Joven embarazada | Foto ilustrativa El Debate

Culiacán, Sinaloa.- El hecho de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel promulgue la reforma propuesta por el diputado Juan Pablo Yamuni no impediría que sinaloenses interrumpan su embarazo por las causales ya establecidas.

La protección constitucional de la vida desde la concepción de ninguna manera prohibe de manera absoluta la práctica del aborto

Francisco Cue, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en entrevista con esta casa editorial, quien señala también que se crea un ambiente que desfavorece a las mujeres, sin embargo, no excluye que los procedimientos se puedan seguir llevando a cabo.

Infografía sobre el delito de aborto: Yeres Astorga

Iniciativa

Este tipo de reformas constitucionales obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, crean un ambiente adverso en contra de ellas

La iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN, con respaldo de la bancada priista, sí tiende a limitar el acceso a las mujeres a la interrupción legal del embarazo, destacó Cue; sin embargo, faltó precisar detalles en la reforma, como en los casos en el que la madre está en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación.

En cuanto a los otros estados que ya incluyeron el derecho a la vida desde la concepción, el embarazo se sigue presentando porque la interpretación de la Suprema Corte es que la protección de la vida desde la concepción de ninguna manera es absoluta o implica que el aborto esté prohibido, explicó el investigador de GIRE, “y esa es la interpretación que debe prevalecer”, agregó.

Comentó también que en el caso de que Ordaz Coppel promulgue la reforma y se modifique la Carta Magna del estado, no se limita a que el Código Penal del Estado después sea modificado para agregar más causales de las ya existentes, que en este momento son tres; por violación, por poner en peligro la vida de la mujer y por imprudencia de la mujer. O incluso, mencionó Cue, para lograr la despenalización hasta la semana 12 de gestación del producto.

El Código Penal es el que tiene mayor impacto, resaltó el integrante de GIRE, “es el que establece las sanciones para las mujeres”.

Criminalización de las mujeres

Las cifras exactas de los abortos que se realizan en cada entidad del país es difícil conocerlas, pues la cifra estimada solo se tiene de la Ciudad de México, donde es legal interrumpir el embarazo por elección de la mujer.

En cambio, en lugares como Sinaloa, donde los abortos se llevan a cabo en la clandestinidad, no se conoce una cifra, solamente la otorgada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a  EL DEBATE, en la que señala que son siete delitos por aborto en el 2018, cuatro de ellos en Mazatlán y los otro en El Fuerte, Guasave y Ahome.

“En el interior de los estados no hay cifras, tristemente esa es la situación que debido a la penalización, a la criminalización de las mujeres, la mayor parte de las interrupciones del embarazo se realizan en la clandestinidad”, abundó.

Atención

Ha habido casos de mujeres que han fallecido porque no se les autorizó la práctica de la interrupción del embarazo en el momento oportuno.

Aunque la reforma que el pasado martes se envió del Legislativo al Ejecutivo no prohíbe del todo a la mujer llevar a cabo una interrupción del embarazo, preocupa al Grupo de Información en Reproducción Elegida, pues este tipo de reformas crean un ambiente de confusión entre la ciudadanía, así como en las instituciones. Como ejemplo mencionó las que prestan servicios de salud. 

En estados como Sinaloa, en los que es necesario dar aviso a las autoridades para poder llevar a cabo una interrupción del embarazo, así como que un investigador de la Fiscalía analice la situación de las mujeres en el centro de salud para ver si se incurre o no en un delito, Francisco Cue señaló que en algunos estados GIRE ha promovido mediante diferentes organismos ante instancias estatales y federales para la reparación del daño, por la dilatación de atención a la mujer.

Aunque la Norma Oficial 046 establece que no se necesita ninguna autorización previa como parte del Ministerio Público o algún juez