La inseguridad que marcó el sexenio de Peña Nieto

EL DEBATE analiza los delitos del fuero común durante los últimos seis años: robo, lesiones y homicidios lideran las estadísticas 

Por  Lorena Caro

La inseguridad que marcó el sexenio de Peña Nieto(Foto: Facebook Ofiical de Enrique Peña Nieto)

La inseguridad que marcó el sexenio de Peña Nieto | Foto: Facebook Ofiical de Enrique Peña Nieto

Más de 6 millones 141 mil delitos del fuero común, dolosos y culposos se registraron en México entre el 2012 y hasta octubre del 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre los que destacan los 152 mil 185 homicidios dolosos.

El sexenio de Enrique Peña Nieto trastocó la seguridad de los mexicanos de forma individual y la polarizó en contextos de pobreza, riqueza, marginación y desamparo. 

La fragmentación de la seguridad pública durante poco menos de seis años ha ubicado a los delitos de robo común, homicidios, lesiones, delitos patrimoniales, secuestro, robo en carreteras e instituciones bancarias y feminicidios como los de mayor indecencia.

Lo anterior a pesar de que Enrique Peña Nieto creara la Gendarmería Nacional, las fiscalías y las procuradurías especializadas, además de que proclamara la Ley de Atención a Víctimas del Delito. 

El sexenio termina con casos como el de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, las fosas clandestinas encontradas en estados como Jalisco, Veracruz y Sinaloa; los asesinatos en plena calle y en ambientes familiares, los muertos de Baja California, así como los secuestros y los homicidios a periodistas. 

En concordancia, activistas, abogados y sociólogos destacaron para EL DEBATE que el plan de seguridad de Peña Nieto cayó al tercer año de su mandato. Indicaron que el político dejará un país con un Estado de derecho y una gobernabilidad prácticamente desaparecidos, con omisión en derechos humanos y un género femenino más indefenso. 

De acuerdo con un análisis elaborado por esta casa editora a los delitos del fuero común en el periodo de 2012 a octubre del 2018, tanto dolosos como culposos, con violencia y sin violencia y otros, Sinaloa se encuentra en la posición 18 de incidencia a nivel nacional, con 127 mil 945 casos registrados. En tanto, el Estado de México, la Ciudad de México y Baja California tiene los tres primeros puestos, respectivamente. 

Por tipo de delito, el robo común en sitios como casas habitación, negocios y robo de vehículos registra la mayor incidencia, con un millón 972 mil 760. A su vez, las lesiones sumaron un millón 390 mil 511, con incidencia en armas blancas, de fuego y otras no especificadas. 

También se registraron 267 mil 647 homicidios, entre dolosos y culposos, con arma blanca y de fuego, así como los ocasionados por accidentes de tránsito. De estos, 152 mil 185 corresponden a homicidios dolosos —cifra que supera el sexenio de Felipe Calderón, que cerró con 102 mil 859 asesinatos; y al de Vicente Fox, que acumuló 74 mil 577 homicidios dolosos— y 115 mil 462 son homicidios culposos.

La privación de la libertad y el secuestro registraron 9 mil 566 casos, de los cuales 3 mil 702 fueron secuestros extorsivos. 

En tanto, la extorsión, el fraude, el abuso de confianza y el daño a la propiedad ajena, entre otros catalogados como delitos patrimoniales, registraron en total 716 mil 073 casos, de los cuales 367 mil 678 están tipificados por daño a la propiedad ajena.

El análisis señala que en la suma de robo a carreteras y robo a instituciones bancarias se registraron 11 mil 182 delitos con violencia y sin ella. 

En seis años, solo 2 mil 534 casos de mujeres asesinadas fueron tipificados con el delito de feminicidio. Después del 2012, de acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio, se impulsó la tipificación en el Código Penal Federal y posteriormente algunos estados retomaron ese tipo penal.

Sin embargo, casi la mitad de las entidades lo tipificaron de manera inadecuada, agregando elementos subjetivos. Hasta el 2017, solo 19 estados cumplieron con los elementos normativos necesarios y retoman la mayoría de las razones de género de manera objetiva. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró además delitos como amenazas, con 207 mil 361 casos; otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, con 80 mil 030; trata de personas, con 2 mil 977; robo de ganado, con 22 mil 063; y delitos sexuales o violación, con 40 mil 760, entre otros. 

