Exfuncionario malovista es vinculado a proceso

El exdirector de servicios administrativos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas está implicado en la adjudicación irregular de contratos para la obra del tiburonario; llevará el proceso en libertad

Por  Francisco Castro

Momento en que el exfuncionario de Obras Públicas dice que la acusación es una injusticia.(Foto: El Debate)

Momento en que el exfuncionario de Obras Públicas dice que la acusación es una injusticia. | Foto: El Debate

Culiacán, Sinaloa.- Aunque el exdirector de Servicios Administrativos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la administración malovista, Dionisio N., fue vinculado a proceso este jueves por su probable coautoría en el delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno de Sinaloa y de la paramunicipal Acuario Mazatlán, el juez de control determinó que podrá llevar el proceso en libertad.

De acuerdo con la causa penal 1084/2018, el exfuncionario estatal, quien fue detenido el miércoles en el aeropuerto de la Ciudad de México procedente de Holanda, está implicado en la presunta adjudicación irregular de dos contratos para la obra del tiburonario por un monto total de 34 millones 640 mil pesos, procedimientos que, de acuerdo con la Fiscalía, violaron la Ley de Obras Públicas, pues ambas propuestas técnico-económicas incumplían con las bases de las convocatorias.

Tiburonario de Mazatlán. Foto: El Debate

Los datos de prueba

Durante la audiencia inicial, la cual duró una hora y media, el abogado de la Fiscalía General del Estado detalló que el exservidor de Obras Públicas en la administración estatal pasada era el responsable directo de dar seguimiento al proceso de licitación, adjudicación y contratación de obras, y que en coparticipación con otros funcionarios estatales favoreció a las empresas Osuna Osuna Arquitectura y a Ecosistemas de México, aun cuando las propuestas de ambos debieron ser rechazadas.

Explicaron que el contrato otorgado a Osuna Osuna Arquitectura (171/2013) fue por 15 millones de pesos, firmado el 17 de septiembre del 2013 para la tercera etapa del tiburonario; mientras que la obra otorgada a Ecosistemas de México, cuyo contrato es 030/2016, se firmó el 3 de junio del 2016, por un monto de 19 millones 640 mil pesos, para la etapa final de la citada obra. Por lo que el quebranto patrimonial que reclaman los abogados asciende a 34 millones 640 mil pesos.

Durante la exposición de datos de prueba, confirmaron que la imputación hacia Dionisio N. se desprende de las denuncias interpuestas por Lourdes Sarabia López, síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, y por Aimé Biridiana Soltero Acosta, directora de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, quien en su momento habría estimado necesario el reclamo de un millón 433 mil pesos para resarcir los daños del tiburonario.

De acuerdo con los datos expuestos, los trabajos de las dos empresas derivaron en “la falla y deterioro de la estructura de las paredes del tiburonario”, lo que al final terminó en la ruptura de un acrílico y en la fuga de agua.

La parte acusadora adelantó que entre las pruebas testimoniales cuenta con declaraciones de los exalcaldes de Mazatlán Jorge Abel López Sánchez, Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González, quienes aseguraron que la obra y los recursos fueron aplicados y administrados por la Secretaría de Obras Públicas, y no por el municipio. También mencionaron la declaración de Carlo Mario Ortiz, quien fue funcionario en la citada secretaría en el sexenio anterior, quien habría confirmado que era Dionisio quien analizaba y autorizaba las propuestas de obra. 

Medidas cautelares

Tras decretar el auto de vinculación a proceso, el juez de control Juan Luis Quiñónez Beltrán le otorgó la libertad, pero como medidas cautelares estableció la obligatoriedad al imputado de acudir cada quince días ante el órgano de control para su firma, además de impedirle abandonar el estado sin previa autorización durante el tiempo que dure el proceso. Incluso se instruyó a dar vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar que Dionisio abandone el país.