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Bienestar para indígenas, la asignatura pendiente

Activistas y exgobernador indígena desestiman la creación de la Ley de los Derechos de los Pueblos y  de las Comunidades Indígenas

Por  Lorena Caro

Bienestar para indígenas, la asignatura pendiente(Foto: Pxhere)

Bienestar para indígenas, la asignatura pendiente | Foto: Pxhere

Sinaloa.- Los municipios de Ahome, Angostura, Choix, El Fuerte, Guasave, Sinaloa y Navolato conforman 416 comunidades mayo/yoreme en el estado de Sinaloa, y para ellos fue creada la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas desde 1998.

Los presupuestos en los últimos tres años han estado dirigidos a brindarles apoyo en general y ayuda para sus festejos en vísperas de conservar sus tradiciones; sin embargo, las cifras han tenido cambios constantes en la cantidad de apoyos otorgados generales y los recursos para apoyos médicos y funerarios.

Además, de acuerdo con el Atlas de los Pueblos Indígenas de México, en Sinaloa los grupos con mayor presencia no son solo los mayos/yoremes, sino también los tarahumaras y los tepahuanos del sur; así como los indígenas migrantes que se localizan mayormente en Villa Juárez, Navolato, para quienes no hay recursos etiquetados. 

Por lo anterior, activistas y gobernadores indígenas destacan la gran deuda que —aseguran— sigue teniendo el gobierno estatal con la población indígena, en la que incluso se alcanza la desigualdad de apoyos entre ellos mismos, aun con la creada Ley de los Derechos de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas, la cual fue calificada como hueca, y esperan que sea revocada con la nueva legislatura. 

Recurso presupuestado

De acuerdo con un acceso a la información solicitado por EL DEBATE a la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, en 2016, 2017 y 2018, se han presupuestado 17 millones 633 mil 195 pesos para brindar apoyo y ayuda a las comunidades mayo/yoreme en los municipios antes mencionados.

Para el apoyo a las festividades indígenas durante el mismo periodo de tiempo se presupuestaron 10 millones 200 mil pesos. 

Ahome fue el municipio más beneficiado en ambos rubros, con 8 millones 150 mil 154 pesos con 72 centavos; seguido de El Fuerte, con 3 millones 738 mil pesos; y Choix, con 2 millones 773 mil 213 pesos. 

Con dichos recursos, en 2016 se atendió a 7 mil 30 personas; en 2017, a 7 mil 979; y en 2018, hasta el mes de septiembre, se ha beneficiado a 7 mil 162 habitantes mayos/yoremes. 
Sin embargo, del 2016 al 2017 se redujo el número de apoyos y de ayuda a las comunidades indígenas, que pasó de 482 a 442. De enero a septiembre de este año se han registrado 380 apoyos. 

En cuanto al número de apoyos para festejos, se registraron 349 en 2016; y 332 en 2017, con una disminución de 17 acciones. 

El desplome de recursos se dio en el apoyo médico y funerario. En 2016 se presupuestaron 257 mil 347.30 pesos; y para el 2017 solo 86 mil 668.50 pesos, lo que significó una reducción de 170 mil 678.80 pesos. Para el 2017, la cifra ejercida se estima en 97 mil 280 pesos, incluyendo en esta ocasión gasto en traslado. 

Organizaciones

Hernán Cuevas, comisionado para la Atención de las Comunidades Indígenas en Sinaloa, señaló que el apoyo general se estima para cada uno de los gobernadores indígenas de los 31 que hay en todo el estado. Señaló que ellos tienen como responsabilidad auxiliar a un enfermo, mantener sus centros ceremoniales en buen estado, realizar el pago de insumos, viajes, fallecimientos, entre otros.

«Hasta el 2017 se le daban 5 mil pesos. A partir del 2018, con el incremento se le dan 6 mil 500 mensuales. Ya tienen un poco más porque fue un incremento proporcional. Son 31 gobernadores mas que apoyamos cuatro asociaciones civiles, porque ellos organizan, hacen gestiones para el mejoramiento de la calidad de vida de ellos, apoyos médicos, vivienda», detalló. 

Cabe destacar que las comunidades mayo/yoreme mantienen 28 centros ceremoniales. 

A su vez, el comisionado reconoció el problema de salud como gravísimo. Dijo que, aunque la mayoría de los indígenas tienen Seguro Popular, el problema es la compra de medicamento; y en casos más delicados algún tipo de internamiento o estudios. 