Rumbo de incidencia

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), abundó que a partir del 2003 se inició en el país una ola violenta que se recrudeció durante el 2008, lo que generó que el gobierno de ese año, a cargo de Felipe Calderón, lanzara una supuesta guerra contra los grupos delictivos:

Eso, obviamente, lejos de inhibir cualquier situación, fue como un panal de abejas, y en lugar de exterminarlos se fueron reproduciendo y se crearon muchísimos grupos a nivel nacional que obviamente se apoderaron de distintas regiones del país 

Recordó que, al llegar Enrique Peña Nieto al poder, en 2012, se anunció con bombo y platillo un programa preventivo y la creación de la Gendarmería Nacional, de la cual se esperaban ejercicios positivos. En ese momento se reclamaba que el Ejército solamente fuera coadyuvante, ya que durante el periodo de Calderón este estuvo al frente de las cuestiones que le correspondían a la autoridad civil debido a la existencia de una Policía Federal desmantelada.

«Los primeros dos años de Enrique Peña Nieto fueron años diferentes, se apreciaba que podía haber un cambio en ese materia, pero, desafortunadamente, al tercer año la situación se empezó a complicar mucho más, y nacen las estadísticas reales y formales de Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde ya nos alarman mucho más porque se empiezan a manejar cifras de desaparecidos por entidad federativa, entonces la situación es superalarmante», comentó. 

Por lo anterior, indicó que el gobierno de Enrique Peña Nieto está por concluir ante un panorama de Estado de derecho y gobernabilidad prácticamente desaparecidos. El abogado detalló que la inseguridad creció de manera espantosa porque no se pudo contener la ola que se venía arrastrando y volvió al país más vulnerable, sobre todo con el regreso del Ejército:

«Y perdimos la oportunidad de constituir una verdadera fuerza del orden que fuera controlada por la autoridad civil. Entonces, las entidades federativas, los estados y los municipios, obviamente cada quien hizo lo que se le daba la gana; los gobernadores se relajaron, y eso motivó de alguna manera para que hubiera descoordinación en las distintas fuerzas del orden. Cada quien andaba por su lado, y eso sigue generando esta descomposición tan terrible que hay en el país», enfatizó. 

Además, criticó que los recursos en materia preventiva estuvieron prácticamente nulos y no se trabajó en el ataque frontal a la causas, sino que se invirtió solo en los efectos. 

A unos días de iniciar el nuevo sexenio, con Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Beltrán señaló que la autoridad federal no debe ser aquella que entre avasallante, sino que debe llegar coordinándose con las distintas fuerzas locales, municipales y estatales: «Debe de tener una coordinación total para que cada uno, en la práctica de su competencia, haga lo que le corresponde. No me van a decir a mí “yo vengo y voy a controlar el país en materia de seguridad”, no, tampoco, porque los presidentes municipales tienen sus responsabilidades, los gobernadores tienen su responsabilidades, y a eso es a lo que nosotros tenemos que apostar con la creación de la nueva Secretaria de Seguridad, sin violentar autonomías», sostuvo. 

Perspectiva de género y derechos 

Por su parte, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa AC, indicó que durante los últimos tres años México ha atravesado una crisis humanitaria, siendo esto parte de la herencia que ha dejado Enrique Peña Nieto: «Cuando hablamos de crisis humanitaria, estamos hablando precisamente de la violencia y los saldos que deja el homicidio. De 250 mil asesinatos que se habla en los últimos dos sexenios, la mayor parte corresponden a Peña Nieto; y si hablamos de desplazados, yo soy uno de los que señala que hay poco más de millón y medio de desplazados a nivel nacional, y con Peña Nieto se da una buena parte de eso, un millón 400 mil en aproximadamente catorce estados de la República», enfatizó. 

El activista agregó además que los desaparecidos son otra deuda del gobierno saliente. Tal como lo señalan los familiares de las víctimas y como lo aceptan también varias instancias de gobierno —indicó—, se habla de aproximadamente 40 mil desaparecidos, con una cuota diaria de un desaparecido por día en Sinaloa; y en el país de seis desaparecidos por día. 

Los derechos humanos es la gran deuda porque el fenómeno de la tortura no desapareció, y cuando se habla de los otros tres renglones que ya señalé, en muchos de ellos son a mano de la autoridad 

Sobre los feminicidios, dijo que, por más que se han declarado alertas de género en algunos estados, no se ha cumplido con la tarea que corresponde. 

Por ahora —indicó Óscar Loza—, el nuevo gobierno tiene una tarea muy en serio que cumplir.

Preocupa —dijo— que varias de las tareas para disminuir la violencia vayan a recaer en una Guardia Nacional, que va a estar formada por militares: «Yo sigo creyendo a pie puntillas, y como lo señala la ONU también, que las tareas de seguridad interna corresponden a civiles, entonces yo no estoy convencido de esa iniciativa que ya está para discutirse en el Congreso de la Unión. Nos dice que para marzo, debería ya estar lista (la Guardia Nacional), donde se incluye no solamente a los miembros del viejo estado presidencial, Estado Mayor Presidencial, sino además a otros militares más», lamentó. 

