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Piden al gobernador que no promulgue ley antiaborto

Si bien, la mayoría de los cabildos aprobó la reforma que promueve la vida desde la concepción, diferentes frentes hacen un llamado al gobernador para que no la promulgue y no se publique en el Diario Oficial del Estado

Por  América Armenta

Piden al gobernador que no promulgue ley antiaborto(Foto: El Debate)

Piden al gobernador que no promulgue ley antiaborto | Foto: El Debate

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador, Quirino Ordaz Coppel, es la última esperanza para las mujeres que en el estado de Sinaloa se encuentran luchando por su derecho a decidir, pues la reforma constitucional de proteger la vida desde la concepción, propuesta por el exdiputado panista Juan Pablo Yamuni Robles, hasta este momento ya fue aprobada por 15 de 18 cabildos; mientras que los municipios de Mocorito, Culiacán y El Fuerte no discutieron la reforma, por lo que se toma como si hubieran contestado a estar de acuerdo. 

La modificación es considerada por las feministas como violatoria a los derechos humanos, también aseveran que criminaliza a las mujeres, aunque el aborto que se tenga sea espontáneo o el producto ponga en riesgo la vida de la madre. 

El Congreso del Estado turnó el jueves pasado la reforma constitucional avalada por los cabildos a la Comisión de Puntos Constitucionales para ser enviada al Ejecutivo estatal mañana mismo.

Queda ahora en manos del Ejecutivo promulgar la ley o impedirla, para que la Constitución no se modifique y se mantenga como hasta el día de hoy, con tres causales que permiten a las mujeres abortar antes de las 12 semanas.

Las posibilidades para que se lleve a cabo un aborto legal en Sinaloa son: por violación, por imprudencia de la mujer (accidente) y en caso de que se ponga en riesgo la vida de la madre, según el Código Penal del Estado en su artículo 158, estipulando que quien lo practique debe de dar conocimiento del hecho a las autoridades. 

El llamado a Quirino Ordaz Coppel para que no promulgue la ley también lo hace Rubén Rocha Moya, senador de la República por el partido Morena, donde han manifestado que impulsarán la despenalización del aborto a nivel nacional. 

Discusión en cabildo

En la actual administración la mayoría de los ayuntamientos son priistas, partido con el cual fue necesario contar para que la reforma a la Carta Magna del estado fuera aprobada, pues si bien se promovió por parte de la bancada albiazul en la 62 Legislatura, fue aprobada con 32 votos, quedando solo en contra un voto de Morena, Jesús Baltazar Rendón, uno del PRD, Efrén Lerma, y una abstención del PRI, María Eugenia Medina.

El dictamen señalaba que la ley debía ser aprobada en dos terceras partes de los cabildos, para después pasar al Ejecutivo, que se encarga de promulgar y publicar en el Diario Oficial del Estado, y hacer vigente la modificación de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Entre los detalles que más llaman la atención, se encuentra escrito en el documento que, en caso de que los ayuntamientos no respondan, se tomará como si hubieran contestado a estar de acuerdo con la reforma para la protección de la vida desde la concepción.

«Acordada por el Congreso, la reforma se emitirá a decreto correspondiente y se girará copia del expediente a todos los ayuntamientos, quienes deberán dar su voto dentro de los 15 días siguientes. Aprobada por la mayoría absoluta de ellos, quedará incorporada la reforma en el texto de la Constitución. Al Ayuntamiento que dejare de emitir su voto dentro del plazo señalado, se le computará como afirmativo», expone el documento.

Llamado al gobernador

En la pasada sesión ordinaria de la 63 Legislatura, el día jueves 18 de octubre, se dio a conocer que 15 de los 18 cabildos en el estado de Sinaloa aprobaron la reforma.

En el caso del H. Ayuntamiento de Culiacán, la regidora Solangel Peinado Quintero expuso a EL DEBATE que no se discutió esta reforma, por lo que no está de acuerdo en que no se haya metido a la agenda para hablarlo en cabildo, y ella deseaba externar su postura, por lo que se mostró inconforme. 

El senador Rubén Rocha Moya pide al gobernador por medio de esta casa editorial, y de la manera más respetuosa, que la ley no se promulgue, así haya recibido o no el aval de la mayoría absoluta de los cabildos. El senador, que sostuvo una reunión con grupos de mujeres feministas de Sinaloa, comentó:

> Grupos provida impulsaron las modificaciones a la Constitución de Sinaloa para proteger la vida desde la concepción con apoyo de la pasada bancada del PAN en el Congreso local, integrada por Roberto Cruz, Xenén Xóchihua, Juan Pablo Yamuni y Tania Morgan.

«Hablamos justamente de que nosotros no compartimos y estamos en contra de lo que resolvió el Congreso en la legislatura anterior, no creemos que se corresponda con las libertades y el derecho de la mujer y nos parece que es una expresión regresiva en cuanto a las libertades y derechos de las mujeres, particularmente en lo que corresponde al aborto». 

Rocha Moya puso como ejemplo la Ciudad de México, donde se puede abortar antes de las 12 semanas, lo que considera que deber ser el principal antecedente para las legislaciones locales, «el avance que significa salvar muchas vidas de las mujeres, porque lamentablemente aunque siga penalizado la mujer se practica el aborto y lo hace en condiciones insalubres de mucho riesgo, y eso es lo que se tiene que atender, porque científicamente está ya aprobado que el efecto es posible hacerlo bajo los criterios con los que se hizo en la Ciudad de México y que está reconocido por la Suprema Corte», manifestó.

