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Opinión

Ojo indiscreto

¿Riesgo de paralización del gobierno?

Por: Tomás Chávez

“Shut down” es el término que los americanos usan para designar la paralización del gobierno cuando el Congreso no le autoriza el presupuesto y dura varios días o semanas sin poder ejercerlo. Algunos políticos catastrofistas alertan sobre el riesgo de que el gobierno de Quirino Ordaz caiga en una situación similar después de las reasignaciones que se dieron la madrugada del 1 de enero. 

Los diputados de Morena Juan Ramón Torres, Gildardo Leyva y Cecilia Covarrubias salieron ayer a defender la forma en que votaron en el Congreso y aseguran que son legales los acuerdos que tomaron y niegan que se desestabilice el gobierno porque del total de 54 mil millones de pesos, las reasignaciones por mil 663 representa un irrisorio porcentaje de poco más del 3 por ciento, pero además acusan que en el 2018 se aprobaron 29 millones para publicidad y se gastaron 300 millones.

En las partidas a las que se les recortó había varios “elefantes blancos”, 13 mil millones de gastos discrecionales calificados solo como subsidios, becas y otros, que no estaban bien especificados, que fácilmente se iban a “la bolsa izquierda”, dicen.

En cambio defienden que hace mucho que se trae dando vueltas a los maestros, a los burócratas que piden el dinero de la vivienda que desapareció, algo así como 2 mil millones de pesos, y el personal el sector salud gana muy poco y es tiempo que se les haga justicia.

Que seguirán trabajando para el pueblo que los eligió y que los funcionarios sepan que las cosas ya cambiaron.

Analistas consideran que al gobernador le quedan dos opciones, e incluso hasta tres: la primera que los priistas interpongan la controversia constitucional, con lo que el gobierno se quedaría sin presupuesto hasta que esta se resuelva, pero para eso antes se tiene que publicar en el Diario Oficial que hasta el momento no ha sucedido.

Otra opción es que el gobernador recurra el veto, para lo que tendría que regresar el presupuesto al Congreso y este se quedaría congelado mientras no consiga una votación mayoritaria.

La tercera posibilidad es que el gobierno ejerza el gasto público a su entera voluntad e incumpla lo acordado en el Congreso, pero en este caso tocaría a los sectores afectados como la UAS, los maestros y empleados del sector salud presionar para que les entreguen el dinero reasignado.

La senadora Imelda Castro asegura que ella no se metió en las discusiones del presupuesto, pero que es facultad de Congreso aprobarlo y hacer las reasignaciones necesarias y que se tiene cumplir.

Popurrí. Que se cumpla con el procedimiento lega para separarlo de la gerencia de Japama, pide Luis Felipe Villegas. Aclara que no esta despachando en la dependencia municipal, pero al pendiente de lo que dictamine el juez de distrito, aunque esta consciente que en cuanto se reúna el consejo de la junta puede votar en su contra, porque hay varios que no lo quieren porque intentó depurarlos.

Insiste en que no tiene ninguna responsabilidad en accidentes provocados por drenajes colapsados porque envió varios oficios a Protección Civil y no acordonaron las áreas, que ni siquiera le contestaron.