Aunque dijo que no tienen presupuesto etiquetado para apoyar en la salud, han llegado a acuerdos con los gobernadores para darle un sentido más justo al presupuesto y apoyar ese rubro. Incluso, en sitios como Ahome tienen su propio consultorio con doctora de planta, y cada año buscan medicamentos básicos para mantener a disposición de los indígenas. 

El funcionario destacó que con la ley indígena se arropa a toda las culturas, desde los que son originarios, como los rarámuris, los tepehuanos del sur y los mexicaneros de sur; así como los migrantes que por la ubicación geográfica de Sinaloa y por su situación económica albergan una gran diversidad de culturas. 

Sin embargo, el exgobernador indígena de Sinaloa y ahora presidente nacional indígena, Daniel Reyes Ramírez, señaló que los apoyos no corresponden al presupuesto o al número de población ni a la participación que estos tienen en el desarrollo de sus regiones:

«Si hablamos de los hermanos yoremes que trabajan en el campo, y aparte de eso los territorios donde ellos viven donde se genera el impuesto predial rústico que no vuelve a las comunidades, tampoco hay claridad en el manejo del presupuesto, no informan», indicó. 

Señaló que el Ejecutivo estatal y federal, las secretarías, las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, de Sedatu y Sagarpa, cada una maneja una parte del presupuesto que supuestamente —dijo— van destinados a las comunidades indígenas, por lo que lamentó que no haya homologación en los presupuestos. Mencionó que dicha acción va en contra de lo que señala el artículo 2 constitucional, el cual establece que las comunidades indígenas deben participar sobre el manejo de su propio presupuesto. 

«Yo considero que no ha sido justo ni transparente el manejo de los recursos para el apoyo a esas comunidades, por la dispersión y la participación de entes en los recursos que van desatinados a este rubro», sentenció. 

Daniel Reyes Ramírez opinó que el gobierno federal le ha quedado a deber a las comunidades indígenas a partir de la reforma del artículo 2 constitucional, ya que hizo la reforma al artículo, pero no su ley reglamentaria ni tampoco la ley general de los pueblos indígenas. 

Sobre la Ley de los Derechos de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas, aprobada en Sinaloa a principios del 2018, criticó que no se haya consultado a las comunidades para el establecimiento de la misma: «Es una ley que no cumplió con la formalidad que debió haber sido hecha, y, si la analizas a fondo, te vas a dar cuenta que no resuelve las necesidades de los pueblos indígenas en Sinaloa, y a nivel nacional esta ley no existe», indicó. 

Con él coincidió Román Rubio, activista y actual regidor en Sinaloa municipio, quien detalló que la Ley de los Derechos de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas no sirve para nada. 

En entrevista telefónica para EL DEBATE añadió que en principio de cuenta no retoma lo que es el artículo 2 de la Constitución mexicana al no exigir que se asignen presupuestos por parte del Congreso del Estado por parte de los cabildos:

«La Constitución, en su artículo 2, sí dice que debe asignarse en cada aprobación presupuesto de ingresos una cantidad para el desarrollo y atención de los pueblos indígenas, y esta ley es una ley hueca, una ley aprobada, como decimos comúnmente, para taparle el ojo macho, pero no hay nada que diga que es una ley de avanzada, lo mismo es que haya una ley o no haya ley», sentenció. 

Ante ello, el reto es derogarla y poner otra, dijo.

Por lo tanto, un grupo de personas de todo el estado e integrantes de los grupos indígenas han realizado hasta hoy un promedio de 25 foros, particularmente en Villa Juárez, por lo que este 16 de noviembre se va a hacer entrega al Congreso del Estado una propuesta de ley que recoge todo lo que conforma el artículo 2, esperando que sea aprobada por la nueva legislatura local. 

Asimismo, el activista criticó que los apoyos sean insuficientes con todos los grupos del estado. 

En el caso de la educación dijo que hay decenas de comunidades que no tienen maestros bilingües. En Guasave particularmente han contabilizado un promedio de 45 comunidades que no son atendidas por maestros bilingües, y el desarrollo que ellos han venido teniendo está muy por debajo de lo normal: «Entonces sí, lamentablemente los recursos son insuficientes, y lamentablemente mal distribuidos», sostuvo. 

Destacó además la desigualdad en apoyos que hay entre los mismos grupos indígenas, en lo que incluso —dijo— lamentablemente entran las preferencias también de carácter político.