Aplicación de la ley 

Para el presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Sinaloa, Juan Bautista Lizárraga, es necesario hacer una ponderación de derechos, utilizar esta figura jurídica, considera, permitiría hacer un ejercicio de cuestionar cuál derecho es superior y si hay derechos que se contraponen,

¿qué es más valioso: una vida que ya está concebida, pero que no ha nacido, o una vida que ya se está viviendo en este momento? Y eso ya les toca a los jueces hacer esa ponderación

Siete delitos de aborto hay registrados en la entidad hasta octubre en lo que va del año, casos en los que las mujeres decidieron interrumpir el embarazo fuera de las tres causales permitidas y se enfrentarán a la condena que el Código Penal señala que se debe pagar por abortar, indicó a EL DEBATE Marlén Medina, titular de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos Vulnerables.

Foto: Marlén Medina, en entrevista. Foto: El Debate

Cuatro de los delitos tienen lugar en el municipio de Mazatlán, los otros tres se registraron en Ahome, El Fuerte y Guasave, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General Estatal. Las penas van de seis meses hasta tres años de prisión, marca el Código Penal de Sinaloa.

Medina explicó que un policía de investigación es el encargado de valorar si hay o no hay delitos de aborto, explicó Medina, pues al dar parte a la autoridad de un caso de aborto el trabajador de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acude al Centro de Salud a hablar con la responsable, con Trabajo Social del nosocomio, así como con la doctora o doctor que haya atendido a la paciente que llevó a cabo el procedimiento. En caso de que sea un accidente o aborto espontáneo, no se inicia carpeta de investigación.

«Solamente que ya nos digan: hay pastillas, hubo manipulación, entonces en esos casos nosotros sí iniciamos», agregó. 

Al iniciar la investigación, y si hay suficientes elementos para considerar que la mujer provocó la pérdida del producto, se solicita al juez una audiencia para formular la imputación, explicó.

Es derivado ya de un proceso, de una investigación que se haya hecho y que se ha determinado que efectivamente hay un delito, de lo contrario se procde a un archivo, a un no ejercicio de la acción penal

En los artículos 155 y 156 del Código Penal se señala que la penalidad para las personas que abortan es de seis meses a tres años, mientras para quien hace a una mujer abortar es de uno a tres años. Menciona también que si la persona es un médico o alguien que ejerza su profesión, se le inhabilita de dos a cinco años.

En el caso de un médico que se rehúse a realizar un procedimiento cuando deben de hacerlo, cae en otro delito, que es el ejercicio indebido de su profesión; asimismo, si el procedimiento tiene que ser llevado por peligro de vida, es necesario que se realice, y después dar parte a la autoridad, de no hacerlo, y en caso de que la mujer muera, caen en delito por omisión, un feminicidio, indicó la titular de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres:

«porque ellos tienen en ese momento la vida de la mujer, y deben de practicarlo», mencionó Medina. 

Derechos actuales para las mujeres

En caso de que la mujer haya sido víctima de una violación y haya levantado denuncia anteriormente, de quedar embarazada puede acudir con el acta de denuncia para comprobar que el embarazo es producto de una violación y pueda someterse a un aborto, en orden de respetar lo que indica la Norma 046, explicó Marlén Medina. También a los hospitales se les notifica cuando ocurren estos delitos para que den acompañamiento a las mujeres con la píldora del día siguiente, tratamiento contra enfermedades venéreas y atención sicológica. 

Grupos feministas se manifestaron en el PAN. Foto: El Debate

Sin embargo, como el hecho de que quienes laboran en los hospitales conozcan o apliquen la Norma 046 no depende de la Fiscalía, Marlén Medina señala que ya es un proceso interno de la Secretaría de Salud, que pueden pedir apoyo de este órgano autónomo y se les puede brindar capacitaciones, pero no les corresponde esta tarea, dijo a EL DEBATE.

«La Secretaría de Salud tiene sus áreas jurídicas, ellos tienen áreas jurídicas, y dentro de las obligaciones que ellos tienen es dar a conocer al personal que está laborando en las instituciones de salud, darles a conocer lo que es la Norma 046. Y en la Norma 046 te dice que se aplicará la interrupción del embarazo en casos de violación, de delitos de violencia sexual», indicó.

«Entonces es la Secretaría de Salud como una autoridad también que tiene la obligación de darles a conocer a su personal esa información. Tienen área jurídica, tienen departamentos jurídicos y pueden pedir la colaboración, en dado caso, de la Fiscalía y participar en algún evento o en alguna reunión que ellos tengan, pero realmente son ellos quienes tienen la obligación de hacerlo», agregó.

En cuanto a lo que la norma señala de que tiene que ser antes de las 12 semanas de gestación del producto cuando se pueda llevar a cabo el aborto, Medina explicó que aún teniendo conocimiento de que la mujer fue violada, no se puede llevar a cabo el procedimiento semanas posteriores, pues el tiempo establecido en la norma es claro, y la mujer se tiene que apegar a ello.

  • Movimiento Pro aborto
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