Por su parte, Ana Elena Contreras Álvarez, integrante de la Red Nacional de Mujeres feministas, Las del Aquelarre, indicó que el gobierno de Peña Nieto ha dejado al género más indefenso.

Aunque existen —señaló— una serie de tratados internacionales, como la Agenda 2030, que firmó el Estado mexicano, en los cuales se establecen diversas medidas de prevención en contra de la violencia para las mujeres y en favor de la erradicación de la misma, pero que hasta hoy no se han cumplido. «Lo que sucede es que en los hechos tratan de hacer un maquillaje de las cifras», adelantó.

En entrevista telefónica, contó que un claro ejemplo es la Ciudad de México, que a pesar de que mantiene alerta de género, solo se han tipificado dos delitos como feminicidio, siendo que de las siete mujeres que diariamente matan en el país, tres son del Estado de México.

«Desde las instituciones que se encargan de impartir justicia hay un maquillaje, hay un desvío; se tienen fiscalías y las especializadas en violencia de género, lo que hacen es turnar los delitos al fuero común, y lo que hacen es hablar de lesiones, cuando hay una serie de características que nos dicen que la violencia de género, no solamente el feminicidio, sino todas las demás que van involucradas, como violación, acoso sexual, todos los delitos del orden sexual, tienen como una serie de características y no están siendo tomadas como tal», expuso. 

Ana Elena Contreras Álvarez atribuyó las cifras nacionales a la omisión en la aplicación de normas. Sostuvo que, aunque se cuenta con un sistema de justicia bastante robusto, con fiscalías especializadas en toda la República y creadas con la idea de combatir la violencia de género, en los hechos no están haciendo su trabajo. 

Violencia tradicional

En relación con lo anterior, Tomás Guevara, sociólogo y académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, indicó que durante los últimos veinte años en México ha existido un proceso de agudización de la violencia.

Precisó que esta se ha convertido en un buen negocio por parte de organizaciones que pudieron encontrar un medio de impunidad: «Las cifras negras, por ejemplo, son muy elevadas. Se habla incluso de más de 90 por ciento de delitos que no son tratados por la ley y que solamente la ley da cuenta de una proporción mínima de estos delitos y de los grupos de que los cometen», mencionó.

En dicho sentido, sostuvo que el país se ha ido convirtiendo paulatinamente en un espacio de impunidad que hace que la delincuencia y los grupos criminales más organizados encuentren todas las condiciones propicias para poderse adjudicar, ganar, adquirir y hacerse de todas las cosas sin necesidad de trabajar, o su trabajo consiste en burlar la ley y robar, actuar al margen de la ley, asesinar, entre otros:

«Porque hay un contexto que lo permite, no hay justicia en ese sentido en nuestro país. La procuración de justicia se queda muy rezagada respecto a las dimensiones de los delitos que se cometen, que generalmente son acompañados por violencia», comentó.

Tomás Guevara aseveró que, de la misma manera, en que se ha construido el contexto de inseguridad, la violencia y los juicios valorativos respecto a la percepción de seguridad, se puede desarticular lo que ha favorecido la constitución de esa imagen: «Por eso creo que la tarea del nuevo gobierno consiste en reconocer que hay un problema grave en nuestro país y empezar un proceso porque lo que nosotros hemos vivido es un proceso social», aseguró. 

A su vez, Hiram Reyes Sosa, experto en psicología social, coincidió en que la violencia en México se incrementó sorprendentemente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Indicó que la impunidad se volvió una característica de la justicia mexicana:

La estrategia planteada por el gobierno evidentemente no funcionó, pasó lo que ocurrió con Calderón (antecesor de EPN), que los niveles se dispararon, pero un nivel realmente preocupante en el país

Agregó que cuando un gobierno se cuestiona acabar con la violencia, es que implica cambios macroestructurales; es decir, analizar cómo están las instituciones policiales, que generalmente —aseguró— tienen graves problemas de corrupción y pueden llegar a ser las mismas que incluso protegen a los narcotraficantes.

El experto en temas de violencia indicó que, si López Obrador realmente propone un cambio profundo en el Estado mexicano, los niveles de violencia van a aumentar más todavía «porque se estarían tocando intereses particulares de personas que a lo mejor no les interesa que acaben ese tipo de fenómenos.

Pensar en proponer un cambio en el país y acabar con la violencia estamos pensando en abrir un cúmulo de conflictos que van a trastocar en diferentes sujetos», comentó. Además de asegurar que no es un cambio que se va a dar en un sexenio, sino que un verdadero cambio en esa magnitud lleva décadas.